La inflación está registrando cifras nunca vistas en los últimos tiempos en las economías desarrolladas de todo el mundo. En 2021, en el conjunto del Estado español, el IPC aumentó en un 6,5%, afectando a todas las regiones de forma similar. En Catalunya, el incremento fue del 6,1%. En los primeros seis meses del año 2022, la tendencia es aún peor: hasta el mes de mayo, en Catalunya, los precios crecieron un 8,2% respecto al mismo período del ejercicio anterior, ligeramente por debajo de la media estatal (8,7%). Varios son los factores explicativos, tanto en la demanda como en el lado de la oferta.
Sin embargo, la inflación no es adonina desde el punto de vista impositivo, ya que puede provocar que, ante aumentos nominales de la renta, los contribuyentes se vean “empujados” a tramos superiores de la escala de tipos aplicados, por la lo que aumenta la carga fiscal sin que la capacidad económica real haya aumentado. Este fenómeno se conoce como rémora fiscal o progresividad en frío.
La política tributaria, por tanto, juega un papel clave. En caso de no corregir los efectos perniciosos de la inflación, los objetivos de la Hacienda Pública pueden verse comprometidos. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, se altera la proporción óptima entre el sector público y privado al aumentar la recaudación, además de ofrecer una percepción de que las Administraciones Públicas no están sujetas a las mismas restricciones presupuestarias que hogares y empresas.
El coste de la inflación en Catalunya
La rémora fiscal se da, especialmente, en el caso de los impuestos progresivos como el IRPF. Este impuesto en concreto (IRPF) está cedido al 50% a las comunidades autónomas del régimen común, y éstas pueden contar, además, con cierta capacidad normativa para modificar algunas características del tributo.
Para el conjunto del Estado, la factura fiscal en 2021 ha sido de 4.110 millones de euros, de los que 1.693 millones de euros se deben a la no indexación de las tarifas, mientras que los 2.417 millones de euros restantes explican por los ajustes no aplicados en la definición de las bases imponibles y liquidables. Además, desde el año 2007, momento en que entró en vigor la actual estructura del IRPF, no se ha producido ningún ajuste en lo que se refiere al nivel de precios, por lo que, en realidad, los contribuyentes estarían pagando un sobreimpuesto acumulado desde el año 2008.
Catalunya sería la autonomía que asume mayor carga fiscal por contribuyente. El motivo es que, al ser una de las regiones con mayor renta por habitante, la progresividad del impuesto hace que el efecto sea mayor en los tramos de renta más elevados. En concreto, mientras que para el conjunto del Estado cada declarante asume un sobreesfuerzo de 199€, los catalanes asumen un coste de 224€, sólo detrás de la Comunidad de Madrid (240€). Atendiendo al impacto dentro de Catalunya, el coste fiscal también ha sido heterogéneo. La provincia más afectada ha sido la de Barcelona (231€), seguidas de Girona (209€), Tarragona (200€) y Lleida (190€).
En cuanto al sobreimpuesto acumulado, la media estatal por contribuyente es de 698€. De nuevo, es en las regiones con mayor dinamismo económico donde los ciudadanos sufren más carga fiscal. Catalunya es la segunda autonomía en la clasificación, reflejando un coste acumulado entre 2008 y 2021 por declaración debido a la no indexación del IRPF de 796€.
El valor agregado del sobreimpuesto asociado a la no indexación acumulado desde 2008 en Catalunya suma alrededor de 3.000 millones de euros, dos tercios de los cuales se corresponden al período 2008-2020, mientras que el resto se debe al período de alta inflación del ejercicio 2021. Por provincias, la más afectada en ambos períodos es la de Barcelona, con un total de 826€. Girona (732€), Tarragona (702€) y Lleida (661€) completan la clasificación.
¿Por qué deflactar la cuota autonómica?
La progresividad en frío obliga a realizar una política fiscal activa por parte de los gobiernos, tanto estatal como autonómico. Pues si no, el impuesto sobre la renta estaría dejando de gravar la capacidad real de los contribuyentes para grabar su capacidad de pago nominal, desvirtuando su teórica naturaleza.
De esta forma, el papel de los gobiernos autonómicos debe ser protagonista por varias razones. La primera es que tienen cedido el 50% de la cuota del IRPF. Además, disponen de suficiente capacidad normativa como para poder mitigar el impacto del alza de los precios y reducir el sobreimpuesto soportado por los ciudadanos.
El segundo motivo para abordar este problema desde una perspectiva autonómica es que el incremento del IPC y el coste por contribuyente, aunque en todos los casos ha sido importante, ha tenido un comportamiento distinto por comunidades autónomas. Por último, los gobiernos autonómicos son los más adecuados para adaptarse mejor a las necesidades específicas del territorio para corregir los posibles costes asociados a la no indexación impositiva, al conocer mejor las preferencias de los contribuyentes (efecto proximidad).