Tenemos Gobierno y este deberá cerrar unos presupuestos para no alargar más la prórroga. Las promesas de subidas de gasto e impuestos acechan. Los astros se alinean desprendiendo toda su energía negativa en este arranque de 2020. Nuestros exportadores de aceite, aceitunas, limones, naranjas y mandarinas, están sufriendo la embestida de los dichosos aranceles que Estados Unidos impone a los productos españoles y se les cierran las puertas de acceso, por precios no competitivos, al mercado norteamericano que no únicamente es un gran mercado, entendido por tamaño, o sea, grande, sino también de prestigio. Acá hay un gazapo monumental de la diplomacia económica española y a España, por la dejadez del Gobierno en funciones y alguna que otra gesticulación, Estados Unidos le ha metido un gol por toda la escuadra, y son nuestras empresas las que salen trasquiladas.
Este mes de enero, de un año bonito en cuanto a número, 2020, se iba a caracterizar por la teórica placidez derivada de la firma de la paz comercial entre Estados Unidos y China, pero la conjunción de materia negativa supera, en estos momentos, los atisbos de esperanza. El conflicto bélico desatado entre Irán y Estados Unidos, con Irak como escenario, complica los riesgos geopolíticos de Asia y Oriente Medio, sube el petróleo, bajan las bolsas y la incertidumbre hace palidecer a los mercados. Encima, tenemos el Brexit y, por desgracia, otra tragedia aérea protagonizada por un Boeing 737 con bandera ucraniana en Teherán, caldea más el ambiente. En España, sumamos nuestro particular folclore político. Y, por añadidura, las rebajas de este año, tras el agotamiento consumista de noviembre y diciembre, parecen menos rebajas que antaño y pierden aquel garbo tan característico e intenso de los primeros días de rebajas. Mucha promoción, descuentos, comercio electrónico…, en fin, que las rebajas ya no son lo que eran, el mundo anda revuelto y esperando al nuevo gobierno…
El año del 135, ¿cómo se cuadrarán los presupuestos?
Este es el punto que abordar. Porque, en primer lugar, este año de 2020 es el año del 135… Consumado el primer acto de la nueva legislatura, que durará lo que tarde en llegar al siguiente, el Gobierno tiene que enfilar la senda de los presupuestos porque al paso que vamos estaremos un siglo prorrogando presupuestos. Surgen, a la sazón, toda suerte de interrogantes a cuento de tantas promesas lanzadas sobre la prodigalidad del gasto público… ¿Por qué? Corría el caliente y tenso verano de 2011: la deuda externa oprimía, la prima de riesgo se desmelenaba, la crisis que estaba pero que se negaba, caminábamos como sonámbulos precipitándonos hacia el abismo deficitario del que nunca más saldríamos… En pleno mes de agosto de 2011, el martes día 23, sus señorías vieron interrumpidas sus vacaciones con carácter de urgencia. La estabilidad presupuestaria, modificando el artículo 135 de la Constitución apremiaba; bueno, más o menos, y estéticamente quedaba de cine….
"La coalición progresista flagelará fiscalmente a los residentes en territorio español"
Sin embargo, aquellas prisas de 2011 quedaron tan diferidas que de facto hasta 2020 la estabilidad presupuestaria no entra en juego. Y ahora viene cuando lo matan… Porque el compromiso es que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros -que es del 3% sobre el respectivo producto interior bruto (PIB)-, ni el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas podrá superar, en relación con el PIB, el valor de referencia establecido en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea -que es del 60% sobre el respectivo PIB-. ¿Y ahora, qué, cómo se presupuesta 2020?
El Gobierno resultante después de tantos meses de parto político es claramente de izquierdas. Una amalgama de opciones se combina y, por los pelos, que eso son dos votos, el bloque izquierdista sale elegido. El tono populista, evidentemente, apuesta por una expansión del gasto público recogiendo propuestas programáticas e ideario vertido en el documento de la Coalición Progresista. Las políticas sociales, en teoría, van a brillar…, esperemos que no sea por su ausencia, con un eje primordial como es el de las pensiones que, a fin de cuentas, es un apetitoso caladero de votos con más de 9 millones de pensionistas que votan en función de cómo les funciona lo suyo y, además, recogiendo tanta promesa recibida de un mundo mejor. Entre pensiones y resto de favores y ayudas sociales, dicen, que el incremento de gasto público será de unos 35.000 millones de euros, algo, en principio, caótico porque el gasto público entraría en una perniciosa espiral in crescendo de la que sería muy difícil en el futuro salirse y, en consecuencia, el déficit público se hundiría hacia los infiernos y ese objetivo del 3% sobre el PIB se vería desbordado. Pies de plomo, pues, ante ese talante que, a su vez, conllevará que la deuda pública prosiga con su espectacular escalada sobrepasando, de no corregir su trayectoria, la peliaguda cota del 100% sobre el PIB. Por ende, nuestras finanzas públicas entrarían en una zona muy sinuosa que será observada con lupa, luz y taquígrafos, por Bruselas y Washington, es decir, por la Comisión Europa y el Fondo Monetario Internacional.
