"Por fin tenemos el acuerdo con los sindicatos para no tener más falsos becarios y contar con el Estatuto del Becario que merece nuestro país”. Estas son las palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de un año de larga negociación entre los agentes sociales (a pesar del desacuerdo de la patronal) y que finalmente verá la luz antes de las elecciones generales del 23 de julio, un estatuto que marca los límites de las prácticas extracurriculares, establece multas de incumplimiento, se focaliza en la tutorización de los estudiantes o los gastos para llevar a cabo las prácticas.Un estatuto ampliamente debatido que ha levantado polvareda entre algunos sectores.
Fruto de la convocatoria de elecciones, parecía que el Estatuto del Becario se quedaría en stand-by, pero el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han acelerado las negociaciones para lograr un acuerdo que se aprobará el jueves 15 de junio y se formalizará a través de un decreto ley. Desde Comisiones Obreras (CCOO) valoran positivamente la regulación y el secretario de Juventud, Adrià Junyent destaca que "la juventud no tendrá una entrada en el mundo laboral por la vía de la explotación y de la precariedad".
Por el momento, el preacuerdo incluye la limitación del número de prácticas extracurriculares. En concreto, se especifica que las desarrolladas durante los estudios oficiales de grado, master o doctorado universitario no pueden superar un máximo de 480 horas. Además, también se añade un segundo límite y es que la suma de prácticas curriculares y extracurriculares no supere el 25% de los créditos ECTS de la correspondiente titulación.
También se pone límite a la cantidad de becarios con los que podrá contar una empresa: se limitará al 20% de la plantilla el número de becarios que pueda tener una compañía. Aún así, las empresas podrán contar, como mínimo, con dos becarios, con independencia de su tamaño, para evitar discriminar a las organizaciones más pequeñas.
El nuevo estatuto marca los límites de las prácticas extracurriculars, establece multas de incumplimiento, se focaliza en la tutorización de los estudiantes o los gastos para llevar a cabo las prácticas
Otro de los elementos que ha generado controversia es el apartado de multas, incluyendo sanciones por discriminación durante la realización de las prácticas que, en los casos más graves, pueden alcanzar los 225.000 euros. Asimismo, serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
Las empresas en las que los estudiantes desarrollen actividades formativas también tendrán que compensar los gastos de los alumnos, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, “por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra a consecuencia de ésta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención".
El elemento que ha generado más controversia es el apartado de multas, incluyendo sanciones por discriminación durante la realización de las prácticas que, en los casos más graves, pueden llegar a 225.000 euros
Por último, se sancionará a las empresas que no faciliten a los becarios todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras tales como restauración, zona de descanso, aparcamiento u otros; a una adecuada tutorización; el derecho a la salud laboral y a la protección ante la violencia y acoso incluidos la sexual, y la protección de las personas que denuncien de tales infracciones.
¿Por qué se ha descolgado del acuerdo la patronal?
El acuerdo que debe regular las condiciones laborales de los estudiantes no cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En esta ocasión la patronal ha rechazado el acuerdo porque "no es apropiada la aprobación de esta norma en un período de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad", aparte de no apoyarlo "por el fondo".
A juicio de la CEOE, el estatuto "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo".
Sin embargo, el pasado mes de octubre y cuando parecía que la normativa sería inminente, sindicatos y Trabajo llegaron a un acuerdo con uno de los borradores del Estatuto que finalmente no fue rubricado por la intención del departamento de Yolanda Díaz de atraer también la CEOE en el acuerdo. Ahora, y tras el anticipo electoral, el texto se cierra únicamente con un pacto bilateral.
El papel de las universidades
Durante el largo proceso de negociación del Estatuto del Becario entre el ministerio de Trabajo y los agentes sociales, ha habido un tercer actor, como son losrectores de las universidades, que se han mostrado en desacuerdo por no poder participar activamente en la negociación y por considerar que "el estatuto amenaza el sistema de prácticas actuales”.
El coste de tener becarios haciendo prácticas llevaría a las administraciones públicas a no ofrecer más plazas, lo que supondría una reducción del 60% de la oferta a estudiantes universitarios, según la CRUE
De hecho, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que agrupa a 76 universidades españolas (50 públicas y 26 privadas) afirma que las prácticas de estudiantes universitarios son un “asunto estrictamente académico” y “no entienden por qué razón sindicatos y patronal deben pactar su régimen jurídico”. Y, además, solicitan que la regulación debería pertenecer al Ministerio de Universidades y a las Universidades, en vez de Trabajo.
Entre las principales críticas de los rectores se encuentra el pago de ciertos gastos de los estudiantes en prácticas y que estén incluidos en la Seguridad Social, ya que "tendrán poco tiempo para prepararlo". Y alertan de que el coste de tener becarios haciendo prácticas llevaría a las administraciones públicas a no ofrecer más plazas, lo que supondría una reducción del 60% de la oferta a estudiantes universitarios. Por último, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) ha expresado quejas por su nula participación en la negociación.