La revuelta agrícola de hace un año demostró la fuerza del campesinado europeo unido. Sin embargo, al mismo tiempo mostró el peso de las crecientes incertidumbres que acompañan su actividad:
- Impacto creciente de fenómenos climáticos destructivos, debido al cambio climático.
- Costes de las nuevas exigencias para hacer frente al reto climático y medioambiental.
- Tensiones incrementadas por relaciones comerciales internacionales desiguales, expresadas en la demanda de cláusulas espejo.
- Transformación tecnológica como fuente de oportunidades pero también de exigencia de recursos financieros, que no todas las empresas pueden asumir fácilmente.
- Tendencia, asociada a la tecnología, hacia una mayor dimensión de la empresa agraria.
- Cadena alimentaria muy asimétrica a favor de los eslabones de la distribución y la transformación.
- Acuerdos comerciales liberalizadores que tensionan los mercados.
- Seria problemática sobre la fauna autóctona.
- Competencia sobre el suelo agrario productivo desde el impulso de la energía fotovoltaica.
- Falta de una adecuada planificación en defensa del suelo agrario. La ley de espacios agrarios continúa sin reglamento.
- Crítica sostenida sobre la actividad agraria desde entornos culturales eco-esteticistas.
- Todo ello acompañado de una burocracia mal diseñada, en los tres niveles de gobierno, que alarga y dificulta los procesos.
- Y una larga serie de dificultades vinculadas a la gestión de un activo biológico crítico (enfermedades, plagas, etc.).
Demasiadas dificultades, demasiadas incertidumbres que requieren soluciones, solo posibles desde una reorientación estratégica de las políticas agroalimentarias. La seguridad del suministro alimentario precisa reducir tensiones y garantizar estabilidad. Este fue uno de los mensajes que la ciudadanía captó de las protestas.
La respuesta de la Comisión Europea
La Comisión Europea despertó sorpresa ante la fuerza de las protestas. Su respuesta tuvo dos orientaciones principales. Por un lado, se retrasaron o descartaron algunas medidas de carácter medioambiental (ley contra la deforestación, ley de restauración de la naturaleza, cuaderno digital). Por otro lado, a iniciativa de su presidenta Ursula von der Leyen, se impulsó el “diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la Unión Europea”, trabajos que han generado un documento publicado el pasado 4 de septiembre.
En el documento referido se señala el rol estratégico de la agroalimentación, se apuesta por el equilibrio de la cadena alimentaria y se remarca el triple prisma medioambiental, social y económico de las políticas agrarias. Todo ello, en principio, deberá ser concretado en futuras decisiones ejecutivas.
La Comisión Europea despertó sorpresa ante la fuerza de las protestas
Uno de los aspectos a destacar es que se expresa claramente que una realidad diferenciada de la agricultura requiere respuestas diferenciadas. En este sentido, observa que las ayudas a la renta básica no guardan relación con las necesidades y expresa la conveniencia de orientar los fondos a los más necesitados para prevenir el abandono. A partir de este enfoque imagina unos supuestas ayudas “a la carta”. Entre los criterios que señala para justificar las ayudas diferenciadas el documento menciona las limitaciones naturales, pequeñas explotaciones, jóvenes agricultores y nuevas incorporaciones. El documento indica textualmente que para adoptar “un enfoque efectivo de apoyo a la renta, debe basarse en la viabilidad económica (el subrayado es mío) de los agricultores, la cual debe demostrarse mediante una metodología estandarizada. La Comisión Europea debería encargar a un grupo de trabajo independiente compuesto por expertos en política social, económica y gastronómica la tarea de evaluar los mecanismos y criterios más apropiados para orientar mejor los pagos a la renta”.
Quizás soy demasiado desconfiado, pero posiblemente, tal como nos tiene acostumbrados la Comisión Europea, este grupo de expertos para analizar la viabilidad económica de la empresa, diseñará unos procesos minuciosos basados en el perfeccionismo burocrático. Los que no somos tan expertos sabemos que lo bueno es enemigo de lo perfecto. De hecho, ya existe una discriminación positiva a favor de pequeñas explotaciones y a la incorporación de jóvenes, pero tener en cuenta como criterio de distribución de renta su viabilidad económica puede ser claramente disfuncional, ya que en caso de continuar por esta línea, se estarían valorando empresas agrarias por indicadores de viabilidad que dependen de la gestión singular (buena o mala) de la empresa agraria, no de una realidad objetiva independiente de la empresa, tal como son los parámetros físicos de entorno y geolocalización. Además, el sistema para juzgar la viabilidad económica de las empresas agrarias para merecer un apoyo financiero puede ser la fuente más grande de burocracia sobre un concepto individualizado muy manipulable y fuente de fraude. Creo que el criterio discriminador debería ser solamente la dificultad objetiva (orografía y condiciones edafoclimáticas vinculadas a la localización).
Hacia unas ayudas efectivas sin burocracia
Ciertamente, la realidad en la que se asientan las empresas agrarias es compleja y diferenciada. No es lo mismo producir en el Solsonès, en la Segarra o en el Delta de l'Ebre. No es lo mismo producir con baja pluviometría sin riego que hacerlo en el Pla d’Urgell. Las condiciones edafoclimáticas y orográficas diferentes suponen diferentes grados de potencialidades productivas y, por tanto, de competitividad. Un hecho que puede ser fuente de abandono de las áreas más desfavorecidas. Sin embargo, para garantizar una serie de servicios públicos (defensa de los bosques y de los espacios naturales, del paisaje, de la vida rural, del equilibrio territorial, etc.) es necesario que se sostenga la actividad agraria en todo el territorio. Por esta razón es necesario que la dificultad tenga una compensación en forma de créditos climáticos o aportaciones públicas.
