El sector agroalimentario representa más del 16% del PIB valenciano, el 14% de la ocupación y el 24% de las exportaciones de la economía valenciana. A pesar de esto, se enfrenta a retos cruciales que determinarán si el sector continuará marcando, en el futuro, la identidad valenciana y su economía. Este 2020 arranca, ya, con problemas. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta que la borrasca Gloria se está traduciendo en "una sucesión de siniestras climáticos extremadamente graves que se ensañan con los cítricos, las hortalizas de temporada y las infraestructuras agrarias". Si durante las jornadas del domingo y el lunes los agricultores lamentaban daños por las fuertes rachas de viento y por las bajas temperaturas, en las últimas horas las inundaciones provocadas por la gota fría y, en menor medida, el granizo empeoran los daños sobre la agricultura valenciana.
Y esto que en 2019 ha sido un paso más hacia el negativisme, y por eso, las principales organizaciones agrarias valencianas urgen a actuar ya en las Administraciones. Mensaje especial para el nuevo Gobierno de Madrid. Qué problemas marcaron el campo valenciano en 2019?
La DANA y otras adversidades climatológicas
En medio de la borrasca actual, quizás muchos se hayan olvidado de las terribles imágenes en septiembre de los municipios del sur de las comarcas de Valencia y Alicante más afectados por el temporal de lluvias. Perjudicó cultivos, explotaciones ganaderas e infraestructuras, ocasionando pérdidas estimadas en 100 millones por AVA-ASAJA. Muchos anuncios se han hecho para ayudar a paliar los efectos, pero el cierto es que tanto AVA como La Unión de Labriegos y Ganaderos denuncian que todavía no ha llegado nada al campo, ni se conoce la cantidad ni cuando se darán. Además, "importantes daños por piedra" en mayo y julio y las jornadas de viento huracanado en diciembre han subido la cifra de pérdidas acumuladas hasta los 350 millones de euros, según AVA. Veremos el resultado de la borrasca Glòria.
Por su parte, La Unión advierte que el cambio climático "agudizará" la aparición "de cada vez más siniestras", frente a una GOLPE25 con "resultados descoratjadors". Para combatirlo, hacen un llamamiento a apostar por el consumo de productos europeos; no va, publicaron un estudio que reflejaba que las importaciones de productos de países terceros a la UE generaron cerca de 380 millones de kilos en 2018. Un modelo alimentario de proximidad, aseguraban basándose en una investigación de la UOC, reduciría un 72% la emisión de gases de efecto invernadero y un 52% el consumo de energía.
Los acuerdos internacionales
Por supuesto, continúa siendo una de las grandes preocupaciones del sector. No sólo por la competencia directa de los productos importados desde terceros países, sino por el que tildan de "seria amenaza en cuestión de seguridad alimentaria", "entrada de plagas" y "competencia desleal".
La Unión recuerda que en 2019 presentaron un informe que demostraba que las producciones de Suráfrica y Mercosur utilizan "más de 62 materias activas el uso de las cuales está prohibido para la citricultura europea"; además, denuncian que parte de las importaciones de naranjas del extranjero se superponen con la fruta local. AVA destaca que el acuerdo UE-Mercosur "liberalizará de forma extrema las importaciones agrícolas": eliminará los aranceles para el 81,7% y fijará cuotas o preferencias para el resto. Hablamos de productos como frutos secos, uva de mesa, cerezas, hortalizas, arroz, miel y carne de ave.
La Unión denuncia que parte de las importaciones de naranjas del extranjero se superponen con la fruta local
Por otro lado, inquietan las políticas proteccionistas de Donald Trump, que fijó aranceles que llegan hasta el 25% a productos como cítricos -el puerto de Castelló ya ha dejado de enviar clementinas en los EE.UU.-, vinos, aceites y quesos. Están atentos, también, a cómo evolucionará el Brexit y cómo afectará el campo valenciano.
