El Departamento de Trabajo ha presentado una propuesta que actualiza la normativa para acelerar nuevas inversiones estratégicas en Catalunya. Los proyectos industriales considerados estratégicos disfrutarán de un "tratamiento prioritario" y una tramitación administrativa preferente, con la reducción de los plazos a la mitad y sin necesidad de prórrogas, siempre que no afecten a derechos de terceros.
Se trata de empresas que desarrollen proyectos industriales y de servicios a la producción dentro del ámbito de la industria manufacturera que cumplan las siguientes condiciones como una inversión mínima en activos fijos productivos de 20 millones de euros, y la generación o mantenimiento de un mínimo de 75 puestos de trabajo directos durante un período mínimo de tres años.
No obstante, los proyectos en las Tierras del Ebro, comarcas de Lleida, el Alto Pirineo y Aran, y la veguería del Penedés podrán optar a criterios reducidos, con una inversión mínima de 10 millones de euros y la creación de 35 puestos de trabajo. Se incluyen como estratégicos los proyectos que quieran desarrollar y fabricar tecnología de cero emisiones alineados al reglamento de la Net Zero Industry Act (Green Deal), aprobado el pasado mes de mayo en la Comisión Europea (CE).
Los proyectos que contribuyan a la reindustrialización de zonas que han sufrido cierres o deslocalizaciones industriales serán considerados estratégicos
Todo esto sitúa a Catalunya como pionera en el Estado en implementar un tratamiento prioritario para los proyectos que quieran fabricar tecnologías limpias y de cero emisiones. Por otro lado, también serán considerados estratégicos los proyectos que contribuyan a la reindustrialización de zonas que han sufrido cierres o deslocalizaciones industriales.
En el caso del trámite para solicitar la consideración de Proyecto Estratégico, ya está disponible en el Canal Empresa, Ventanilla Única Empresarial de la Generalitat de Catalunya. Los beneficios de la consideración como proyecto estratégico comprenden la tramitación preferente y la reducción de plazos a la mitad en instrumentos urbanísticos y autorizaciones necesarias para la implantación del proyecto; permisos y calificaciones medioambientales; licencias de obra y de actividad; y otras autorizaciones, licencias e informes de competencia de la Administración de la Generalitat o local.