Kierkegaard decía que existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Podría ser una excelente reflexión sobre esta historia inverosímil, la de la deuda externa argentina, sobre la iniquidad y las complicidades que esconde desde su origen y, en particular, sobre su dramática incidencia en la vida del país y el destino de millones de argentinos.
Casi medio billón de dólares. 467.000 millones. Una cifra solo superada, en épocas risueñas, por el PBI nacional. Es la deuda, la deuda externa de la República Argentina. Esa deuda, impagable para muchos, que, desde hace décadas, condiciona la existencia de sus ciudadanos desde su primer instante de vida, cuando, antes incluso del abrazo de bienvenida, les aguarda un descubierto de 10.000 dólares base que, como argentinos, van a tener que pagar al Fondo Monetario Internacional, a la banca mundial y a los fondos de inversión. Un endeudamiento que, de reestructuración en reestructuración, exhibe su firme vocación de crecer y ser infinito.
Más allá de su expresión de debilidad, de síntoma de mala gestión de las cuentas públicas por parte de su clase dirigente o de estancamiento crónico de la productividad nacional, la deuda de Argentina, como la de muchos otros países de la región, ofrece múltiples lecturas. Por lo general poco benévolas para una de las partes, o para deudores y acreedores. ¿Por qué razón? Porque, históricamente, la deuda externa no ha sido únicamente un conjunto de operaciones financieras internacionales supuestamente al servicio de la ayuda a países en dificultades; ha constituido, en buena medida, un instrumento político, de disciplinamiento ideológico y geopolítico y de práctica usurera generadora de enormes beneficios. Para la banca privada, los organismos financieros internacionales y las élites empresariales de las economías nacionales. Difíciles de asumir si se contrastan con los daños y sufrimientos para las mayorías sociales de los países deudores.
Zaiat (economista): "La deuda argentina se incrementó hasta lograr sus niveles actuales de forma irregular, arbitraria, incluso ilegal, sin que pasara nada, sin responsables"
La historia de la deuda argentina es un caso extremo de fraude normalizado. Extremo por su extensa y opaca cadena de episodios y encubrimientos de maniobras financieras irregulares cometidas, como mínimo, a lo largo de las últimas cinco décadas: concesiones escandalosas; usuras sin medida; asientos fraudulentos; comisiones y prebendas de diversa naturaleza; estatización de deudas privadas; quitas ficticias de deudas anteriores supuestamente beneficiosas para el deudor que se transforman en ganancias de casi el 200% para el acreedor; ciberespionaje internacional; operaciones sin registros; garantías de pago al límite de lo ilícito; miles de millones de dólares fugados impunemente; imposición de intereses variables para el futuro fijados por los acreedores o por la política económica de sus países sede; o bien aceptación de créditos sin saber el costo final, entre muchas otras. Una infinidad de malas prácticas jamás investigadas con rigor, menos aún penalizadas, invariablemente repetidas.
Como afirma el analista económico Alfredo Zaiat, “la deuda argentina se incrementó hasta alcanzar sus niveles actuales de forma irregular, arbitraria, incluso ilegal, sin que sucediese nada, sin responsables ni penalización judicial o política alguna. Decenas y decenas de miles de millones de dólares quemados en la hoguera de la irresponsabilidad política y en el refugio blindado de una impunidad compartida”.
Y si la deuda, como es sabido, la contrae el poder y la pagan los ciudadanos, el sobreendeudamiento, con su secuela de refinanciaciones, nuevos acuerdos, vencimientos y sobretasas, resulta un camino aún más perverso en términos sociales. Y caro, tremendamente caro. Entre otras razones por lo que explica Zaiat sobre el auténtico negocio de los acreedores. “Los bancos” asegura, “no quieren que se les pague la deuda, prefieren que se les paguen los intereses. El rollover, el refinanciamiento en forma de proceso abierto más allá del financiamiento, es el verdadero negocio. El sistema financiero no quiere el desendeudamiento porque le quitas el negocio. Y tampoco el FMI desea que lo pagues todo, porque con los intereses vive su aparato burocrático, y con las tasas del refinanciamiento vive aún mejor. Se entra en el refinanciamiento y ahí comienza el negocio de las comisiones, esa es la lógica del sistema financiero. Y esa es la secuencia: deuda, refinanciación, comisiones”.