"Quienes propugnan esa avalancha de dispendio público, de inmediato esgrimen lo de las subidas de impuestos, a modo de remedio, exhibiendo un desconocimiento absoluto de la realidad económica y empresarial"
Claro que quienes propugnan esa avalancha de dispendio con cargo a nuestras arcas públicas, de inmediato esgrimen lo de las subidas de impuestos, a modo de remedio, exhibiendo un desconocimiento absoluto de la realidad económica y empresarial. Los contribuyentes españoles empiezan a estar extenuados con tanta carga impositiva. La presión fiscal va en aumento y, en particular, el esfuerzo fiscal es ímprobo. De 2011 a 2020, a la espera de cómo se gesten los presupuestos, los impuestos han aumentado en España en 83.845 millones de euros. Concretamente, la recaudación por impuestos indirectos en 43.556 millones y por directos en 40.289 millones, a lo que hay que agregar subidas en las cotizaciones sociales por 29.085 millones, incremento de otros ingresos en 10.703 millones y ajustes por medidas gubernamentales en 1.294 millones. Eso arroja un aumento de los ingresos del conjunto del Estado de 124.927 millones de euros de 2011 a 2020, que se lleva la parte del león de crecimiento del PIB cifrado, entre 2011 y 2020, en 229.937 millones, considerando que el PIB de 2011 fue de 1.063.763 millones de euros y la previsión remitida por el Gobierno a Bruselas habla de un PIB en 2020 de 1.293.700 millones. Entretanto, el gasto público, que sumó 490.592 millones de euros en 2011 cerraría 2020, a la espera de los presupuestos, con 534.500 millones, por tanto, el aumento es de 43.908 millones. Con todo, resulta difícil de entender cómo seguimos por la senda deficitaria, con un déficit acumulado cosechado desde 2008 hasta 2020 de 837.056 millones de euros.
Desertizando tierras fértiles
No sólo es en Madrid donde se habla de apretar más aún las clavijas tributarias. También en Barcelona. En Catalunya, más aumentos de impuestos para azotar a sus residentes, especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, con vigencia, a diferencia de otras Comunidades, del Impuesto sobre el Patrimonio con toda su carga de profundidad, amén de diversos tributos que gravan la actividad empresarial. Las medidas anunciadas por el actual Govern son un torpedo en la línea de flotación contra los catalanes y residentes aquí y las empresas catalanas, indudablemente carente de raciocinio patriótico. Por consiguiente, el objetivo de los gobernantes catalanes que, en busca de la tierra prometida sería un paraíso fiscal o cuando menos un limbo de los justos, es convertir a Catalunya en un auténtico infierno fiscal invitando a una estampida de contribuyentes en plan sabana africana.
En España, la coalición progresista flagelará fiscalmente a los residentes en territorio español. España, como Catalunya, goza de una atractiva imagen para la inversión extranjera y si los impuestos y la presión fiscal son cómodos, se impulsa la seducción inversora. Y la inversión fomenta la actividad económica y crea puestos de trabajo. La otra cara de la moneda, la cruz, es justo lo contrario: aumentar los impuestos equivale a oprimir tributariamente y a espantar cualquier atisbo de inversión, restando competitividad. Si solo fuera eso, ya sería malo de solemnidad. El colmo de los males es que incrementando la presión fiscal “se invita” (entre comillas) a deslocalizar empresas y personas e indiscutiblemente a favorecer a otros territorios, que son los que acaban generando empleo y ganan competitividad. Es decir, si Catalunya se convierte en tierra hostil fiscalmente hablando, las inversiones se van a otras regiones de España y si España castiga fiscalmente a inversores, empresas y personas físicas, se provoca la huida - en palabras aterciopeladas, migración - hacia destinos más apacibles donde emplazar las sedes efectivas de los negocios y crear empleo. Y tanto Catalunya como España, a la postre, se empobrecen.
Sería bueno que los políticos, tan distantes del mundo real, se percataran de que la fiscalidad es un potente instrumento para hacer vergeles en el desierto o desertizar tierras fértiles convirtiéndolas en páramos. Localizar, deslocalizar o relocalizar, esta es la cuestión… Proseguiremos en el siguiente artículo.