Las previsiones dicen que los presupuestos de la Generalitat para 2020 se aprobarán durante el primer trimestre del año. Esto será posible gracias al acuerdo que lograron el Govern y los comunes sobre fiscalidad. El pacto de aumentar los impuestos a las rentas más altas de 90.000 euros eclipsó otra de las medidas que incluye: un anteproyecto de ley para grabar el almacenaje, la transformación y el transporte de la electricidad con la intención de que las grandes eléctricas se rasquen el bolsillo. Están exentas la eólica y la fotovoltaica. La industria ve esta medida con preocupación, especialmente las empresas que generan su propia energía.
El texto que se aprobará es un calco de una regulación que ya existe en Extremadura, hecho admitido por el propio Govern, que ideó esta estrategia para evitar que el Tribunal Constitucional tumbe este impuesto, tal como ha hecho con otros proyectos de ley como la del cambio climático o el tributo a las bebidas azucaradas. "No han tenido en cuenta que la realidad extremeña y la catalana son muy diferentes", indican fuentes de una de las compañías afectadas por el impuesto. De hecho, el decreto se olvida de las empresas que practican la cogeneración, casi inexistente en Extremadura pero que en Catalunya practican 132 firmas.
La cogeneración es una práctica por la que una empresa genera su propia energía y, además, reutiliza el residuo que se crea en el proceso industrial. Un ejemplo de esto es LC Paper, que quema gas para generar electricidad y utiliza el vapor que resulta de este proceso. Según fuentes de la propia compañía, no es energía renovable, "pero es lo que más se acerca entre las no renovables". De hecho, defienden que el rendimiento de la energía generada que se llega a tener con el sistema de cogeneración es de entre un 70% y un 90%.
500.000 euros más
Los argumentos de las empresas que practican la cogeneración incluyen cifras. Ahora, LC Paper paga entre 1,5 y 1,7 millones de euros de impuestos anuales, hecho que representa un 20% de la facturación. "Si a esto añades el nuevo tributo, la cifra ascendería unos 500.000 euros más y haría insostenible el sistema de cogeneración, que tendría pérdidas", aseguran.
Una de las principales quejas del sector es que esta medida "no forma parte de un plan de transición energético más amplio, sino que es un simple mecanismo para recaudar más dinero y poder aumentar los gastos en los presupuestos". Una de las soluciones que ve la industria afectada es incluir una exención para pymes o para firmas que generan su propia energía. Consideran el impuesto "una penalización a unas industrias líderes en racionalidad energética".