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Las grandes gestoras de pisos turísticos, bajo sospecha: Consumo abre una nueva investigación

La acción se dirige a empresas que administran centenares de viviendas en varias comunidades autónomas por posibles prácticas engañosas

Un cartel reclama menos pisos turísticos en Barcelona, en una imagen de archivo | iStock
Un cartel reclama menos pisos turísticos en Barcelona, en una imagen de archivo | iStock
Redacción VIA Empresa | ACN
Barcelona
12 de Diciembre de 2024

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación contra grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La investigación se dirige a empresas que administran cientos de viviendas turísticas en toda España y que podrían estar cometiendo, además de prácticas engañosas, infracciones de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios.

 

La ley de competencia desleal considera que es una práctica engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o que pueda inducir a error a los destinatarios

La acción se centra en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, a pesar de tener licencia, se estarían gestionando de forma irregular según la normativa por parte de empresas de intermediación que operan en diferentes puntos de España. Estarían cometiendo, concretamente, prácticas comerciales desleales.

¿Qué es la competencia desleal?

La ley de competencia desleal considera que es una práctica engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o que, a pesar de ser veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. La misma norma recoge en otro artículo algunos supuestos de prácticas que se considerarían engañosas, como por ejemplo "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como consumidor o usuario".

 

Esta investigación sigue a la que Consumo abrió en junio sobre los anuncios que publican algunas plataformas de alojamientos que no disponen de licencia turística. Además, en octubre se empezaron a investigar varias agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Estas prácticas serían, por ejemplo, obligar a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, así como aceptar cláusulas irregulares.