Es la historia interminable, el día de la marmota y el cuento de Elpaís de Nunca Jamás. La falta de ejecución presupuestaria en infraestructuras en Catalunya continúa abriendo debate, pero, como ya es habitual, mucho ruido y pocas nueces. El Gobierno español sigue sin cumplir con sus promesas escritas y aprobadas en las cuentas anuales del Estado y, mientras tanto, la competitividaddel territorio catalán se encuentra eclipsada y menguada por la demora de las inversiones. Punto y aparte en la lucha histórica entre los agentes sociales para ver quién se erige como la voz cantante de las infraestructuras, que ahora buscan la manera de sumar fuerzas para lograr un objetivo común: acabar con el déficit histórico y desencallar la lentitud con que la se ejecutan -o no- estas obras.
La semana pasada, Foment del Treball avisaba de que no daba de baja ninguna infraestructura del catálogo CAT-100 en 2019 porque ninguna de ellas se ha completado. La patronal volvía a dar un toque de atención al Gobierno de PedroSánchez, a quien exigía -y exige- que cumpla con las cuentas estatales, incremente su inversión, priorice los proyectos con más retorno económico, social y ambiental y se aceleren todos los procesos de licitación para compensar la inversión parada por la covid-19.
Mientras espera respuestas a escala estatal, la patronal catalana también anunciaba que, si todo va bien, el 14 de octubre reunirán a toda la sociedad civil catalana en la cuarta noche de las infraestructuras, que tenía que celebrarse en abril, pero la covid-19 lo paró en seco. En el acto participarán agentes y entidades como el Cercle d'Economia, el Racc o la Cambra de Contractistes, entre otros muchos, ¿pero qué pasará con la Cambra de Comerç de Barcelona?
2020 empezaba con una pugna entre los de Joan Canadell, y los de JosepSánchez Llibre y JosepGonzález, que, después de haber firmado la paz patronal, iban a la par contra la Cambra al considerar que el documento del Consell General de Cambres de cara el anteproyecto de la ley de cámaras "quiere alterar y perjudicar la representatividad de los agentes sociales". Esto, entre otras cosas, marcó un antes y un después entre la Cambra y las patronales, que se han excluido mutuamente en sus reivindicaciones por las infraestructuras catalanas a pesar de seguir una misma línea argumental. Pero la cronificación del problema ha salvado relaciones en cierto modo y fuentes de la Cambra de Barcelona aseguran a VIA Empresa que "nos sumamos a todo lo que suponga avanzar y mejorar el estado actual de las infraestructuras y el déficit histórico que arrastramos".
El Consell de Cambres ha dedicado el monográfico que acompaña a la Memoria Económica 2019 -presentada esta semana- a las infraestructuras. "Es poco original y muy aburrido hablar de infraestructuras: hace muchos años que hablamos de las mismas carencias, pero los empresarios somos persistentes", decía el presidente de la Cambra de Comerç de Reus y de la comisión de infraestructuras del Consell de Cambres, Jordi Just. Tanto él como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como Canadell destacaban en la presentación en la Casa Llotja de Mar que la importancia de las infraestructuras no se limita a las tradicionales.
"No podemos pensar en un país en red sin que la fibra óptica y el 5G lleguen a todas las comarcas catalanas". apuntaba Just. En la misma línea, el catedrático de economía de la UB Germà Bel destacaba la importancia de priorizar las que son más importantes y hacía un paralelismo: "Cuando hay una crisis sanitaria, la gente se toma una aspirina; cuando hay una económica, se hace una infraestructura. Son como las aspirinas. Si te tomas una caja entera, el estómago se resiente de ello. Si haces una caja de infraestructuras que no es necesaria, vamos mal".
El tira y afloja de la (no) política
El estudio del Consell de Cambres presentado en diciembre sobre el Impacto económico del déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya, volvía a poner de manifiesto que la distribución territorial de la inversión en infraestructuras "perjudica claramente" a Catalunya y hacía saber que el Estado ha dejado de ejecutar en Catalunya cerca de 8.000 millones de euros presupuestados en el periodo entre 2001 y 2018. El impacto económico que esto representa se sitúa en el 3,3% del PIB y en la pérdida de 111.500 puestos de trabajo. Si estas cifras ya ponían los pelos de punta entonces, la crisis provocada por la pandemia de covid-19 todavía agrava más la situación.
