La Generalitat ha elegido Pere Macias para ejercer el cargo de comisionado por el traspaso de Cercanías. Hasta ahora, el exconsejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Govern de Jordi Pujol ha coordinado el Plan de Cercanías 2020-2030. Macias tendrá que gestionar uno de los asuntos clave por el cual Esquerra Republicana ha dado su apoyo a Pedro Sánchez para ser investido, de nuevo, presidente del Gobierno. Renfe prevé un conjunto de actuaciones por valor de 6.400 millones de euros para renovar los trenes y el resto de infraestructuras. Para llevar a cabo el seguimiento del traspaso se creará la empresa Rodalies Catalunya, con una participación mayoritaria de la Generalitat y un consejo de administración con representantes de la administración catalana y el Estado.
El objetivo de este mecanismo es agrupar todos los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de Cercanías. En clave técnica, el pacto de Cercanías incluye las vías y las catenarias de las líneas del Maresme (R1), Hospitalet-Puigcerdá (R3) y Sant Vicenç de Calders-Barcelona (R2). Otro de los aspectos más destacados del documento también corrige el actual déficit tarifario, de 335 millones de euros. Este punto será formalizado a través de un grupo de trabajo que tendrá que definir sus posiciones durante los primeros trimestres de los años sucesivos. Un servicio, el de Cercanías, que utilizan entre 300.000 y 400.000 pasajeros diarios y registra constantes averías que desde Catalunya se han atribuido siempre a una "inversión insuficiente" por parte del Ejecutivo central en la última década.
El presidente de la empresa mixta que pivotará el traspaso será propuesto por la Generalitat. El documento firmado entre el ministro Félix Bolaños y Oriol Junqueras no es el primer gran anuncio sobre Cercanías. En el año 2009, la Generalitat, bajo la presidencia de José Montilla, y el Estado acordaron que, a partir del 1 de enero del 2010, fuera Catalunya quien asumiera la gestión del servicio. En aquella época, el acuerdo contemplaba que la Generalitat se hiciera cargo de la planificación y la gestión de las rutas, pero las infraestructuras y el material técnico todavía era propiedad de Adif y Renfe. En paralelo, también se firmó una propuesta por la cual, una vez finalizado el contrato programa, la Generalitat tenía derecho a elegir otro operador que no fuera la compañía ferroviaria española.