En Catalunya, todo el mundo coincide, con mayor o menor reserva, en que el acuerdo entre ERC y el PSC y el PSOE sobre la nueva financiación es, sobre el papel, mejor de lo que se podía esperar.
Incredulidad generalizada
La incredulidad sobre su cumplimiento es casi igualmente generalizada. Algunos por la escasa fiabilidad que han mostrado todos los gobiernos españoles en acuerdos anteriores, comenzando por los del mismo Pedro Sánchez. Recordemos que para llegar al actual acuerdo de financiación se tuvo que abrir previamente un expediente “cero” para implementar acuerdos que provenían del inicio de esta misma legislatura o de anteriores, como las becas. El acuerdo, además, a pesar del alto nivel de detalle alcanzado, deja aún muchas cuestiones abiertas a futuras negociaciones entre un gobierno español del PSOE y un gobierno catalán en manos del PSC.
Otra fuente de dudas proviene del habitual boicot de los aparatos del Estado a cualquier acuerdo que pueda beneficiar a Catalunya. Ya hemos oído amenazas de recurrir a los tribunales, sabemos de la oposición del sindicato de inspectores fiscales -que verían disminuir su poder en Catalunya-, sin mencionar las comunidades autónomas que supuestamente perderían ingresos si Catalunya sale del régimen común de financiamiento.
Vienen a decir que el Estado tal como lo conocemos es inviable sin el drenaje -o el expolio- de los recursos catalanes
Hay quienes sostienen que el cumplimiento de lo que dice el acuerdo de financiación es imposible de materializar si el Estado no aporta muchos más recursos al financiamiento de las comunidades en general. Y, por tanto, si no sube la presión fiscal o disminuye los servicios propios o las inversiones. Vienen a decir que el Estado tal como lo conocemos es inviable sin el drenaje -o el expolio- de los recursos catalanes. Todo esto lleva a muchos a temer que todo quede en nada o en muy poco. Especialmente si cambia el color de los inquilinos en la Moncloa.
Ya ha habido algunos que se han atrevido a hacer estimaciones del aumento de recursos para el Govern de Catalunya. Unos para magnificarlos y demostrar su inviabilidad, y otros para minimizarlos y demostrar lo contrario. Entre 6.000 y 13.300 millones de euros. Un rango demasiado amplio para ser suficientemente preciso.
El infracfinanciamiento de Catalunya lleva implícita el aumento de la presión fiscal sobre la renta
Como decíamos, en Catalunya el acuerdo se ha recibido con dosis similares de satisfacción y desconfianza. Silencio oficial de los sindicatos y de las grandes entidades empresariales, con la excepción de Pimec, que se ha mostrado totalmente favorable. Parece que lo que más molesta a los empresarios es que el acuerdo no prevé ninguna rebaja de presión fiscal - eliminación de los impuestos de sucesiones y de patrimonio. Y lo que es más importante: no se prevé deflactar los tramos del IRPF, ahora significativamente afectados por la inflación. Esto significa, simplemente, un aumento efectivo de la presión fiscal sobre las rentas declaradas sin los costos políticos que una medida explícita comporta.
Parece que lo que más molesta a los empresarios es que el acuerdo no prevé ninguna rebaja de presión fiscal
Recordemos que las comunidades autónomas gobernadas por el PP iniciaron esta deflactación para los ingresos en renta de 2021 y que las controladas por el PSOE y el País Vasco se fueron sumando. Catalunya es de las pocas que ha mantenido los límites anteriores. Si la inflación acumulada en el período 2021-2023 es del 14,6% en Catalunya y los salarios brutos lo han hecho en un 12,6%, no solo se han perdido dos puntos de poder adquisitivo, sino que la presión fiscal efectiva ha aumentado en ese 12,6% que compensaba parcialmente el aumento de precios al consumo. Esto respecto al 50% del tramo autonómico del IRPF.
El Estado ha actuado de forma similar hasta ahora. Los presupuestos finalmente no aprobados para 2024 preveían una deflactación para las rentas obtenidas este mismo año para todas aquellas que no superaban los 35.000 euros anuales. Los presupuestos de la Generalitat hacían por primera vez ajustes similares para el tramo autonómico. Ni los presupuestos de unos ni los de otros se han aprobado. Veremos si de aquí a final de año se aprueba de alguna manera la deflactación en un sitio u otro.
En todo caso, es incuestionable que el infracfinanciamiento del gobierno de Catalunya nos ha llevado a soportar, también en términos de IRPF, una presión fiscal más elevada. Una anomalía que parece evidente y que, si el financiamiento mejora, debería corregirse, digan lo que digan los acuerdos firmados.
