En Cataluña se construyen menos viviendas nuevas de las necesarias para atender a las necesidades de la población, en parte por la falta de suelo urbanizable en el área metropolitana de Barcelona y por las dificultades de la administración en la concesión de licencias, según destaca un informe conjunto de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) y Foment del Treball. Estas patronales también se muestran preocupadas por el incremento de la ocupación ilegal, que consideran “amparada” por determinadas normativas que contribuyen al “efecto llamada”.
A modo de conclusiones, el informe apunta que la producción de viviendas en Cataluña (15.000 unidades/año) se mantiene en números inferiores a las necesidades de hogares proyectadas en el informe del Plan Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), y que cuantifica en unas 25.000 viviendas nuevas anuales para los próximos 15 años.
Las patronales advierten que hay una “importante falta de suelo urbanizable en el ámbito metropolitano para poder construir viviendas -libres, asequibles y sociales- que den respuesta a las necesidades de las familias catalanas”. Por ello, consideran necesario que las administraciones pongan suelo a disposición para poder producir vivienda en Cataluña “si queremos atender la demanda actual y futura”.
La lentitud de las administraciones en la concesión de licencias de obra y otros permisos “ralentiza de manera significativa” la construcción de nuevas promociones de viviendas -tanto destinadas al alquiler como a la compra-, ya sean libres o sociales, con periodos que van de los 12 a los 18 o 24 meses, dependiendo del municipio. El informe indica que resulta “imprescindible reducir estos plazos al mínimo con el fin de evitar que la tramitación administrativa tenga los efectos actuales sobre los retrasos en el inicio de nuevas promociones y/o rehabilitaciones”.
"Inseguridad jurídica"
También insisten en que “la inseguridad jurídica en el ámbito de la vivienda continúa agravándose y paraliza la construcción” de vivienda. Añaden que “las políticas intervencionistas” de las administraciones en el mercado de alquiler han generado un efecto contraproducente sobre la oferta de vivienda en Cataluña, que se intenta extenderse al conjunto del Estado.
En Barcelona, la medida de reserva del 30% de VPO en nuevas promociones y rehabilitaciones de 600 m2 de techo contemplada en la Modificación del Plan General Metropolitano sólo ha generado 52 viviendas con protección oficial desde que se aprobó a finales de 2018. Una cifra “totalmente insuficiente y que demuestra que la medida no está funcionando”, según el informe de la APCE y Foment.
La reserva del 30% de VPO en suelo urbano en Barcelona “está dando muy poco resultados y está paralizando la construcción de nuevas viviendas”, así como también la rehabilitación de la parte del parque que ha quedado antigua. Además, se muestran preocupados por la extensión de esta norma a otros municipios (Vallès, Terrassa, Ripollet, etc.), donde “las consecuencias de una paralización de la actividad promotoraconstructora tendrá unos efectos aún peores” sobre el parque de viviendas y sobre la generación de empleo de estos municipios.
Foment del Treball y APCE: “Preocupa el aumento significativo la ocupación ilegal en los últimos años, especialmente en Cataluña, donde se han aprobado normativas que amparan situaciones de ocupación ilegal, con el correspondiente efecto llamada”
La dotación presupuestaria en las políticas de vivienda, tanto a nivel estatal, autonómico y local, “sigue siendo insuficiente” para ampliar el parque de viviendas asequibles y sociales, siendo preciso incrementarla.
Recuerdan que los fondos Next Generation suponen una oportunidad para renovar la parte del parque de viviendas que ha quedado antiguo y que hay que adecuar a la normativa vigente en materia de eficiencia energética. Estos programas destinados a la rehabilitación de edificios y viviendas van dirigidos principalmente a las comunidades de propietarios, que representan el 80% de la propiedad de viviendas en el Estado español.
Por otra parte, muestran su preocupación por el “aumento significativo la ocupación ilegal en los últimos años, especialmente en Cataluña, donde se han aprobado normativas como la Ley 1/2022 que amparan situaciones de ocupación ilegal, con el correspondiente efecto llamada que provocan”.