Semana movidita a escala patronal, empresarial, económica y política. Mientras el rey Felipe VI ha aprovechado para cerrar la ronda de consultas con los diferentes partidos parlamentarios votados en la repetición de la convocatoria electoral del 10-N con el objetivo de formar gobierno, el mundo económico y empresarial ha querido decir la suya y hacer balance del año, siempre probando de no mezclar la política con la economía o de no ensuciar las perspectivas económicas con las malas voces que apuntan hacia un futuro desesperanzador. Pero, como ya hace tiempo que pasa, se hace difícil desvincular una cosa de la otra y, mientras el Cercle d'Economia debatía con el exconseller Andreu Mas-Colell y el exministro Carlos Solchaga sobre la Catalunya y la España plural, Pimec hacía balance de un 2019 muy electoral y la Cambra de Comerç de Barcelona presentaba el estudio sobre el Impacto económico del déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya. ¿El factor denominador? Las inversiones fantasma y los deberes por hacer en materia de infraestructuras para estar a la altura de Europa, pero también en otros muchos terrenos. Y, por eso, según algunos de los actores, hay que llegar a encontrar la fórmula para garantizar el diálogo.
La Cambra lamentaba que la distribución territorial de la inversión en infraestructuras "perjudica claramente" a Catalunya y, por lo tanto, y en palabras del presidente del RACC, Josep Mateu, "las promesas presupuestarias incumplidas" comportan una "pérdida de oportunidades por la creación de riqueza". Mientras España "es un país de primera y está por encima la media europea" en materia de infraestructuras, según el presidente de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, "Catalunya no lo está". Y no lo está porque, por ejemplo, los aeropuertos catalanes representaban en 2017 el 20,2% del total de pasajeros del Estado, pero la inversión mediana estatal entre 2013 y 2017 sólo ha sido del 10,4%. Dicho de otro modo, si en Catalunya se invierten 0,8 euros anuales por pasajero, en Madrid se invierten 2,6 euros y la media de España se sitúa en 1,5 euros. Y así en todo.
De hecho, según el informe de la Cambra, el Estado ha dejado de ejecutar en Catalunya cerca de 8.000 millones de euros presupuestados en el periodo entre 2001 y 2018. Un impacto económico que se estima en el 3,3% del PIB y en la pérdida de 111.500 puestos de trabajo. Para compensarlo, el Estado tendría que invertir 45.000 millones de euros hasta 2030. Lo peor de todo, sin embargo, es que la situación ha ido a peor después de la crisis y si bien entre 2001 y 2012 la inversión estatal era del 16,5% delante del 19% del PIB, entre 2013 y 2018 ha sido del 12%. Esto confirma, pues, que el territorio catalán "pierde posiciones en el reparto de la inversión estatal a la salida de la crisis a pesar de ser una de las economías que ha liderado la recuperación".
Desinversiones contra la calidad de vida
Las cifras son claras (y demolidoras). Cómo se ponía de manifiesto con el estudio de la Cambra, la falta de inversiones en Catalunya no sólo se ve reflejada en una pérdida de competitividad, de puestos de trabajo y del PIB, sino que también afecta "la calidad de vida de todos nosotros". Canadell advertía de que las congestiones de las carreteras, la siniestralidad y Rodalies son "el gran drama de cada día de muchísima gente" y recordaba que "en tres años más de 3 millones de personas se han visto afectadas por un servicio claramente insuficiente".
Pero, lo peor de todo, si el Estado invirtiera 89 millones de euros en un total de 95 kilómetros de carreteras convencionales "se conseguirían evitar 11 muertos y 28 heridos cada tres años a la red viaria catalana". "Son las carreteras de la vergüenza", añadía el presidente del RACC. Cómo decía el president del Govern, Quim Torra, "nos hacen falta estas infraestructuras que vertebren el territorio" porque este "es un déficit de competitividad para nuestras empresas" y, esto, es "de justicia social denunciarlo porque afecta a todos los catalanes y a todas las empresas".
La Cambra de Barcelona presenta el impacto económico de la carencia de inversiones del Estado en Catalunya | Cedida
La lista es larga. De media, el grado de ejecución del Estado en Catalunya se ha mantenido en el 73,7%, pero la crisis ha demostrado que la cosa cada vez va más y la diferencia entre las inversiones presupuestadas y las ejecutadas se ensancha. 2018, por ejemplo, cerró con sólo un 54,2% de ejecución, prácticamente la mitad de lo que se había prometido.
Con los datos en la mano y la "piel de gallina", Canadell hacía saber que "cuando nos atacan y nos dicen que si somos independientes quedaremos fuera de Europa, digo: ya estamos fuera de Europa, tenemos que recuperar el nivel de infraestructuras y buscar soluciones porque en los próximos años esto sea una realidad". Y ha emplazado a los partidos catalanes que tengan que pactar con los españoles para formar gobierno en España que "no los apoyen si no hay reconocimiento de esta deuda".
Sumados los datos, el Estado tendría que invertir hasta 2030 alrededor de 45.000 millones de euros en Catalunya para eliminar el déficit en infraestructuras. Justamente por eso, el presidente de la Cambra también ha hecho un llamamiento al resto de Cambras, patronales y gremios para agrupar fuerzas y ser conscientes de las consecuencias de estos incumplimientos, así como para poner "una mirada a medio largo plazo para ver qué infraestructuras pensamos que tiene que tener un país como Catalunya para tener competitividad".
Una centralidad permanente
El concierto económico del País Vasco -y la posibilidad de aplicarlo en Catalunya- volvía a sacar la cabeza durante el encuentro del Cercle d'Economia, la reivindicación constante de la financiación de las infraestructuras se sumaba a la fiesta y la cuestión de la centralidad y la radialidad ha vuelto a ser protagonista. El presidente de Pimec, Josep González, ya se lamentaba del "atraso" que sufre el territorio catalán -pero también otros- en infraestructuras, al mismo tiempo que insistía en "el problema que tenemos con la financiación autonómica". El exministro de Economía e Industria socialista también admitía que "hay un problema de financiación de todas las autonomías y hay que arreglarlo". Rodalies, el eje ferroviario o las autopistas han sido sólo algunos de los temas estrella que continúan marcando la agenda económica, pero también política.
González ya advertía en una entrevista con VIA Empresa que "la radialidad es un factor de poder, no un factor económico" y, en este sentido, Mas-Colell se lamentaba que "no vale decir que se hará un AVE donde todas las capitales de provincia se conecten a Madrid y la segunda y la tercera ciudad de España no estén conectadas". Todo esto demuestra, como sostiene el exconseller, que "todo el sistema está muy condicionado hacia la centralidad de Madrid". Pero Solchaga no estaba convencido y exigía a Mas-Colell "más justificaciones" para sostener "este tipo de comparaciones de que una estructura que es centralista puerta necesariamente al perjuicio de una zona".
Todo ello contrasta también con las palabras del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, durante la presentación del nuevo AVE low cost, el AVLO, que ponía de relevo que "el alta Velocidad ya no será un producto sólo enfocado a viajes de negocios, sino que se abre a familias, a jóvenes y otros colectivos que hasta ahora lo utiliza de forma muy ocasional".
Y, mientras las infraestructuras se erigían como las protagonistas de la semana, nacía la primera patronal independentista con el mismo título que lucía en su momento la candidatura de Ramon Masià, Anem per feina, una patronal creada por la ANC con el objetivo de cubrir un sector de empresas actualmente "huérfanos de representación". Economía para arreglar la política, una política que continúa descuidando a Catalunya y que convierte la inversión en la compañera de viaje fantasma de las infraestructuras, pero también de la economía en general.