ICF vs. Tribunal de Cuentas

Inseguridad jurídica, llantos por una ficha bancaria inexistente y el efecto Streissand con el caso Mas-Colell

Los consellers Lourdes Ciuro y Jaume Giró en el Parlament. | EP
Los consellers Lourdes Ciuro y Jaume Giró en el Parlament. | EP
Enric Llarch | VIA Empresa
Economista
Barcelona
30 de Julio de 2021

De hecho, quizás el título no es exacto y tendríamos que decir el ICF contra los elementos, aunque no acabe siendo el fin de la Armada Invencible. Hemos oido más a hablar del ICF durante estos últimos días que no durante todos los años que ha desarrollado una intensa y efectiva tarea de apoyo y acompañamiento financiero con el tejido empresarial catalán. No deja de ser chocante que el protagonista y motor de la historia, un Tribunal de Cuentas con mandatos caducados, quede en segundo término y que estos hayamos visto como el barco del Institut Català de Finances sufría el fuego cruzado de los unos y los otros.

 

Una discrecionalidad que genera inseguridad jurídica

Los unos, supuestos aliados, esbombando primero las presuntas diferencias que el asunto de los avales habría generado entre los dos socios de Govern. Una brillante iniciativa que parece atribuirse al mismo conseller Giró, quizás demasiado rápidamente anunciada, se encuentra con el vacío de la banca catalana y española. Curiosamente, un tal boicot que los expertos no dejan de atribuir en la mano siempre oscura y discreta de las autoridades bancarias españolas, no es objeto de ningún tipo de posición crítica.

Hemos oído más a hablar del ICF durante estos últimos días que no durante todos los años que ha desarrollado una intensa y efectiva tarea de apoyo y acompañamiento financiero al tejido empresarial catalán

Incluso, los más valientes cuando se resistieron a las presiones para sacar la sede fuera de Catalunya, esta vez quedan paralizados. Y es que una inspección demasiado repentina o profundizada o cualquier indicación más o menos velada, puede hundir el proyecto financiero más sólido. Tenemos numerosos ejemplos históricos. La ineficiencia y la inseguridad jurídica que genera tal discrecionalidad por parte de las autoridades bancarias españolas parecen poco relevantes para los que piden la seguridad jurídica del "Lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder" para que devuelvan las sedes huidas en octubre del 2017.

 

Llantos por una ficha bancaria que nunca existirá

Y después del fuego amigo y del silencio del resto, patapam: los obusos en forma de filtraciones sobre dimisiones y votaciones a la junta rectora del ICF. Una junta rectora curiosamente nombrada  por los anteriores responsables del Departamento de Economía que todavía no había sido sustituida por los nuevos y que tiene que asumir y ejecutar la iniciativa promovida por estos mismos. Y aunque la capacidad por hacer la ley por parte de los numerosos tentáculos del estado profundo español es suficiente conocida, el artefacto jurídico armado por Economía y avalado por el ICF parece bastante potente y el objetivo bastante urgente y relevante para asumir unos ciertos riesgos. Esta vez sufrimos, eso sí, las consecuencias de la dilación desmesurada, primero, de convocar elecciones y, después, de formar un Gobierno que ahora ha tenido que actuar a contrarreloj y con el paso cambiado.

En el endemedio, además de los ataques de los pirómanos habituales, hemos tenido que escuchar las lágrimas de cocodrilo de muchos terceravistas sobre las dificultades que esta decisión comportará para el ICF obtener ficha bancaria Y es que al final, aquellos que nos prometían un nuevo banco catalán que no dependiera del Banco de España no están tan iluminados cómo se podría pensar. A ver cuando pasan de las declaraciones de intenciones a los hechos.

Tierra quemada por el compromiso de los moderados

Hay también quién farisaicamente, se escandalizan por un uso impropio de las migradas herramientas del Govern para defenderse de los tentáculos del Estado. Son los mismos que antes han pasado siempre de puntillas ante las distorsiones legales y funcionales que este mismo Estado ha usado para reprimir los dirigentes y la sociedad civil catalana.

Todo ello, impulsa gente tan propensa a la entente y a la moderación como el exconseller Mas-Colell de abandonar cualquier veleidad contemporitzadora, cómo antes ya lo había hecho con el presidente Mas.

Mas-Colell y el efecto Streissand

De momento al Tribunal de Cuentas se le ha atragantado la propuesta del aval y todo el ajetreo creado. Por eso pide que la abogacía del Estado -otros viejos conocidos pero con una obediencia jerárquica más directa hacia el Ejecutivo español- se moje por no entomar la decisión ellos solo. El escándalo internacional que no se produjo a raíz de las multas y embargos por el 9-N tenía también intención de no producirse ahora.

Ya se sabe, todo lo que no sea violencia explícita o prisión cuesta mucho que llame la atención de los medios y de los dirigentes internacionales. Pero la campaña internacional a favor de un economista reconocido mundialmente como Andreu Mas-Colell ha extendido las críticas generalizadas al Estado español a un ámbito hasta ahora poco propenso a manifestarse en favor de Catalunya, el de académicos y universitarios internacionales. Un poco de efecto Streissand para los que querían pasar de puntillas sobre el tema.

El Consejo de Garantías Estatutarias pone Sánchez contra la pared

Y en el entremedio, Pedro Sánchez y su nuevo gobierno, a quien le crecen los enanos y no tiene ni bastante medios ni suficiente voluntad para controlarlos. Y es que junto con Mariano Rajoy, él fue el primer responsable de desencadenar una tormenta que ya se llevó el primero por el delante y que ahora amenaza no solo al ICF, sino la misma supervivencia política de un surfista consumado como Sánchez.

Este jueves por la tarde se supo la conformidad jurídica del Consejo de Garantías Estatuàries en el mecanismo de avales aprobado por la Generalitat, solo con algunas observaciones menores. Sánchez se había comprometido a no recorrer la iniciativa de la Generalitat si el Consejo le daba el visto bueno. Ahora el presidente español se encuentra con el dilema de tener que mantener su palabra y dar instrucciones a la Abogacía del Estado en este sentido o incumplir una vez más sus promesas en una de las características piruetas del presidente español. La batalla todavía no está decidida, pero parece que tenemos más buenas cartas de las que algunos auguraban.