Lo han pedido por activa y por pasiva, pero poco caso les han hecho. Foment del Treball lleva desde el inicio de la crisis provocada por la covid-19 exigiendo a las diferentes administraciones que no suban impuestos ni creen impuestos nuevos porque, si "ahora es el momento de incentivar la economía", esta vía no facilitará el camino de la recuperación por mucho que los gobiernos necesiten liquidez. Sea como sea, el debate está abierto y precisamente por eso, la patronal catalana organizaba a principios de semana un seminario web sobre impuestos y su aplicación en Catalunya, en que la secretaria d'Hisenda del Departament de Vicepresidència i Economia, Marta Espasa, y el director de la Agencia Tributaria de Catalunya, Eduard Vilà, han rendido cuentas del trabajo hecho por parte de la administración catalana en tiempo de coronavirus. Antes, un aviso claro del secretario general de Foment, Salvador Guillermo: "No es el momento de hacer una subida de impuestos porque tiene un efecto contraproducente para la actividad económica".
El Consejo de Ministros aprobó hace un par de semanas unos presupuestos generales que contemplan un incremento fiscal en el impuesto sobre sociedades, el IRPF, y el impuesto de patrimonio -entre otros-. Esto no gustó nada a las patronales y, de hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya lamentó que las cuentas del Estado "son poco realistas". Además, después de recordar que otros países cercanos como Francia o el Reino Unido están bajando los impuestos porque, sostiene, "es el momento de las ayudas", España los eleva todavía más. "Se está castigando de nuevo a las empresas", lamentaba entonces.
Y es que, como recordaba -otra vez- Guillermo, "si nos focalizáramos en crear empleo, tendríamos más ingresos tributarios". Pero parece ser que a las administraciones les cuesta encontrar una salida que vaya por esta vía y apuestan por un rediseño de la política fiscal que, en el caso de la Generalitat, "garantice la suficiencia financiera", "aumente la progresividad del sistema fiscal catalán" e "incentive un crecimiento sólido y sostenible", como exponía la secretaria de Hisenda.
Guillermo: "Si nos focalizáramos en crear empleo, tendríamos más ingresos tributarios. No es el momento de hacer una subida de impuestos porque tiene un efecto contraproducente para la actividad económica"
Pero empecemos por el principio. Además de los ya citados, el Gobierno también hará tributar a las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las socimi, que pasan de estar exentas de pago a tener que tributar un 15%. A esto se suma el incremento del diesel -que se acercará a los precios de la gasolina-, el impuesto sobre primas de seguros -que pasa del 6% al 8%-, el aumento el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%- y creará un impuesto para los envases de plástico no reutilizables.
Así que finalmente darán luz verde a todo aquello que el empresariado ha prácticamente suplicado que no se hiciera en este momento porque justamente son las empresas quién puede reactivar la economía. Eso sí, si juegan con un poco de margen. Pero UGT no está de acuerdo con estas peticiones y este viernes el secretario general del sindicato en España, Pepe Álvarez, defendió la subida de impuestos bajo el argumento de que "es la manera más justa, que cada cual pague en función de lo que tiene y no de lo que consume".
Del Estado a Catalunya
Mientras el Congreso de los Diputados debate la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2021 -que tiene margen para salir adelante hasta principios de diciembre-, el Govern también va haciendo su trabajo con una idea clara: ayudar a los más perjudicados por la crisis de la covid-19. La secretaria de Hisenda explicaba este martes que los presupuestos de la Generalitat tienen por objetivo "hacer un país de prosperidad compartida" con medidas tributarias vinculadas al IRPF, al impuesto sobre sucesiones o a las viviendas vacías, entre otros.
La del IRPF, por ejemplo, quiere "incrementar el mínimo exento en un 10% a los contribuyentes con una base liquidable total o inferior a los 12.450 euros", cosa que hará perder unos 12,4 millones de euros a la Generalitat, pero beneficiará a 205.042 contribuyentes con una ganancia media de 60 euros per cápita. También se ha tenido que aplazar el pago de la tasa turística hasta octubre y no se incrementarán las tarifas hasta junio de 2021. Además, un nuevo impuesto catalán grabará el riesgo de deterioro medioambiental para aquellas instalaciones que inciden en el medio ambiente.
El Gobierno tendrá que destinar 100 millones de euros a la subida del 0,9% del sueldo base de los trabajadores públicos decretada por el Estado
La lista es larga, pero lo que está claro es que, como recordaba Espasa, la Generalitat ha elevado un 6% aquellos impuestos no afectados por la covid-19, porcentaje que representa unos 572 millones de euros, pero ha perdido un 21,07% en ingresos tributarios por los impuestos que sí se han visto tocados por la crisis, como el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, el de las bebidas azucaradas, el de sucesiones y donaciones o los tributos sobre el juego. En definitiva, en tiempo de coronavirus, la Generalitat ha recaudado un 15,5% menos en impuestos de lo que había calculado en un escenario sin pandemia.
Además, ahora el Govern tendrá que destinar 100 millones de euros a la subida del 0,9% del sueldo base de los trabajadores públicos decretada por el Estado, un incremento que, según aseguran, depende únicamente del Estado puesto que es precisamente el Ejecutivo central el único que tiene la potestad de decidir si sube -o no- los salarios públicos, mientras que la Generalitat está obligada a acatar el que se decida desde Madrid. Ahora bien, el Departament de Polítiques Digitals no ha querido entrar en detalle a la hora de pronunciarse sobre si harán cambios a los complementos del sueldo que dependen de la Generalitat, cosa que presumiblemente decirian una vez se hayan aprobado los presupuestos generales del Estado.
Y mientras tanto...
Miles de trabajadores todavía no han visto ni un euro del SEPE por los ERTE por causas de fuerza mayor. Mientras hay personas en el paro que han visto cómo cobraban más de lo que les tocaba, o que a su empresa les sacaba del expediente de regulación y continuaban cobrando la prestación, al tiempo que ninguno de los parados desde el 12 de agosto en Barcelona ha cobrado la prestación (por ejemplo). Justamente en este sentido, UGT denunciaba el incremento del trabajo en las oficinas de empleo y aseguraba que los trabajadores del SEPE tienen que hacer frente con una plantilla que se ha recortado un tercio en los últimos 10 años. Y esto tiene consecuencias.
Consecuencias como la reciente citada de atrasos de hasta tres meses en la tramitación de las prestaciones ordinarias de paro, hecho que ha llevado a algunas personas a ofrecer un servicio ilegal de venta de citas previas y, de hecho, en algunos locales del barrio de Ciutat Vella, como locutorios o lavanderías, se pueden ver carteles colgados que lo anuncian, cosa que el SEPE ha avisado de que llevará esta práctica a los tribunales.
Más colapso del SEPE durante la segunda ola de coronavirus, menos trabajadores, prestaciones que no llegan e impuestos que suben. Pero, eso sí, los trabajadores públicos cobrarán un 0,9% a partir de 2021 y la Casa Real verá incrementado su presupuesto en un 6,9%. Y, mientras tanto, el contraste con muchos trabajadores del ámbito privado, que continúan haciendo las mil y una para llegar a finales de mes. ¿Es esta, pues, una crisis para todo el mundo? O, ¿hay quién se salva?