El inicio de una historia sin final
Hay un antecedente inaugural, que marca los orígenes de ese endeudamiento crónico y que determina el devenir de la nación argentina. Se remonta a 1822, con el famoso crédito de la compañía británica Baring Brothers firmado por Bernardino Rivadavia, primer Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y cuyas consecuencias afectarán a la historia nacional hasta mediados del siglo XX. El empréstito, que de hecho es uno de los requisitos para el reconocimiento de la independencia argentina por parte de Su Majestad Británica, se pide, supuestamente, para las obras de creación y establecimiento de nuevos pueblos, y para dotar de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires de aquella época, 1823-1824. Se solicita por un millón de libras esterlinas y a Argentina llegan en realidad menos de 180.000 libras. ¿Qué ha sucedido? Nada sorprendente, ¡cosas de la historia!, como ironizará un siglo más tarde Oscar Parrilli, actual senador y hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner: que el 15% se lo han llevado los comisionistas, que se han fugado casi 400.000 libras esterlinas de ese supuesto millón, no transferidas al país austral y que permanecerán en Inglaterra a cuenta de las ganancias que las empresas inglesas han obtenido en la Argentina y que no han podido transferir a su país por falta de divisas. Razón por la que otra parte del crédito se utilizará como reserva de divisas para la futura importación de manufacturas inglesas. En resumen, del millón de libras esterlinas llegarán a manos argentinas menos de 180.000 libras, por el crédito total se acabará pagando la cifra original multiplicada siete veces, y se tardará 120 años en abonarlo. Lo terminará de pagar Juan Domingo Perón durante su primera presidencia, entre 1946 y 1952.
Las formas y el tufo del antiguo colonialismo perdurarán en el tiempo, asomando en la larga cadena de crisis, despropósitos y episodios inverosímiles que jalonan el crecimiento de la deuda, y apurando al máximo las facilidades que ofrece el vasallaje de los dirigentes nacionales: la subordinación de los negociadores argentinos a las exigencias de los grandes bancos, el beneplácito a tasas y sobretasas usureras, la aceptación de contratos que estipulan que la jurisdicción pertinente para la eventual intervención judicial por litigios entre las partes es la de los tribunales de Nueva York. Condicionamientos que, en poco tiempo, determinarán una total y sistémica dependencia del país a la voracidad de los acreedores.
Del millón de libras esterlinas llegaron a manos argentinas menos de 180.000 libras, por el crédito total se acabará pagando la cifra original multiplicada siete veces, y se tardará 120 años en pagarlo
Uno de los mejores ejemplos, y no precisamente el único, ocurre en 1993 con el Plan Brady, la mayor reestructuración de deuda soberana de Argentina hasta ese momento: 32.000 millones de dólares. La estructura del plan no la define el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, ni el presidente Carlos Menem, sino que será diseñada por dos de los bancos acreedores, la banca JP Morgan y el Citibank. No satisfechos con eso, tanto el FMI, como el Banco Mundial y el BID mandan cartas confidenciales a la comunidad financiera para que apoyen al gobierno argentino. ¿Por qué razón? Porque el Ejecutivo se ha comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral y a vender todas las empresas públicas, con YPF, la petrolera estatal, a la cabeza.
