El comité de expertos para la reforma fiscal propuso hace un año un sistema tributario más sencillo, ecológico y progresivo, con el objetivo de impulsar una transición hacia una economía más sostenible. Sin embargo, el Gobierno ha hecho poco seguimiento de las recomendaciones del informe y ha tomado medidas que van en contra de los principios planteados.
Aunque se han implementado impuestos sobre los envases de plástico no reutilizables y sobre el depósito de residuos en vertederos para fortalecer la fiscalidad medioambiental y aumentar la recaudación, cumpliendo así con los compromisos establecidos en el Plan de Recuperación y con las recomendaciones de la CE, el FMI y la OCDE, España aún tiene una baja recaudación en impuestos verdes en comparación con la media europea. En 2021, los ingresos fiscales generados por tasas y contribuciones sociales representaron únicamente el 4,5% del total, siendo Alemania el único país que registró una recaudación inferior por este concepto.
La falta de una normativa básica estatal en materia de fiscalidad medioambiental ha llevado a un sistema variopinto y dependiente de las decisiones de las autonomías. Aunque las comunidades autónomas tienen la potestad de crear impuestos sobre el uso de recursos naturales y los impactos de actividades económicas, la recaudación de los tributos medioambientales autonómicos representa solo el 2% del total de la fiscalidad ambiental.
Se observan grandes diferencias entre las comunidades autónomas: Catalunya es la región con mayor volumen de tributos autonómicos, mientras Madrid registra una recaudación muy baja
En este contexto, se observan grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Catalunya es la región con mayor volumen de tributos autonómicos, recaudando alrededor de 900 millones de euros en 2021, seguida de Canarias con 425 millones de euros. En la otra cara de la moneda, Madrid registra una recaudación muy baja, con solo 3,5 millones de euros.
Catalunya y los puertos
La descarbonización de los puertos es uno de los grandes retos y la electrificación de los muelles se considera crucial para lograr la transición energética. Se estima que se necesitarán 4.500 millones de euros para abordar la transición energética de los puertos españoles. En este sentido, el Port de Barcelona ha lanzado el proyecto Nexigen, con una inversión de 110 millones de euros. Sin embargo, la compañía Ocean Capital Partners sugiere que se necesita una mayor colaboración público-privada para alcanzar los objetivos establecidos. Advierten sobre el riesgo de financiar estas inversiones a través del aumento de las tasas portuarias, ya que esto podría afectar a la competitividad del sector.
Pese a ello, Catalunya está planeando implementar un nuevo impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos. El impuesto, que afectará a grandes barcos con un arqueo bruto superior a las 5.000 toneladas que pasen por los puertos catalanes y será gestionado por el Departamento de Economía y la Conselleria de Acción Climática, gravará las emisiones de óxidos de nitrógeno durante las maniobras de atraco y la estancia de las embarcaciones en el puerto, y el 100% de la recaudación se destinará al Fondo para la Protección del Ambiente Atmosférico. Con esta medida, Catalunya busca seguir las directivas de la Unión Europea y establecerse como un ejemplo en políticas medioambientales.
No obstante, Anesco ha expresado su preocupación. Consideran que gravar las emisiones contaminantes de grandes barcos expulsará a las grandes navieras de los puertos de Catalunya, y que generará un desvío de las actividades de mercancías a otros puertos nacionales o internacionales, lo cual afectará al sector de la estiba. La patronal ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley y busca el apoyo de asociaciones del sector naviero para oponerse a la tasa y evitar que se siga adelante con ella.
El Govern, por su parte, argumenta que las emisiones de óxidos de nitrógeno de los barcos durante las maniobras de atraco y la estancia en el puerto son una fuente importante de contaminación en las zonas de protección especial. Los puertos de Barcelona y Tarragona son los principales afectados por esta medida, ya que movilizan grandes volúmenes de mercancías y son destinos de cruceros turísticos.
El papel de la industria
La industria está adoptando medidas significativas para reducir el impacto ambiental de sus actividades y está integrando la sostenibilidad en sus estrategias comerciales. Se están implementando numerosas acciones de ecodiseño de envases, lo que ha resultado en una reducción significativa de las emisiones de CO₂ el consumo de materias primas, energía y agua.
Aunque el sector alimentario es el que más envases genera, también es el más comprometido con la sostenibilidad. Más del 50% de las medidas implementadas provienen de este sector, seguido por otros como el cuidado personal y del hogar, la industria de equipamiento del hogar, el sector automotriz y de ocio, y el sector textil y de la piel.
Se espera que las regulaciones sobre envases sean más exigentes en el futuro, lo que ha generado preocupación y quejas por parte de las empresas
Se espera que las regulaciones sobre envases sean más exigentes en el futuro, lo que ha generado preocupación y quejas por parte de las empresas, especialmente las pymes y microempresas, debido a la carga administrativa y de gestión que implica. Además, se plantean desafíos en la utilización de materiales reciclados frente al material virgen debido a problemas de precio, calidad y oferta.