La Comisión Europea volvía a empeorar esta semana sus previsiones para España y ya pronosticaba una caída del 10,9% del PIB este 2020, convirtiendo la española en la economía con una caída más pronunciada de la zona euro. El economista José María Gay de Liébana todavía es más pesimista y cree, que si no hay rebrote, la economía se hundirá un 12,8%. Esto, sumado a un déficit público cada vez mayor, hará difícil que las inversiones en infraestructuras se puedan ejecutar este año tal y como estaba previsto, cosa que no es ninguna novedad. Como decía el economista y profesor de IESE Xavier Vives hace unos días, "las inversiones no se han hecho donde se tenían que hacer", pero, eso sí, "se ha hecho una inversión excesiva y sin justificación en el AVE y no hay beneficios que la soporten".
Y aquí es donde entra en juego la (no) política que se hace con las infraestructuras, un tira y afloja que ignora completamente las necesidades del territorio. "Hay toda una serie de restricciones políticas que, por diferentes intereses, acaban en una mala decisión". Ejemplo de esto son, apuntaba Vives, "que la Estación de Sants continúe estando como está con el dinero que se ha gastado en infraestructuras" o que "se pospongan los planes de aviación porque habrá un terreno más débil" porque, señala, "no hay que perder de vista que el aeropuerto tiene una estructura central y que no puede descentralizar".
En este sentido, Torra se limitaba a hacer un alegato político durante la presentación de la Memoria Económica de la Cambra: "La Generalitat es un usuario más de la mayoría de infraestructuras críticas de Catalunya, a veces como gestor. Pero los responsables viven en Madrid. Las decisiones no las tomamos nosotros".
Ni color, ni inversión
Poco entienden las infraestructuras de colores políticos o poco entienden los políticos de infraestructuras. La cronificació de la no-inversión y no-ejecución por parte del Gobierno español ha pasado por todos los ejecutivos y, sea PSOE o PP, nunca se ha cumplido con aquello que estaba presupuestado. La variante de Vandellòs del Corredor Mediterráneo entró en funcionamiento este enero de 2020, pero la previsión era que ya lo hiciera en 2019. De hecho, Iñígo de la Serna ya había hecho varios anuncios con fechas fallidas: 2013 y, después, 2015. Más de 22 años de promesas y de anuncios no cumplidos, para restar sólo media hora del trayecto entre Barcelona y València. Todavía se tarda 25 minutos más a viajar entre las dos ciudades -350 kilómetros aproximadamente-, que en hacer más de 620 kilómetros de Barcelona a Madrid.
Según datos del propio Ministerio de Fomento, de media, el grado de ejecución del Estado en Catalunya se ha mantenido en el 73,7%, pero la crisis de 2008 ha demostrado que la cosa cada vez va a más y la diferencia entre las inversiones presupuestadas y las ejecutadas se amplía. El año 2018, por ejemplo, cerró con sólo un 54,2% de ejecución, prácticamente la mitad de lo que se había prometido.
Si la anterior crisis ya puso de manifiesto lo tocada que quedaba la inversión estatal en infraestructuras en Catalunya, habrá que ver cómo afecta ahora el coronavirus. Pero, del mismo modo que sin política industrial no hay competitividad ni posibilidad de situar al territorio en el mundo, y que sin empresas no hay recuperación económica; sin inversión en infraestructuras se resta calidad de vida de la ciudadanía, se desenamora la inversión extranjera y nos alejamos de los países líderes en competitividad. Y es que, como decía la presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, "las infraestructuras van alineadas con la competitividad del territorio" y, por lo tanto, "cualquier demora que nos facilite realizar las inversiones, nos resta competitividad".
De eso mismo hablaba Jordi Just en la presentación del estudio del Consell de Cambres al referirse al Corredor Mediterráneo. "Llega tarde y mal, hemos acumulado una década de retrasos y el impacto de dejarlo a medias para la competitividad y la capacidad exportadora será alto". La situación que ha creado la crisis del coronavirus será de una contracción económica mayor que la de 2008, pero, tal como avisa Justo, "la inversión es clave para la recuperación y puede servir para generar actividad empresarial, ocupación y consumo".