Para el historiador y especialista en derecho internacional Alejandro Olmos Gaona, una de las escasas voces que reclaman una auditoría del proceso de endeudamiento y el impago de la deuda en los términos actuales, “en la historia de los acuerdos y reestructuraciones de la deuda parecen no existir principios jurídicos, rigores administrativos ni responsables, y abundan, por el contrario, irregularidades, incluso delitos. Y flagrantes impunidades. Ningún partido se hizo cargo de las responsabilidades, ningún funcionario pagó por los incontables daños provocados o por el dinero desaparecido. Sobre la oscura historia de la deuda”, señala, “ha existido una clara concertación de complicidades entre los Poderes Ejecutivos, los sucesivos titulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Justicia, y la mayor parte de la dirigencia política con representación en las sucesivas legislaturas que legitimaron los acuerdos. La gigantesca hipoteca que empobrece desde hace décadas a millones de argentinos ha ido creciendo ante la mirada cómplice de todo el sistema político con el acuerdo tácito de la élite nacional”.
Olmos (derecho internacional): "La hipoteca gigantesca que empobrece desde hace décadas millones de argentinos ha ido creciendo ante la mirada cómplice de todo el sistema político con el acuerdo tácito de la élite nacional"
Y es cierto. La historia de la deuda constituye un excelente retrato de familia. Habla de la clase política argentina, de sus sucesivos dirigentes -más allá de este o aquel mandato nominativo o partidario-, habla de sus élites económicas y empresariales, de su Justicia, de sus instituciones, de sus legisladores. Todos unidos -salvo honrosas excepciones- en una misma y constante madeja de vicios y venalidades, la que entreteje la historia de la República y ayuda a comprender el itinerario que la ha conducido a su dramático laberinto actual. Con un elemento significativo que muestra asimismo una de las limitaciones estructurales del país: todos los gobiernos que desendeudaron o que estuvieron en contra de la lógica del endeudamiento fueron derrocados, destituidos por la fuerza o perseguidos. ¿Casualidad? ¡Cosas de la historia!
La nefasta herencia económica de la dictadura cívico-militar. 1976-1983
En el cuadro de honores y deshonores del preámbulo histórico que, entre 1955 y 1976, dará paso a la dictadura cívico-militar, un recorrido superficial, fugaz, por la trayectoria de la deuda podría resumirse en los siguientes términos: el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu (1953-1958) da el primer paso para llevar la deuda a los 1.425 millones de dólares; luego Arturo Frondizi (1958-1962) la aumenta en 375 millones, José María Guido (1962-1963) en 300 millones, el bueno de Arturo Illia (1963-1966) la reduce, entre 1966 y 1972 la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse contrae deudas por 1.524 millones, y durante el período de Cámpora, Perón e IsabelMartínez de Perón (1973-1976) el país se endeuda en 3.000 millones más, alcanzando el umbral de los 8.000 millones de dólares.
El 24 de marzo de 1976, con el golpe de Estado autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y bajo la Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla, la Argentina entra en el período más sombrío de su historia moderna. Será en esos años cuando se produzca la aceleración de todo el proceso de endeudamiento. José Alfredo Martínez de Hoz, un economista y político estrechamente relacionado con los organismos y centros financieros internacionales, asume como ministro de Economía de la dictadura cívico-militar y a los pocos días del inicio de su gestión consigue que el Fondo Monetario Internacional apruebe con rapidez inusitada un crédito de 110 millones de dólares que permite mejorar el nivel de reservas de divisas disponibles en el Banco Central de la República. Es solo el comienzo.
El modelo económico que impondrá la dictadura militar de la mano de Martínez de Hoz será netamente favorable para los intereses del capital internacional y sus socios locales, en el cual la renta financiera pasa a reemplazar el modelo sustitutivo de importaciones que rige en el país desde los años cuarenta. El endeudamiento del Estado crece a un ritmo sin precedentes en beneficio de los sectores dominantes de la economía y estos, con acceso directo al crédito internacional, juegan a la “bicicleta financiera” colocando esos créditos en el mercado interno con un diferencial de tasas de interés que les permite obtener suculentos beneficios. Luego los vuelven a sacar y a entrar tantas veces como les es posible. Un proceso en el que los bancos, en su mayoría extranjeros y liderados por el Citibank, jugarán un papel fundamental ayudando al ingreso de fondos, prestando a las empresas y sirviendo de canal de salida de los dólares al exterior. Exactamente el modelo que se aplica hoy en la Argentina de Javier Milei.
