El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la Generalitat a devolver a la empresa Acciona 304 millones de euros por la finalización del contrato de gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). La Generalitat reclamó a la empresa unos 38 millones de euros después de asumir la gestión del servicio en 2019, pero finalmente el TSJC ha dado la razón a Acciona y la Generalitat tendrá que abonar la indemnización correspondiente al conglomerado español.
La cronología se remonta al 2012, cuando el Gobierno de Artur Mas realizó la privatización de la empresa pública ATLL y la adjudicó a un consorcio liderado por Acciona. El TSJC anuló en 2015 la adjudicación y el Tribunal Supremo lo confirmó en febrero del 2018 porque encontraron que el sistema de adjudicación no había sido el adecuado. Acciona tenía que gestionar ATLL en los próximos 50 años a partir de un contrato valorado en 1.000 millones de euros.
La sentencia reconoce el derecho de ATLL a obtener en concepto de canon no amortizado, unos 262 millones de euros. Sumando las inversiones realizadas no amortizadas y los costes de licitación y constitución, el importe llega a los más de 300 millones de euros
Después de la sentencia, Territorio decidió que Acciona todavía prestara el servicio mientras no se adjudicaba el nuevo contrato. Más adelante la Generalitat decidió hacerse cargo de la gestión a partir de enero de 2019, pero esta decisión no se hizo efectiva hasta el 28 de febrero, después de que la Generalitat reclamara 38 millones de euros a la empresa .
Se trata de tres sentencias desfavorables a la Generalitat que todavía se pueden recorrer ante el mismo TSJC. La primera estima en parte el recurso de Acciona y anula la resolución que había aprobado la liquidación provisional del contrato. También anula la resolución de la misma Consejería que, posteriormente, había aprobado la liquidación definitiva final. Además, la sentencia reconoce el derecho de ATLL a obtener en concepto de canon no amortizado, unos 262 millones de euros. A esto hay que sumar las inversiones realizadas no amortizadas y los costes de licitación y constitución que en total hacen subir el importe hasta los cerca de 304 millones de euros. Además, la Generalitat también tendrá que hacer frente a los intereses correspondientes.
La segunda sentencia anula el acto del consejero de Territorioy Sostenibilidad de diciembre del 2018 en que daba por finalizada la vinculación de Acciona con ATLL. También le reconoce a la empresa el derecho a cobrar por la prestación que finalmente sí que realizó durante los meses de enero y febrero de 2019.
Finalmente, la tercera sentencia también estima el recurso interpuesto por Acciona contra la resolución que había denegado la devolución de la garantía definitiva del contrato del 27 de diciembre de 2012 de 29,86 millones de euros. Se reconoce el derecho de Acciona a la devolución de la garantía, así como a ser compensada por los gastos de mantenimiento del aval derivadas de la cancelación en primera instancia de la devolución de tal garantía. La Generalitat, que puede interponer recurso a las tres sentencias, alegó que no había devuelto la garantía porque Acciona incumplió parte del contrato, volviendo tarde las instalaciones -las devolvió el 3 de abril del 2019- y generando una pérdida de 15,91 millones de euros. En febrero del 2022 se acordó el retorno parcial de la garantía cuando Acciona ingresara 15,49 millones.