Casi dos años después, la reducción de la jornada laboral ya es un hecho. O, al menos, ya se ha recogido en un documento oficial por primera vez. Este martes 4 de febrero, el Consejo de Ministros del gobierno español ha aprobado el anteproyecto, el primer paso de un proceso que está previsto que se alargue hasta el verano. La idea es reducir dos horas y media de la actual jornada laboral de 40 horas y fijarla en 37 horas y media, tal como sucede en toda Europa, sin rebajar el salario de las personas y facilitando la desconexión digital. Es decir, los trabajadores tendrán derecho a no responder ningún mensaje de su trabajo fuera del horario laboral.
Además, se estipulan sanciones más grandes que las actuales a las compañías que no actúen según la ley: de los 7.500 euros actuales pasaremos a multas de hasta 10.000 euros por incumplimiento. Finalmente, cabe destacar también la inclusión de un registro diario de la jornada digital, al que podrán acceder tanto los trabajadores como representantes sindicales e Inspección de Trabajo. El texto inicial dará todo el año de margen para que las empresas del Estado se adecúen a un nuevo marco legal que se estima beneficiará a 12 millones de trabajadores. Durante este período de tiempo, la idea es que cada empresa acuerde con sus trabajadores cómo aplicar la medida.
Ahora bien, este no es el final del camino: más allá del anteproyecto, la implementación definitiva de la reducción de la jornada laboral aún está lejos. Antes, tendrá que someterse a la revisión del Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES). A continuación, el Consejo de Ministros validará un proyecto de ley que se trasladará al Congreso de los Diputados. Allí, los diferentes grupos parlamentarios podrán aplicar enmiendas y finalmente se votará. Como siempre, el ejecutivo que preside Pedro Sánchez necesitará un apoyo mayoritario de la cámara baja, de forma que los votos de partidos como el PNV, ERC o Junts serán nuevamente decisivos, antes de que el Senado dé el visto bueno definitivo. Así que, si todo va bien, se espera que el texto definitivo sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacia el verano.
Las divergencias, la piedra de Sísifo
Modificar una parte fundamental de la estructura del Estado no es habitual. Desde 1983 no se había producido ningún cambio legislativo en materia de jornada laboral. Así pues, una de las principales controversias con la propuesta del ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz es la falta de consenso en este apartado. Desde la constitución del actual ejecutivo central, la cuestión de esta rebaja ha estado sobre la mesa. No ha sido fácil llevarla adelante, ya que PSOE y Sumar no han estado de acuerdo en diferentes puntos.
Por ejemplo, el ministro de Economía, el socialista Carlos Cuerpo, defendió una bajada gradual: primero, a 38,5 horas y, un año después, a las 37,5 horas definitivas. Por otro lado, también pidió estudiar en qué sectores se aplicaría el descenso y no aplicarlo de forma generalizada por la "heterogeneidad" del mercado laboral. Díaz no quiso ni oír hablar de eso, y al final ha ganado el pulso.
No es el único conflicto que ha generado el texto. Por un lado, los sindicatos CCOO y UGT reclamaban una reducción más grande que contemplase cuatro días laborables en lugar de los cinco actuales, además de un acumulado de 32 horas semanales. Por otro lado, las patronales no cerraban la puerta a un descenso gradual, pero sí se oponían a la reducción de un día. El empresario y exsecretario general de Cecot, David Garrofé, ya expresó en el pódcast L'empresa al dia su rechazo frontal a la medida y la calificó de "populismo barato".
Entonces, ¿qué quería el empresariado? Algunas entidades como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Cepyme o la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) abogaban por la vía de la negociación colectiva y preferían no regular la rebaja a través de una ley, algo que ya sucede en otros países como Dinamarca o Alemania.
Sordo (CCOO) y Álvarez (UGT) suscriben el anteproyecto del gobierno español, pero han pedido reincorporar a las patronales a la mesa negociadora
En ningún momento se contempló esta alternativa, y las patronales se marcharon de la mesa de negociación el pasado noviembre. De esta manera, la idea de Díaz solo contó con el apoyo de los dos sindicatos. Ambos firmaron el pacto el 20 de diciembre de 2024. Ahora bien, aunque tanto Unai Sordo (CCOO) como Pepe Álvarez (UGT) ven "significativo" el acuerdo, no lo contemplan como el final del camino, sino como un paso intermedio para llegar a las 32 horas que comparten como objetivo. Además, ambas asociaciones instaron al gobierno de Sánchez a reincorporar a las patronales a la mesa negociadora, independientemente del gran distanciamiento que existe con el empresariado. Una circunstancia que no se ha producido hasta ahora.
