Es la reivindicación de siempre, pero cada vez más necesaria: una economía competitiva donde el fraude fiscal deje de ser una realidad, donde la economía sumergida sea residual y donde la carga fiscal de empresas y contribuyentes deje de ser excesiva y sea justa con las dos partes. Así lo reivindica Foment del Treball y la CEOE durante la jornada Por una fiscalidad más competitiva, donde apuntan que las empresas españolas ya aportan el 30,4% de la recaudación por impuestos a los ingresos públicos. Una carga fiscal que, según el director de Economía de CEOE, Gregorio Izquierdo, no sólo es "excesiva", sino que también "es considerablemente superior a la media europea por los ingresos públicos que aportan respecto del total". De hecho, la media europea es del 26,2%.
La tesis es clara. "No podemos decir a las empresas que tienen que ser competitivas si el sector público que las acompaña no lo es", advierte Izquierdo, que aprovecha la ocasión para denunciar que "una economía sumergida tan elevada genera distorsiones entre los agentes". Si bien es cierto que la economía sumergida representa el 25,2% del total del PIB español en el periodo estudiado entre 1991 y 2015 y que, por lo tanto, España está por encima la media de los países de la OCDE, también lo es que de los 36 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Estado español está por debajo de 25 países más, pero 10 lo superan con creces y uno, Hungría, está al mismo nivel.
Si el Estado español estuviera a los niveles de Francia, Alemania, el Reino Unido o los Estados Unidos, el dinero aflorado se incrementarían y mucho. Y no sólo esto, sino que este es, según Izquierdo, "un problema que afecta el conjunto de las empresas". Precisamente por eso, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, plantea un mecanismo para que, en cuatro años, la administración española pueda plantear una estrategia de lucha para rebajar el peso de la economía sumergida en al menos 10 puntos.
Foment del Treball organiza una jornada sobre fiscalidad
Este sistema no sólo permitiría que España se situara al nivel de la media de los países de la Eurozona, sino que también permitiría que, al cuarto año, se consiguieran unos ingresos recurrentes de 40.234 millones de euros anuales. Por ejemplo, si el Estado español estuviera a los niveles de Alemania -que está al 15,6% del PIB-, aflorarían 115.991 millones de euros extra en concepto de economía iluminada, de los cuales unos 46.396 millones de euros contribuirían a las arcas públicas.
Foment sabe cuál es la estrategia a seguir y sostiene que " únicamente de la lucha contra el fraude podemos llegar a conseguir los niveles europeos, que no subiendo la fiscalidad porque esta medida a través de cada impuesto está perfectamente homologada a la existente en los países de nuestro entorno".
La palanca hacia la competitividad
Por eso, y para poder tener un territorio atractivo también desde el punto de vista fiscal, el secretario general adjunto de Foment del Treball, Salvador Guillermo, considera que "siempre se tiene que contemplar la fiscalidad como una palanca más de la competitividad de un territorio". A su parecer, "a veces, los políticos tienen presiones y piensan que esto puede ser solucionado pensando en los ingresos más que en el reparto de gasto" y esto, sostiene, "cada vez es menos posible porque los factores productivos tienen una mayor movilidad, que también obedece al factor fiscal". Es decir, "no se trata tanto de exigir mayores cargas fiscales a los contribuyentes, ni de reducir los recursos públicos de la Administración para hacer frente a los principales fundamentos del Estado del Bienestar, como de explorar e incentivar una actividad económica responsable que contribuya fiscalmente a sus obligaciones y que evite, por eso, un modelo impositivo disuasivo para ciudadanos, empresas y talento internacional".
Guillermo: "Siempre se tiene que contemplar la fiscalidad como una palanca más de la competitividad de un territorio"
Justamente en este sentido, Guillermo subraya que "la competencia entre ciudades, y ya no entre países, obedece a las nuevas generaciones porque están más predispuestas a elegir dónde quieren vivir y trabajar y no están fijadas en un territorio". Y continúa: "No puedo actuar esperando a que otro territorio competitivo reduzca impuestos y yo me abstraiga de esto". En este punto, tanto Guillermo cómo Sánchez Llibre y el presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Foment del Treball, Valentí Pich, vuelven a emplazar la Generalitat, una vez más, a abolir el Impuesto de Patrimonio porque consideran que "es eminentemente redistributivo".
De hecho, Pich añade un punto más a la cuestión y propone "su eliminación o bonificación del 100%" puesto que, apunta, "su contribución a la redistribución del sistema fiscal es mínima como consecuencia de su escasa capacidad recaudatoria y los elevados costes de su gestión". El efecto redistributivo de este impuesto es, según Foment, del 0,03%, es decir, que sólo reduce en este porcentaje la desigualdad en la distribución de la renta bruta de los hogares españoles.
Más fiscalidad, menos atractivo
Además, Catalunya es, de largo, el territorio de todo el Estado que tiene más tributos propios con 18 en total. Según Guillermo, esto, sumado al hecho que la recaudación de todos estos impuestos sólo sea un punto superior a la media del resto de autonomías -es del 3,2%-, "hace imprescindible que se tengan que revisar los impuestos de la Generalitat".
Por todo ello, no sólo plantean eliminar el Impuesto de Patrimonio, sino también el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la imposición por Documentos Notariales que consideran "obsoleta en un sistema fiscal moderno". También creen totalmente necesario bajar al tipo de IVA reducido y supereducido las actividades básicas cómo, por ejemplo, y entre otras muchas, los gimnasios, los servicios de suministro de agua, electricidad y gas o los servicios sociales de dependencia.
Sánchez Llibre: "Resulta imprescindible reformar la LOFCA porque sino es muy difícil plantear que todas las comunidades estemos en la misma posición para poder plantear una legislación competitiva"
Y es que, recuerdan, "el empresariado catalán siempre ha mostrado su preocupación por una fiscalidad creciente en la Generalitat" porque tanto el elevado número de impuestos como las tasas propias de Catalunya "no mejoran esta imagen tributaria elevada" y "tampoco favorecen la retención de talento e inversión". Por eso, y en palabras de Sánchez Llibre, "resulta imprescindible reformar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) porque sino es muy difícil plantear que todas las comunidades estemos en la misma posición para poder plantear una legislación competitiva".
En definitiva, si no se contempla la fiscalidad como una herramienta imprescindible para la competitividad de un territorio, se pueden encontrar afectadas, también, las decisiones de inversión y domiciliación de empresas, base del crecimiento económico del pasado, presente y futuro. Y en este terreno se juega a consciencia y con conocimiento de causa.