Nuevo capítulo en el asunto peajes entre Bruselas y Madrid. A pesar de las buenas relaciones entre el gobierno español y el europeo, el sistema de gestión de las carreteras españolas es un punto de conflicto habitual entre ambas partes. El motivo, como siempre, está relacionado con el dinero. En este caso, con una cifra: los 10.000 millones de euros de déficit que supone el mantenimiento de las vías estatales. A juicio de la Unión Europea (UE), no se puede entender que el estado español no haya aplicado el sistema de pago por tiempo de uso aprobado hace dos años en el Parlamento comunitario, sobre todo si se tiene en cuenta la cifra anterior. El ejecutivo central, sin embargo, ha intentado desde el primer momento evitar esta medida, considerada por muchos de impopular.
De hecho, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, el Estado ha ido reduciendo el número de peajes. Una desescalada que en Catalunya se aceleró en agosto de 2021, con el fin de las concesiones a las autopistas AP-7, AP-2, C-32 y C-33. Desde entonces, el Govern también ha ido armonizando las tarifas de las barreras que se han mantenido, aunque continúan existiendo quejas y situaciones controvertidas, como la que vive el Baix Penedès.
Esta dinámica ha sido totalmente opuesta a las políticas que se han promovido desde Bruselas, donde en 2022 se aprobó una directiva llamada Euroviñeta, que buscaba sustituir los peajes actuales basados en el tiempo de uso de la carretera para los vehículos pesados (camiones y autobuses) por tasas basadas en la distancia. "El paso a un modelo de cobro basado en los kilómetros recorridos reflejará mejor el principio de quien contamina paga, que está en el centro de la política medioambiental de la UE", explicó la institución en un comunicado.
Dos años después, el estado español ha hecho caso omiso de buena parte de las medidas recogidas por la directiva 'Euroviñeta'
Es decir, el Parlamento europeo estableció unos criterios comunes en cuanto a los peajes de todo el continente por primera vez, aunque dejaba la puerta abierta a excepciones. "A partir de ocho años después de la fecha de entrada en vigor de la directiva, en 2030, los estados miembros no aplicarán tasas por utilización a los vehículos pesados en la red transeuropea de transporte TEN-T. Estas serán sustituidas por peajes, con un precio en función de la distancia", insistía el texto. Entonces, se fijó un máximo de dos años para aplicar estas medidas. España ha hecho caso omiso de buena parte de ellas.
Todo ello pretendía encontrar una forma más precisa -y verde- de financiar el mantenimiento de las carreteras de cada estado miembro. Es un modelo de gestión y un concepto diferente de los peajes al que ha habido históricamente en el estado español. "Cuando eliminamos un peaje, el presupuesto público asume este gasto", explicó hace unos meses en VIA Empresa Àlvar Garola, miembro de la Comisión de Economía Territorial y Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Este experto se lamentaba entonces de no haber creado iniciativas como un gran consorcio que se encargase de gestionar la conservación de las vías de gran capacidad.
De hecho, el ejecutivo de Sánchez ha hecho lo contrario. Ya logró sortear la implantación de peajes el pasado octubre de 2023 con motivo de los fondos Next Generation. A cambio de este dinero, Bruselas exigió ciertos compromisos medioambientales, entre los cuales se encontraba la implementación de la Euroviñeta en las autovías estatales gratuitas. Finalmente, sin embargo, Madrid evitó esta cesión gracias a una adenda: en lugar de los peajes verdes, propuso 59 medidas entre las cuales apostaban por reforzar la red ferroviaria e impulsar el tren como vehículo de transporte de pasajeros alternativo al coche, además de instaurar peajes para camiones, entre otros. La idea agradó a la UE y la disputa se suspendió momentáneamente.
Entonces, ¿qué ha cambiado?
Actualmente, Portugal, Italia, Bulgaria, Luxemburgo, Malta, Polonia, Grecia y la misma España no han implementado aún la Euroviñeta. Aunque Bruselas ya contemplaba ciertas excepciones, considera que se está produciendo un agravio comparativo con el resto de estados miembros que sí han comenzado a aplicar la directiva. En otras palabras, el margen de tiempo que concedió la UE se está acabando.
Por esta razón, el pasado lunes 16 de diciembre, la Comisión Europea decidió abrir un expediente de infracción al gobierno español. La notificación incluye un aviso de incumplimiento y un plazo de dos meses para comenzar a aplicar la reforma tarifaria. Ahora, la fecha límite es febrero de 2025. Cabe decir, sin embargo, que desde el punto de vista del ejecutivo estatal, esta circular no impone la creación de nuevos peajes para los vehículos convencionales, ni tampoco la revisión de los precios actuales.
El gobierno español considera que el expediente de Bruselas no les obliga a hacer nuevos peajes ni a modificar los precios de los ya existentes, sino a crear un nuevo marco legal
Más bien, según el gobierno central, Bruselas quiere que el estado español incorpore a su legislación un marco legal que establezca cómo se deben calcular los peajes en el futuro, si se crean de nuevos. Esta nueva propuesta debe tener en cuenta el impacto ambiental y otros factores relacionados como el volumen de tráfico. De esta manera, Europa espera que Madrid pueda hacer un uso correcto de las viñetas como medida para financiar el mantenimiento de las autopistas.
De hecho, solo se prevé un nuevo sistema de pago para vehículos pesados en aquellas autopistas que pertenecen a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). En este caso, el cálculo de los peajes podría ajustarse en función de diversos factores, pero aún no han definido exactamente cómo. Independientemente de la manera, Europa tiene muy claro que no se puede permitir que el déficit de 10.000 millones que presenta el estado español continúe aumentando. Ahora, sin embargo, le toca al gobierno de Sánchez recoger el guante. En cualquier caso, la llegada definitiva de la Euroviñeta parece ya una cuestión de tiempo.