El endeudamiento de lo Estado crece a un ritmo sin precedentes en beneficio de los sectores dominantes de la economía y estos, con acceso directo al crédito internacional, juegan a la "bicicleta financiera"
En 1976, año del golpe, lArgentina debe en torno a los 7.000/8.000 millones de dólares; siete años después, en 1983, cuando los militares se retiran, la deuda externa, pública y privada, es de 45.903 millones de dólares, que otras fuentes hacen crecer hasta los 50.000 millones. De representar el 18,9% del PBI, la deuda ha pasado al 60%. De los 45.903 millones de dólares, 18.000 millones (que algunos economistas e historiadores aumentan hasta los 23.000 millones) corresponden a la estatización de la deuda externa privada de más de 70 grandes empresas nacionales. En ese período, la fuga de capitales acumulados hasta 1983 alcanza, según la mayoría de estimaciones, la suma de 37.000 millones de dólares.
"Esa deuda es un fraude, un delito. Es una deuda delictiva", sostiene Olmos Gaona cuando se refiere al endeudamiento de ese período: "En el año 1982, un conjunto de empresarios, entre comillas, yo los llamaría delincuentes, decidieron transferirle al Estado una enorme deuda, la suya, que era la mitad de la deuda pública de ese momento. ¿Quiénes eran los empresarios y las empresas que se beneficiaron con esta maniobra? La familia Macri, propietaria de Socma S.A., Gregorio Pérez Companc, los Bulgheroni de Bridas, los Garovaglio Zorraquín, Techint, Papel Prensa, Acindar, Alpargatas, Loma Negra, Autopistas, Bunge&Born, Celulosa Jujuy, el Grupo Ledesma, además de empresas automotrices como Ford Motors, Renault Argentina y Mercedes Benz, y algunos bancos, entre otras empresas y grupos económicos que emergieron con la dictadura militar. Empresarios que un día dijeron: “¡Aquí tenemos resoluciones del Banco Central (sobre regímenes de privilegio) que nos conviene aprovechar! ¡Vamos a truchar (falsear) deudas y que paguen los giles (ingenuos, incautos)! Los presidentes del Banco Central decidieron apoyar la iniciativa de los empresarios y la deuda fue transferida al Estado Nacional, es decir, a todo el pueblo argentino. Cabe aclarar, por si fuera poca la impunidad de estas decisiones, que esa deuda privada no era de las pymes o de empresas con problemas económicos, y que la medida no se tomó para evitar que mucha gente perdiera el trabajo. Se trataba de deuda ficticia, fabricada deliberadamente para que los grupos empresarios se enriqueciesen. El procedimiento era simple: las empresas contraían un crédito con un banco en el exterior, esos fondos los cancelaba el Banco Central, y las empresas dejaban ese dinero en una inversión en el exterior. Así lo expone con total impunidad la memoria y balance de Renault Argentina de 1986".
El 4 de abril de 1982, bajo la presidencia del teniente general Leopoldo Galtieri, el político y periodista Alejandro Olmos, padre del historiador Olmos Gaona, presenta una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y otros funcionarios del gobierno cívico-militar por la toma de deuda externa. Llevará adelante la causa durante 18 años, fundando el Foro Argentino de la Deuda Externa para promoverla.