La nueva legislación debe facilitar la incorporación de envases reciclables y materiales reciclados en el mercado, pero se advierte que la comercialización de envases fabricados con material reciclado, pero no reutilizable no es una solución adecuada para preservar el medio ambiente. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) advierte que sin la suspensión del impuesto sobre el plástico, los costos se trasladarán directamente al precio de los productos, afectando a los consumidores.
La última (y polémica) medida
Recientemente, se ha anunciado una desgravación del 15% en el IRPF para la compra de coches, cuatriciclos y motocicletas eléctricas por parte de particulares hasta el 31 de diciembre de 2024, además de una deducción del 15% en el IRPF por la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Ambas medidas con condiciones, eso sí.
Más allá del debate de si esta medida beneficia más o menos a las rentas altas, un estudio realizado por la Universidad de Graz (Austria), por encargo de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, revela que los coches híbridos contaminan más de lo declarado y tienen menos autonomía eléctrica de la anunciada.
En las pruebas realizadas a coches híbridos como el BMW Serie 3, Peugeot 308 y Renault Megane, se encontró que emiten entre un 20% y un 200% más de CO2 en trayectos interurbanos de lo que se reconoce oficialmente. En trayectos urbanos, y con la batería descargada, las emisiones se disparan aún más, superando hasta seis veces las cifras declaradas.
Es importante que los consumidores y las autoridades competentes estén informados de forma precisa sobre el impacto ambiental real de los vehículos que adquieren
Esto plantea una discrepancia entre la etiqueta ambiental de los híbridos enchufables (etiqueta Cero) y sus emisiones reales. Informes anteriores, como el de la OCU, también han señalado que algunos vehículos SUV híbridos contaminan más que los modelos de combustible fósil.
El estudio destaca la necesidad de modificar los etiquetados y revisar las subvenciones para la compra de coches híbridos enchufables. Es importante que los consumidores, y en este caso también las autoridades competentes, estén informados de manera precisa sobre el impacto ambiental real de los vehículos que adquieren y que las políticas de incentivos se ajusten en consecuencia.
Cambio de paradigma en la Presidencia de la Unión Europea
A pesar de las dudas a nivel nacional, el Gobierno español tiene como objetivo principal impulsar la fiscalidad medioambiental durante su presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre, según anunció la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Para ello, se enfatizará la importancia de los impuestos medioambientales como una herramienta para aumentar los ingresos del Estado y aplicar el principio de "quien contamina paga". Estos impuestos no solo tienen repercusiones económicas, sino que también fomentan un cambio de comportamiento y promueven la adopción de prácticas más sostenibles.
El Gobierno español tiene como objetivo principal impulsar la fiscalidad medioambiental durante su presidencia de la Unión Europea
Entre las medidas específicas que se plantean se encuentran la restricción de emisiones de CO₂ de los vehículos y el establecimiento de límites y un sistema de comercio de derechos de emisión para el queroseno utilizado en la aviación. Estas acciones buscan reducir el impacto ambiental de estos sectores y promover alternativas más limpias.
Además, se contempla la implementación de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) como una herramienta para fomentar una industria más ecológica en países no pertenecientes a la Unión Europea que venden productos a los países miembros. Este mecanismo tiene como objetivo nivelar las condiciones de competencia y garantizar que se tengan en cuenta los costos ambientales en las transacciones comerciales internacionales.
Y ahora ¿qué?
Con la Presidencia de la Unión Europea en el horizonte, España tiene la oportunidad única de asumir un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. El Gobierno español puede marcar la diferencia impulsando una verdadera transformación hacia una economía más sostenible y respetuosa con el entorno natural.
La transición ecológica no solo implica un cambio en las políticas y regulaciones, sino también en la mentalidad de la sociedad y en los hábitos de consumo
La implementación de impuestos medioambientales efectivos es uno de los pilares fundamentales para avanzar en esta dirección. Estos impuestos pueden ser una herramienta poderosa para internalizar los costos ambientales en la producción y el consumo, promoviendo así prácticas más sostenibles en la industria. Además de los impuestos, es crucial establecer medidas reguladoras más estrictas que incentiven la adopción de tecnologías limpias y la reducción de emisiones.
Es importante que estas medidas se apliquen de manera coherente y coordinada en todo el territorio nacional, evitando así la fragmentación y asegurando que se obtengan resultados efectivos a nivel global. Una política ambiental integral, que incluya tanto a nivel estatal como autonómico, es esencial para garantizar el éxito en la transición hacia una economía más verde.
La transición ecológica no solo implica un cambio en las políticas y regulaciones, sino también en la mentalidad de la sociedad y en los hábitos de consumo. Es fundamental promover la educación y la concienciación sobre la importancia de proteger el medio ambiente y adoptar estilos de vida más sostenibles. La colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil es esencial para lograr una verdadera transformación ecológica. Cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental es una responsabilidad compartida.