Plagas Con la Xylella fastidiosa todavía no erradicada, AVA-ASAJA se muestra muy dura contra las actuaciones del Gobierno valenciano: dicen que son "lentas" tanto a la hora de arrancar los almendros infectados como la hora de abonar las indemnizaciones, y critican la falta de un plan de reestructuración de la zona infectada. El presidente del AVA, Cristóbal Aguado, de hecho anunció que están estudiando presentar una denuncia contra la Consejería de Agricultura porque "no se está aplicando" el protocolo de actuación: "No sólo se tienen que arrancar los árboles infectados, sino también los que están a 100 metros alrededor. Además, sólo se está actuando en campos abandonados y no sabemos cuando acabarán".
En cambio, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, explicó que existe una Comisión de Seguimiento del plan de erradicació de la Xylella de la cual forma parte AVA-ASAJA. Por lo cual están "permanentemente al día de las actuaciones que se están llevando a cabo" y aseguró que también está auditado por la Unión Europea. "Si hubiera un hipotético incumplimiento, las primeras a intervenir y señalarlo serien las instituciones europeas", subrayó.
AVA-ASAJA responde que en el último informe de la UE se constata "una aplicación tardía y parcial de las medidas de erradicació", con lo cual "numerosas plantas que dieron positivo (...) todavía están presentes en una amplia área infectada con un alto potencial de infección" y recuerdan que la cuantía de las indemnizaciones "no cubren el valor real de las plantaciones arrancadas".
"Emergencia agraria"
AVA-ASAJA alerta que en 2019 ha empeorado la "crisis de rentabilidad" que arrastra el sector desde hace años, puesto que han coincidido "las peores campañas de los últimos tiempos" de los cítricos, fruta de hueso, aceite, caqui y miel, con "precios en mínimos históricos, cosechas malgastadas a los campos y árboles arrancados".
Por eso se han atrevido a decir que el campo valenciano está en una situación "de emergencia agraria", una afirmación grandiloqüent que se explica mejor con datos: el País Valenciano es líder estatal en envejecimiento de la población agraria, por encima de los 64 años de media, y con un 80% de trabajadores que superan los 60 años y que "en 10 años no estarán", advirtió Aguado; también lidera la falta de relevo generacional, es la autonomía con la más baja rentabilidad agraria y la que menos recibe de la PEC.
Todo esto deriva en otro liderazgo, el del ranking estatal de tierras abandonadas, con un total de 161.567 hectáreas en 2019 (un 1,4% que el año anterior). Es llamativo que esta cifra sea superior a la de tierras abandonadas en comunidades autónomas con una superficie agrícola más considerable.
Las asignaturas pendientes de la Administración
Tanto AVA-ASAJA como La Unión critican duramente la Consejería de Agricultura, ahora en manso de Mireia Mollà (Compromiso). La Unión -organización más próxima a la izquierda política- lamenta que los presupuestos de 2020 para el sector "son decepcionantes y certifican un nuevo recorte en las políticas agrarias, con un alarmante abandono de los profesionales del sector y un menfotisme ilógico en forma de retirada de ayudas o rebaja del dinero para modernizar las estructuras agrarias e incorporar jóvenes a la actividad".
Concretamente, baja el presupuesto, respecto al de 2019, en los capítulos de ordenación y mejora de la producción agraria (-1,9%); agricultura y ganadería (-4,9%); estructuras agrarias (-1,2%); desarrollo rural, calidad, producción ecológica, I+D+y (-1,2%) y Política Agraria Común (-6,2%). Por el contrario, aumentan de forma importante las partidas de dirección y servicios generales (+22,1%), medio natural y evaluación ambiental (+8,6%) y, sobre todo, cambio climático (+411,3%).