Tras la derrota argentina en la guerra de Malvinas, ya en la presidencia de Reynaldo Bignone, Domingo Cavallo llega al Banco Central de la República Argentina y aborda la estatización de la deuda externa del sector privado iniciada en 1981. Videla y Martínez de Hoz ya no están en el gobierno. Tras unas elecciones realizadas en octubre de 1983, Bignone entrega el poder a Raúl Alfonsín, vencedor de la contienda electoral.
Alfonsín, un radical a medias
Alfonsín asume la presidencia de la Nación con cierto espíritu de beligerancia hacia el Fondo Monetario Internacional y el resto de organismos internacionales de crédito, contexto en el que su ministro de Economía, Bernardo Grinspun, adelanta que su primera iniciativa va a ser cuestionar al Fondo por una irregularidad manifiesta en la concesión de los préstamos a la dictadura militar. Y anuncia que más tarde va a proceder a una amplia auditoría sobre la deuda privada estatizada en esos años. Alejandro Olmos no es ajeno a la creación de una Comisión de Ilícitos en el Senado; de la que será asesor, así como también de la comisión senatorial de economía hasta 1989.
A finales de 1984, cuando los responsables de la investigación promovida por el ministro comienzan a vislumbrar los pormenores de la estatización de la deuda privada, el fraude y las deudas ficticias de los principales empresarios del país, se llevan las manos a la cabeza. Alfonsín, que en realidad nunca ha apoyado con entusiasmo la idea, se asusta, Grinspun abandona el ministerio llevándose con él al presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, que es sustituido por José Luis Machinea, y Machinea y Alfonsín deciden que la investigación no debe continuar. La auditoría, punto final, cesa.
Alejandro Olmos, el hombre que en plena dictadura se atrevió a presentar una querella contra el todopoderoso Martínez de Hoz, no dejará de señalar la infructuosa tarea de dilucidar responsabilidades en la política económica implementada durante el gobierno de facto: "La dirigencia política de la democracia tuvo hacia los sátrapas del vaciamiento económico un respeto reverencial que no guardó hacia los jefes militares del Proceso. La continuidad de la política económica promovida por Martínez de Hoz al amparo de las bayonetas tuvo, durante el gobierno constitucional, el amparo de una democracia convertida en garantía de la dependencia y el pillaje".
¿Qué sucedió con la documentación y las pruebas obtenidas hasta ese momento? Olmos Gaona, el hijo, sospecha que fueron supuestamente destruidas en 1992, cuando el Banco Central transfirió sus archivos al ministerio de Economía. ¿Qué se había averiguado en ese año y pocos meses más de investigación? "Se demostró cómo las empresas nacionales y extranjeras habían creado rentas ficticias para defraudar al Estado. Una cuestión de la que tampoco se habla. […] Yo pude rescatar algunas partes de la pericia porque contacté con cuatro de los dieciocho auditores que habían sido nombrados y fueron a declarar a tribunales, presentaron testimonios. […] Sin embargo no pasó nada". Alfonsín, como señala Olmos, nunca se atrevió a convocar a los poderosísimos empresarios y a decirles: “Señores, esto es lo que Argentina va a tener que pagar durante décadas, ¿qué vamos a hacer?” No se estaba hablando de moneditas: en 1983, la deuda privada transferida al Estado era nada menos que de 18.000 millones de dólares, cifra que actualizada podría acercarse a los 100.000 millones de dólares.
Alfonsín asumió el gobierno con una deuda pública cercana a los 45.000 millones de dólares, que, en los cinco años y medio de su mandato, aumentó en unos 17.000 millones de dólares para dejarla, al final de su presidencia, en los 62.000 millones de dólares. Un aumento debido en gran medida a los intereses de la deuda heredada de la dictadura y a los desembolsos de los organismos multilaterales de crédito.
