El Govern ha anunciado la creación de una "autopista administrativa" para proyectos empresariales. La consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, ha anunciado la aprobación de un anteproyecto de ley para facilitar la burocracia a las empresas y emprendedores. Una de las principales novedades es la aplicación del principio only once, por el que sólo tienen que ceder los datos a la administración una vez. Esta ya sirve para todos los niveles administrativos y trámites. Esto permitirá un ahorro anual de 38,4 millones de euros a los agentes empresariales.
El objetivo de esta regulación es hacer más ágil y eficiente la relación entre empresas y administración. El Departamento de Empresa y Conocimiento calcula que la iniciativa podrá beneficiar a 564.000 empresas y 362.000 autónomos (el 89% de las empresas y el 91% de los autónomos). El texto iniciará ahora la tramitación parlamentaria y quiere dar continuidad a la Finestreta Única Empresarial (FUE).
Esta novedad se aplicará a proyectos empresariales "estratégicos", por lo que el primer paso será establecer mecanismos para evaluar cuándo una iniciativa es "estratégica". Según un comunicado de la Conselleria, se apostará por proyectos "de mayor valor añadido y presencia tecnológica, que consoliden el tejido productivo y generen empleo".
Otras medidas
Otra novedad que contempla el anteproyecto de ley es el pago de tasas por vía electrónica. En este sentido, las administraciones lo tendrán que facilitar a través de sus sedes electrónicas y el Canal Empresa, que entrará en vigor en dos años. Además, el sistema de control por parte de la administración será posterior: las intervenciones previas serán "excepcionales". Esto significa que en los casos de inicio de actividad, las empresas o emprendedores sólo tendrán que hacer una comunicación o una declaración responsable; en cuanto a la apertura de un nuevo establecimiento, sólo será necesaria una comunicación.
Las 564.000 empresas que se prevé que se puedan beneficiar de la nueva regulación emplean a unos 2,8 millones de trabajadores. De forma detallada, la simplificación del régimen de intervención permitirá ahorrar 26 millones de euros y el establecimiento de la relación digital por defecto, 4,2 millones de euros gracias a la aplicación del principio de aportación de datos una única vez, y 8,2 millones de euros por el hecho de aplicar la administración digital.