El ministerio de Hacienda desbloqueará finalmente los 4.500 millones de euros de los anticipos de 2019 que debe de a las comunidades autónomas, 800 millones de euros de los cuales sólo a la Generalitat. La convocatoria electoral habría abierto una "rendija legal" para así pagar antes de finales de mes y no desobedecer el informe de la abogacía del Estado, según ha avanzado el diario El País. El ministerio liderado por Maria Jesús Montero considera ahora que –con las elecciones a la vista- se puede actualizar la financiación porque habrá gobierno en funciones hasta finales de 2019 o principios de 2020 y, por lo tanto, no condicionará el próximo ocupante de la Moncloa.
"Engaño tras engaño. Ministros que afirman tener informes que no tienen; chantajes porque 'hasta que no haya Gobierno' no pueden pagar; y ahora aparece una rendija!, milagrosamente, al empezar la campaña electoral. Vergüenza, caballeros, vergüenza", ha piado el president de la Generalitat, Quim Torra. "Se demuestra que teníamos y tenemos razón al denunciar el gobierno español para retener irregularmente el que nos corresponde. Mantendremos la demanda presentada hasta que no llegue hasta el último euro", ha comentado también a su perfil de Twitter el vicepresident del Govern y conseller d'Economia, Pere Aragonès.
Se demuestra que teníamos y tenemos razón al denunciar el gobierno español para retener irregularmente el que nos corresponde. Mantendremos la demanda presentada hasta que no llegue hasta el último euro.https://t.co/8gtg7hdosb
— Pere Aragonés (@perearagones) September 21, 2019
De hecho, los más de 800 millones de euros retenidos a la Generalitat –correspondientes a la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante el 2019- comportaban un cierre de caja y un recorte del 6% del presupuesto del Govern. Ahora, con las elecciones generales del 10 de noviembre, el ejecutivo de PedroSánchez considera que ha encontrado "la rendija legal" para desencallar la situación sin contradecir el informe de la abogacía del Estado, que impedía liberar estos fondos a un gobierno en funciones.