40 años de transferencias interterritoriales sin efecto en los niveles de desarrollo
El acuerdo omite cualquier referencia al déficit fiscal de Catalunya que, según las últimas estimaciones de la Generalitat, alcanzaría los 20.800 millones de euros anuales para 2020 y los 22.000 millones para 2021. El déficit se mantiene estable en el tiempo - gobierne quien gobierne en España - alrededor del 8% del PIB. Desde Madrid siempre se ha cuestionado la metodología que emplea la Generalitat y, si han hecho algún cálculo, este era sustancialmente inferior. Ha destacado por su beligerancia la fundación Fedea, impulsada en su momento por el Banco de España y financiada por la gran banca y muchas de las empresas del Ibex-35; Fedea fue en su momento una cantera de dirigentes y oráculo económico para C’s.
Desde Galicia se han apresurado a calcular cuánto les costaría la eufemística “salida de Catalunya del sistema general de financiación”: 444 millones de euros anuales
Desde España, especialmente desde las comunidades más favorecidas por el reparto de recursos autonómicos, siempre se ha enarbolado el principio que los ciudadanos tienen que recibir un nivel equivalente de servicios públicos independientemente de donde residan. Y, esto no se hace nunca explícito, al margen de la riqueza que generen, es decir, de los impuestos que aporten.
Desde Galicia, una de las comunidades más favorecidas junto con Extremadura, Cantabria y La Rioja, se han apresurado a calcular cuánto les costaría la eufemística "salida de Catalunya del sistema general de financiación": 444 millones de euros anuales. No han explicado cómo lo han calculado, pero esta cifra sería el resultado del déficit fiscal total de Catalunya aplicado solo a una sola comunidad.
La teoría subyacente era que esta igualación de servicios públicos recibidos y de recursos obtenidos por las respectivas comunidades autónomas contribuiría a disminuir las diferencias de riqueza generadas por cada comunidad. Sin embargo, y como sucede en otros estados regionalizados, esta teoría de la igualación no se cumple y, en muchos casos, tras 40 años de políticas redistributivas entre comunidades autónomas, las diferencias en desarrollo y riqueza generada más bien se agrandan. Es decir, los que más contribuyen tendrán que seguir subvencionando a los que menos rinden para siempre. Es evidente que con este sistema, los incentivos para ser más eficiente y productivo desaparecen si en cualquier caso el nivel de bienestar, medido en términos de servicios públicos, no variará ni en un sentido ni en otro.
Una clarificación de magnitudes imprescindible
Si algo tiene de bueno el nuevo sistema de financiación pactado para Catalunya es que dotará de transparencia a las macromagnitudes de la relación con España. El sistema prevé que se cuantificarán tres grandes magnitudes clave: el volumen económico de los impuestos que generamos, la valoración de los servicios que el Estado aún presta en Catalunya y de las inversiones que realiza y el importe de la cuota de solidaridad pactada. Estas serán las magnitudes básicas que deberán acordar Estado y Generalitat. Un acuerdo que no estará libre de tira y afloja, pero que cuando se materialice podrá convertirse en una base para futuras modificaciones en las cantidades, sobre todo en la cuota de solidaridad.
Cumplir el acuerdo no tendría que ser imposible
Evidentemente, no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que realmente pasará y si se cumplirán las previsiones del pacto fiscal o no. Dejando de lado las variables estrictamente políticas -como la continuidad o no del actual gobierno español del PSOE-, podemos prestar atención a algunas circunstancias y magnitudes.
Desde Fedea advierten que en el sistema general de financiación de las comunidades autónomas, además de Catalunya, solo Madrid y las Illes Balears hacen aportaciones netas. Si ambas comunidades, especialmente Madrid, reclamaran equipararse con Catalunya -como a menudo lo hacen en otros aspectos- se rompería el frente contrario de las CCAA gobernadas por el PP. Quizás entonces, en una nueva versión del café para todos, Catalunya sería la pionera de un cambio que podría generalizarse. Ahora, ya sabemos que el café para todos siempre ha terminado diluyéndose.
En el sistema general de financiación de las comunidades autónomas, además de Catalunya, solo Madrid y las Illes Balears hacen aportaciones netas
A pesar de los llamamientos a regresar al orden presupuestario formulados desde Europa, España no se encuentra -como Francia e Italia- entre los estados más incumplidores. Aunque las previsiones de aumento del gasto militar presionarán a la baja el resto de los gastos de los estados europeos, España sigue generando un crecimiento económico y un aumento de recaudación fiscal superior a la media europea. Solo en 2023, cuando aún estaban vigentes muchas de las rebajas fiscales postcovid, el aumento de la recaudación fiscal en España fue de 16.400 millones de euros.
En los últimos tres años, los ingresos fiscales del Estado han crecido casi un 30% respecto a 2019, el último año pre-covid. Por tanto, hablar de una mejora de la financiación de Catalunya a lo largo de cinco años de entre 6.000 y 13.000 millones de euros, por muy amplio que sea el intervalo, no debería ser un objetivo insalvable para el sistema fiscal español.