Desde el año 2021 hasta la actualidad, la Generalitat, a través de la Agencia Catalana de Consumo, ha retirado unos 157.000 juguetes del mercado por diferentes incumplimientos relacionados con la seguridad. “Uno de los riesgos que se detecta con mayor frecuencia en los juguetes son la presencia de piezas pequeñas, o partes que se pueden desprender, con el consiguiente riesgo de asfixia”, apunta Albert Melià, director de Consum. En los últimos tres años, la administración ha realizado 1.641 inspecciones, de las cuales 236 han implicado la retirada del producto. Consumo actuaciones durante todo el año y, en su caso, recoge muestras de productos para analizarlos en laboratorios acreditados, a fin de verificar que sean seguros.
Las actuaciones del organismo competente, a menudo, se inician a raíz de comunicaciones del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones, pero también por iniciativa propia de las propias empresas fabricantes, a raíz de notificaciones provenientes del sistema unificado de alerta de productos peligrosos del Estado o de Europa. Asimismo, también pueden derivarse de campañas de inspección y control programadas de oficio por la Agencia. En cuanto se tiene conocimiento del riesgo de un producto, Consum adopta las medidas adecuadas y proporcionadas al nivel de riesgo. Si el incumplimiento no es grave y resulta subsanable, puede acordar la inmovilización cautelar del producto y la prohibición temporal de la comercialización; cuando se trata de incumplimientos graves que no pueden subsanarse, opta por la retirada definitiva del mercado o bien el comiso y destrucción de todas las unidades.
En paralelo, la Generalitat también ha detectado irregularidades en el 71% de las empresas inspeccionadas por Black Friday. Consum ha realizado un seguimiento de precios de 440 productos que tradicionalmente concentran la mayor parte de los descuentos en esta fecha. La monitorización de precios se inició un mes antes de la cita y se prolongó hasta el mismo día del Black Friday. En materia de ofertas o promociones, la legislación contempla obligaciones para las empresas y los comercios, tales como: informar tanto del precio original como del precio rebajado o el porcentaje de descuento, teniendo en cuenta que el precio original sobre el que se realiza la rebaja será el más bajo que haya tenido el producto en ese mismo establecimiento en los treinta días anteriores a la promoción; o informar de la duración de las ofertas. Sin embargo, las actuaciones que vulneren la normativa sobre comercio pueden recibir sanciones de hasta 20.000 euros.