El contraataque de las patronales
Sin embargo, la ausencia del empresariado no significa que las patronales hayan renunciado a formar parte de esta discusión. En todo momento han mostrado su oposición públicamente. De hecho, el pasado 13 de diciembre, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, acusó al gobierno español de haber cometido una "injerencia inaceptable y autoritaria" y calificó la medida de Díaz de "coacción" e "imposición". Tanto resonaron sus palabras que la propia ministra le pidió que rectificara a través de su cuenta de X.
En democracia manda la gente, no las empresas.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 13 de diciembre de 2024
La Patronal decidió no formar parte de un acuerdo para beneficiar a 12 millones de personas trabajadoras. Decidió ir contra los derechos de la gente trabajadora y la modernización del país.
Ahora amenazan a los representantes de… https://t.co/Tsos50WpmO
Ahora, una vez aprobado el anteproyecto, las patronales han vuelto a cargar contra el texto. Este martes, Foment del Treball ha insistido en que el anteproyecto es "insuficiente y perjudicial para las empresas", y ha recordado que la media de tiempo de trabajo "ya se encuentra entre 37 y 38 horas" en la actualidad. Por otro lado, el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha advertido que es un "error" promover una reducción de la jornada laboral que vaya al margen de la negociación colectiva. Al mismo tiempo, también han lamentado que la bajada no se haga a diferentes ritmos, tal como propuso inicialmente el ministro Cuerpo, y han indicado que la medida "pone en riesgo la viabilidad de muchas pymes y su seguridad jurídica".
Estos, sin embargo, no han sido los ataques más fuertes. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la ATA, Lorenzo Amor, han avisado que trasladarán a las "diferentes fuerzas políticas" sus "opiniones", las cuales también son "legítimas". Toda una declaración de intenciones dirigida a los socios de gobierno de Sánchez, que aglutina diferentes sensibilidades e ideologías. Además, Amor ha calificado de "monólogo social" la mesa negociadora y ha lamentado que los principales perjudicados serán los autónomos, quienes tendrán que "incrementar un poco más su jornada". En este punto, ha citado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que apuntan que este tipo de trabajadores destina 52 horas semanales a su labor. "Un comercio o un bar no cerrará antes, ellos y ellas tendrán que cubrir esa media hora", ha denunciado el dirigente de la ATA.
Puigdemont, pieza clave
A la espera de que el futuro proyecto de ley pase por el Congreso de los Diputados, las miradas del ejecutivo estatal ya se fijan en Carles Puigdemont. Durante el año, ha sido el encargado de decidir con su voto qué medidas de Sánchez se acaban aprobando y cuáles no. Por esta razón, el pasado diciembre, Pepe Álvarez y Camil Ros (UGT Catalunya) viajaron a Bruselas para intentar convencer positivamente al expresidente de la Generalitat. Uno de sus argumentos es que hay que conciliar la desproporción que consideran que existe entre el aumento de la productividad del 15% desde 1983 (fecha de la última reforma) y el descenso del 21% del capital de los trabajadores.
Las patronales calculan que la reducción de la jornada laboral tendrá un coste para el empresario de entre 1.800 y 2.000 euros, sumando la cotización más el salario
Mientras tanto, desde Sumar apuntan que ya han iniciado una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas y que "hay margen" para llegar a un acuerdo con Puigdemont. "Tenemos que ver cómo podemos solucionar los obstáculos que afectan a la pequeña empresa", ha admitido Aina Vidal, portavoz de Sumar y los Comunes. Por su parte, las patronales calculan que la medida de Díaz tendrá un coste para el empresario de entre 1.800 y 2.000 euros, sumando la cotización más el salario, de manera que, en conjunto, teniendo en cuenta que esta medida afectará a alrededor de 12 millones de trabajadores, el total se elevará hasta los 21.000 y los 24.000 millones de euros.
La cuenta atrás ya se ha iniciado. Si bien diciembre parece aún lejano, las diferentes fases hasta la aprobación definitiva se concentrarán en pocas semanas. Todo ello, en un contexto político muy marcado por los efectos que dejó el desacuerdo en la Ley Ómnibus y el fantasma de los presupuestos generales del Estado, la otra gran piedra en el zapato para el actual gobierno español.