Sobre estos recortes, la consejera Mollà lo justifica así a este diario: "El que se ve es una foto fija de unos presupuestos que cuestan enormes dificultades para el Gobierno valenciano porque cuentan con una financiación injusta, si no, la foto sería diferente". Además, justifica los incrementos en las otras áreas porque cree que son importantes para la agricultura: "La Dirección general de Agua se encarga de poder tener unos abastiments adecuados para paliar la deficiencia hídrica. Medio Natural ayuda a luchar contra la desertificación: si tenemos una tierra incapaz de absorber alcantarillas de CO₂, ese CO₂ repercute en el campo y en la producción. Y la Dirección general de Transición Ecológica, que antes no existía, ahora tiene una línea presupuestaria para infraestructuras de eficiencia energética en el sistema de regadío, que los puede ahorrar la factura de la luz a los agricultores. Si ayuda a reducir el coste energético, la ganancia sobre el producto es mayor. Cada una de las acciones sea de la Dirección general que sea, todo revierte en un bien común".
Mollà: "Cada una de las acciones sea de la Dirección general que sea, todo revierte en un bien común"
Muy contundente es Cristóbal Aguado: "La primera legislatura del Gobierno valenciano estuvo perdida. Nos hemos reunido dos veces con la consejera, pero salimos sin nada concreto, sin compromisos". Además, lo acusa de estar centrada en "pensamientos idílicos" -en referencia en declaraciones en la línea de los planteamientos de los movimientos ecologistas- más que "al chafar el terreno".
Una de las claves de las penurias del campo valenciano son "los incumplimientos, ausencia o renegociación de contratos", en palabras de La Unión, una cuestión en la cual coinciden con AVA-ASAJA. Ambas reclaman desde hace tiempo una nueva legislación que regulo la cadena alimentaria, donde apuntan que se llevan a cabo "prácticas abusivas" y que "vulneran la legalidad" y que pueden acabar pagando a los agricultores inclús por debajo del precio de producción. El resultado: las imágenes de árboles sin recoger y con la fruta por tierra. En este sentido, también reclaman una legislación para el etiquetado de los productos agrarios que permita al consumidor saber de donde venden. Ya se aplica desde 2018 a la leche y exigen que se extienda a otras como la horchata, el arroz o la miel, hoy imposible de conocer su origen si no tienen sello de Denominación de Origen.
Mollà sostiene que "la ambición" de su departamento es "conseguir unos precios mínimos garantizados de acuerdo con el precio de producción"
Mollà sostiene que "la ambición" de su departamento es "conseguir unos precios mínimos garantizados de acuerdo con el precio de producción". En todo caso, lanza balones fuera: "Es un problema que además la competencia externa agrava. Esta es una situación injusta que necesita regulación y por eso reivindicamos a las autoridades estatales y europeas implicarse para acabar con esta injusticia. Es un debate que hay que tomar seriamente porque la agricultura y la ganadería son los únicos sectores donde se paga menos del que cuesta producir. Un hecho lamentable que se permite porque no se deja regular. Quién puede no quiere, y a quién quiere no lo dejan".
AVA sí que aplaude la Ley de Estructuras Agrarias que se aprobó con el consenso de todos los partidos valencianos la pasada legislatura para afrontar el reto del minifundisme y potenciar una reestructuración parcel·lària para garantizar la viabilidad agraria. Ahora bien, denuncian que el presupuesto destinado a lograrlo "es insuficiente" y "no sólo no sube, sino que baja un 1,2%". En la misma línea apuntan que la Ley de l'Horta de Valencia de momento tan sólo supone "obligaciones, limitaciones y restricciones a la actividad agraria" mientras que "todavía no se ha invertido nada en las medidas del programa de desarrollo agrario", partida que ha visto reducido su presupuesto en un 15% para 2020. Igualmente, critican que el Ente Gestor de l'Horta encara no se ha puesto en marcha.
A La Unión recuerdan que ya organizaron varias protestas durante 2019 y advierten que estarán detrás de más en 2020 "si la situación no cambia y las administraciones agrarias continúan dando la espalda a este sector estratégico".