Un rastreador tan tenaz como incómodo
Al fallecer Alejandro Olmos en el año 2000, su hijo Olmos Gaona continuó la tarea que, después de 18 años de aportar infinidad de pruebas, devino, en julio de ese mismo año, en un fallo del juez federal en lo criminal Jorge Ballesteros que dictaminó que la deuda era "ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta" y daba por probados más de 470 ilícitos cometidos por la dictadura militar y los distintos gobiernos posteriores. En base al estudio realizado por los peritos entre finales de los años 80 y principios de los 90, que determinaron que la deuda contraída entre 1976 y 1983 no tenía justificación económica, administrativa ni financiera, Ballesteros sentenció que gran parte de esa deuda no correspondía a la realidad y que en algunos casos no se conocía el destino de los fondos. A pesar de reconocer la comisión de delitos, el juez declaró que estaban prescritos, por lo que ninguno de los implicados enfrentó pena alguna. Si bien este fallo calificó con carácter de sentencia firme a la deuda externa como ilegítima y fraudulenta, en contra de lo previsto por el Código Procesal no se tomó medida alguna para remediar la situación. Tan solo se dispuso enviar copia de la sentencia al Poder Legislativo para que se encargase del tema. Algo que nunca llegó a ocurrir.
En su sentencia, el juez Ballesteros indicaba también que, al menos, el 40% de la deuda pública se destinó a la fuga de capitales y, cerca del 10%, al pago de intereses. Cifras muy parecidas a las que facilitó el Banco Mundial, según el cual del endeudamiento alcanzado entre 1976 y 1983, el 44% de los fondos se utilizaron para financiar la fuga de capitales, el 33% se usó para el pago de intereses a la banca extranjera y el 23% para la importación de armas y artículos no registrados.
24 años después de tomar el relevo de su padre, Alejandro Olmos Gaona sigue investigando el carácter fraudulento de la deuda argentina y batallando por lo que, para él, no es más que una estafa. Su grito de guerra, que le gusta repetir, es "Las deudas hay que pagarlas, las estafas no". Y evidentemente, para los Olmos, la deuda de su país es una descomunal estafa que nadie quiere destapar. Fruto de su empeño son, entre otras, sus obras, Todo lo que usted quiso saber de la deuda externa (1990); La deuda odiosa: el valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución política (2005) y Deuda o soberanía: Verdades ocultas sobre la dependencia (2021).
El efecto transformador de la deuda
En Argentina, referirse a la deuda es hablar del Fondo Monetario Internacional. Y desde siempre, el FMI posee un enorme efecto transformador en los inquilinos de la Casa Rosada. En sus períodos de opositores o candidatos a la presidencia, en algunos casos, el Fondo es el maligno Polifemo atento a devorar al país y a sus hombres y mujeres; más tarde, ya con mando en Plaza de Mayo, el Fondo pasa a ser el benigno dios Eolo que sopla el viento para impulsar la navegación de la nave patria. La deidad a la que hay que honrar para que proteja la vida de tripulantes y pasajeros, la carga y el curso de la legislatura. Por el contrario, para la conciencia y la memoria del pueblo, el Fondo es la amenaza, el gigantesco hombre del frac, la pesadilla de niños, adultos y, por supuesto, de jubilados y jubiladas, sus primeras y seculares víctimas. No es casual que, para el siempre vital humor porteño, Fondo sea sinónimo de precipicio.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es la amenaza, el gigantesco hombre del frac, la pesadilla de niños, adultos y, por supuesto, de jubilados y jubiladas, las suyas primeras y seculares víctimas
Por estas y otras poderosas razones, las eventuales amenazas de poner el foco de luz sobre las sombras del endeudamiento han sido siempre simples fuegos de artificio, conatos de investigación prudentemente abortados por los mismos gobiernos, o fugaces rumores sin fundamento al servicio de puntuales estrategias.