Unas ayudas basadas en la dificultad física objetiva no requerirían de ninguna burocracia. Las explotaciones ubicadas en entornos de dificultad objetiva podrían recibir una compensación por el interés de la sociedad de su permanencia sin ninguna otra justificación que no fuera el desarrollo de una determinada actividad agraria, forestal o medioambiental.
Como ejemplo ilustrativo, el pago compensatorio de la sequía ya ha tenido en nuestra casa una aplicación ejemplar que puede señalar el camino de la desburocratización. Los agricultores han recibido la ayuda sin llenar ningún formulario de petición y justificación, dado que el objeto de las ayudas era objetivo e independiente de la acción de la explotación agraria. Los servicios de seguimiento climático conocían qué áreas habían sido más o menos afectadas, no era necesario preguntárselo a los campesinos, ni era necesario que lo demostraran. De acuerdo con criterios objetivos han recibido los fondos adjudicados a la compensación por la sequía sin tocar ningún papel.
No es lo mismo producir con baja pluviometría sin riego que hacerlo en el Pla d’Urgell
Más allá del pago de las ayudas, la acción contra la burocracia es imprescindible. Sin duda es necesario que las tres administraciones afectadas (UE, Estado, CCAA) revisen de una manera completa y desde una visión holística todos los procesos de relación del agricultor con la Administración Pública. Las nuevas tecnologías han llegado, disponemos de las mejores herramientas digitales y telemáticas para hacer bien las cosas. Sin embargo, la puesta en marcha de los procesos actuales son herederos de una gestión sin estos medios y, normalmente, han sido diseñados por técnicos, probablemente buenos técnicos informáticos, pero alejados de la hipercomplejidad de la producción de alimentos. Es necesario cambiar mentalidades hacia la desburocratización (incluyendo a los interventores) no para perder seguridad jurídica, sino para ganar sentido común y agilidad. Los datos deben estar en un solo lugar, consultable desde todos los entornos que los precisen y nunca se debe pedir un dato que ya se dispone. En fin, en este apartado queda mucho trabajo por hacer y hay que hacerlo con una mentalidad siglo XXI
Nuevas protestas un año después
Sin embargo, mientras tanto, las lentitudes burocráticas de la Unión Europea han impacientado a los agricultores, quienes están regresando a las protestas. Un factor que ha servido de detonante ha sido el reciente acuerdo comercial con MERCOSUR, pendiente aún de ratificar por los Estados. Impulsados por los tres grandes sindicatos agrarios españoles (UPA, COAG y ASAJA), se han iniciado una serie de tractoradas en diferentes ciudades de España para pedir soluciones a los diversos problemas recogidos en una especie de demandas “ómnibus” entre los cuales, según estos sindicatos, están los acuerdos comerciales internacionales (MERCOSUR, Marruecos, Nueva Zelanda...); la equiparación de los requerimientos medioambientales de la UE a las importaciones desde países competidores; la flexibilización y simplificación de la PAC con cambios en algunas normas del Green Deal; refuerzo de los seguros agrarios frente al incremento de hechos catastróficos, la modificación de la ley de la cadena alimentaria para que garantice el precio por encima de los costos y un sinfín de reivindicaciones más.
A pesar de reconocer la justificación de las protestas, se observa un sesgo preferente hacia reivindicaciones meramente defensivas. En algunos casos aferrados a causas sin salida que hacen perder un tiempo necesario para avanzar en caminos de futuro. Por ejemplo, la recurrente demanda de una ley de la cadena alimentaria que garantice unos precios por encima de los costos es un camino sin salida. Tal como he expuesto en anteriores escritos, la ley de la cadena alimentaria no tiene esta función ni la puede tener. Los caminos para obtener unos precios más competitivos pasan por la actualización tecnológica, reforzar la organización sectorial y la cooperación para ganar dimensión, además de hacer un buen uso de los recursos que la ley de la cadena alimentaria proporciona (observatorio de precios, precios de referencia, código de buenas prácticas, lucha contra relaciones abusivas, etc.).
Mientras tanto en Catalunya
Mientras tanto en Catalunya el Gremi de la Pagesia (o Revolta Pagesa) tiene previstas nuevas movilizaciones el día 10 de febrero. La Unió de Pagesos los próximos días 7-9 de febrero celebra con orgullo su XIV Congreso que coincide con su 50 aniversario, de momento no se ha pronunciado sobre estas posibles movilizaciones.
El Gremi de la Pagesia tiene previstas nuevas movilizaciones el día 10 de febrero
El descontento del campesinado tiene muchos argumentos tal como se han señalado en este artículo. Sin embargo, las soluciones dependen de diferentes actores y de diferentes Administraciones. Sin duda hay razones para presionar en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, me atrevería a sugerir que se tenga en cuenta la voluntad manifestada de las diferentes Administraciones y, particularmente, la catalana, para dar respuesta a las dificultades en la medida de sus capacidades. La Administración Catalana puede y debe ser un aliado para obtener resultados en el conjunto del Estado y la Unión Europea.