El gobierno español y CCOO y UGT han anunciado un acuerdo para la aplicación de la jornada laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, firmarán este viernes por la mañana esta rebaja horaria para aplicar durante el 2025. Díaz ya afirmó este martes, después del Consejo de Ministros, que el entendimiento con los sindicatos era “inminente”. La firma del pacto se hará sin la presencia de la patronal, que se ha opuesto a la medida. También ha mostrado sus dudas en las últimas horas el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que sugirió hacer una aplicación gradual, personalizada en diversos sectores y hasta el 2026.
Pocas horas antes del anuncio, Díaz se mostró convencida de que a finales de 2025 todos los trabajadores verían reducida la jornada y cargó contra el ministro socialista por querer demorar su aplicación más allá de 2025, hecho que, según la líder de Sumar, "incumple" el acuerdo del gobierno de coalición.
La firma del pacto se hará sin la presencia de la patronal, que se ha opuesto a la medida
La negociación entre el gobierno español, los sindicatos y la patronal se ha alargado once meses hasta la negativa definitiva de la CEOE de participar en el acuerdo hace un mes. La postura de la patronal ha sido desde el principio de la negociación, el 25 de enero, que no estaba de acuerdo con modificar el límite máximo de la jornada laboral en el Estatuto de los Trabajadores, porque prefería dejar esta cuestión en el ámbito de la negociación colectiva. En julio pasado hubo un punto de inflexión, cuando la patronal dijo que no aceptaba "ultimátums", después de que se presentara un texto con el que los sindicatos ya se sentían cómodos.
Con el espíritu de conseguir un acuerdo tripartito, desde entonces hasta finales de noviembre, el gobierno puso sobre la mesa medidas de compensación por las posibles pérdidas que la reducción de la jornada pudiera causar a las empresas. Finalmente, la patronal se descolgó del acuerdo el 21 de noviembre, manteniendo su postura inicial.
La negociación entre el gobierno español, los sindicatos y la patronal se ha alargado once meses hasta la negativa definitiva de la CEOE de participar en el acuerdo hace un mes
A partir de entonces, comenzó una nueva fase de negociación en la que gobierno y sindicatos trabajaron para cerrar un acuerdo para llevar lo antes posible el proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Un acuerdo que ambas partes han advertido que probablemente no incorporará ninguna de las propuestas de compensación que el gobierno ofrecía a las empresas para intentar sumarlas al acuerdo.
A su vez, los sindicatos han reclamado en todo momento que el acuerdo cuente con medidas para garantizar la desconexión digital de los trabajadores y para controlar que la reducción horaria sea efectiva. Una vez el proyecto de ley llegue a la mesa del Congreso, tendrá un proceso de tramitación que se alargará como mínimo seis meses.