La gestualidad del gobierno de Alfonsín no fue una excepción. El 20 de diciembre de 2001, tras decretar el “corralito” bancario, el entonces jefe de Estado Fernando de la Rúa renuncia a su cargo. Tras su humillante salida en helicóptero de la Casa Rosada, le suceden cuatro presidentes en once días: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. El 23 de diciembre, la Asamblea Legislativa elige al peronista Rodríguez Saá como presidente. Durante su discurso inaugural, el nuevo jefe de Estado anuncia el default con el cese de pagos de la deuda externa, promete un millón de puestos de trabajo y un seguro de desempleo, y anticipa un proceso de revisión de su legalidad, tras el cual se pagará solamente aquella parte que se considere legítima. Seis días después, el 30 de diciembre, tras convocar una fallida reunión de gobernadores en Chapadmalal, cerca de la ciudad de Mar del Plata, Rodríguez Saá, en medio de las marchas y los cacerolazos populares, atraviesa la ciudad hasta el aeropuerto escondido en una camioneta, y parte para su provincia natal de San Luis, desde donde anuncia su renuncia. La revisión y las amenazas de impago pronto se olvidarán.
En marzo de 2020, es el presidente Alberto Fernández, también peronista, quien, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, promete investigar la deuda hasta sus últimas consecuencias y adelanta la presentación de una querella criminal por el endeudamiento del Gobierno de Mauricio Macri con el FMI. “He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, denuncia el mandatario, que muestra su firme decisión de que los responsables rindan cuentas de sus actos. Fernández, que asegura que el FMI había impulsado el otorgamiento del préstamo, el mayor de la historia del organismo, para favorecer a Macri en la búsqueda de su reelección electoral, reprocha que los 44.500 millones de dólares se esfumaron antes de que asumiera su mandato en diciembre de 2019. Las amenazas del presidente, una vez más, terminarán por diluirse en poco tiempo, antes del siguiente acuerdo de refinanciación.
En noviembre del 2023 es Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria en las elecciones, quien revela que, a fines de ese mismo mes, el FMI comenzará a investigar la fuga de capitales generada por el préstamo hecho al gobierno de Macri en 2018 y que, con este propósito, el organismo de crédito va a mandar una comitiva a Argentina para hacer una rigurosa revisión. “Según la Auditoria General de la Nación», recuerda Massa, “el préstamo no se usó para estabilizar la economía ni hacer hospitales o escuelas sino para financiar el pago a fondos de inversión como BlackRock”. De la anunciada investigación del Fondo Monetario Internacional y de su comitiva nunca se volverá a tener noticias, pero apenas tres meses más tarde, Massa, derrotado por Javier Milei, comienza a trabajar en Greylock Capital Management, un fondo de inversión norteamericano que ha tenido un rol activo en la reestructuración de la deuda privada liderada por Martin Guzmán, exministro de Alberto Fernández, que lucra con fondos argentinos y que en la actualidad es beneficiario del plan económico de Milei.
Un expolio impune y sin fin
Este primer gran ciclo de endeudamiento, ocurrido durante el más trágico período de la historia reciente de Argentina,1976-1983, supondrá el peor condicionamiento para la democracia que lo sustituyó. La dictadura pasó pero la deuda quedó para hipotecar la mejora democrática del país y la vida de los argentinos en las décadas siguientes, y de forma intensa al primer gobierno democrático posterior al régimen cívico-militar, el del radical Raúl Alfonsín, que naufragó finalmente, entre otras razones, por culpa de la pesada carga del endeudamiento, el asedio de la derecha afín a las FF.AA. y los efectos de la hiperinflación. A partir de entonces, la deuda condicionará permanentemente la política, las políticas económicas y cualquier proyecto de desarrollo de Argentina. En paralelo, la impugnación de la deuda, la revisión de su historia oficial o el simple debate sobre las responsabilidades políticas en su nefasto tratamiento se irán convirtiendo en materia tabú para los gobiernos y sus sistemas mediáticos. Con mayor intensidad hoy, bajo el autoritarismo de mercado impuesto por Milei, en el que la menor crítica sobre su legitimidad es considerada un sacrilegio merecedor de un auto de fe.