09
de Febrero
de
2017
Act.
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La recesión ha obligado las Administraciones a agudizar el ingenio en la creación de impuestos para aumentar la recaudación. Uno de los que más ha llamado la atención es el que se pretende imponer sobre las bebidas azucaradas, por el cual la Generalitat de Cataluña quiere recoger 120 millones de euros el 2017. El Gobierno español, semanas después, se apuntaba al carro asegurando que con esta medidaobtendría unos 200 millones. Todo y la evidente disputa recaudatoria entre Administraciones, ambas justifican el tributo como una acción para mejorar la salud pública. "Se ha generado un debate de Hacienda y recaudatorio, pero el que haría falta es una política fiscal alimentaria alineada a una política sanitaria", defiende en declaraciones a VÍA Emprendida Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global, asociación que promueve un cambio en el sistema agroalimentario actual.
El debate está plenamente abierto, cómo ha reconocido la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, este miércoles en la Feria Agraria de Valladolid, donde ha apostado para "escuchar el sector" durante este proceso que dará ve el próximo jueves al Congreso de los Diputados a los grupos sobre impuestos alimentarios, para ampliar el foco de la polémica. "No están teniendo en cuenta toda la importancia de esta política, que también es sanitaria, alimentaria y agrícola", insiste Guzmán. "No nos podemos quedar sólo en el ámbito recaudatorio, sería un gran fracaso". Desde Justicia Alimentaria Global alertan que por cada día de salud que perdemos debido al tabaco,perdemos cinco debido a la alimentación insana.
El otro agente del debate lo representa la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que ha dejado clara su posición contraria a los impuestos, vengan de Cataluña o del Estado. En el comunicado lanzado a la opinión pública, la entidad que agrupa la práctica totalidad del sector, incluidas las marcas blancas, las grandes empresas multinacionales con producción en España así como las pymes del sector, apunta que "esta medida perjudicaría la recuperación del consumo. El perjuicio en la competitividad de la industria de bebidas y de manera especial, de la hostelería y el turismo, supondría un obstáculo en la recuperación del consumo y de la economía".
En su posición, mantienen que los impuestos sobre alimentos y bebidas son regresivos y afectan "especialmente" en las clases con menos recursos. "Está demostrado que los impuestos no son eficaces para resolver problemas de salud ni para cambiar hábitos de consumo y rompen con el principio que no existen alimentos buenos o malos, puesto que la clave pasa por dietas equilibradas", aseguran. Y es que consultados por VÍA Emprendida, desde Anfabra declaran que están en contra de cualquier decisión impositiva: "Del que realmente estamos a favor es que el consumidor tenga libertad de elección y poder ofrecerle productos variados, que cada vez tengan menos azúcar. Estamos más en la parte de educar al consumidor que en que nos pongan impuestos a nosotros y a otros productos de alimentación", remarcan fuentes de la entidad.
Con todo, fuentes internas de Coca-cola, una de las grandes firmas asociadas a Anfabra, aseguran a VÍA Emprendida que la medida no los quita el sueño en exceso y que su principal preocupación actualmente es el comportamiento de la compañía a la Bolsa.
Un primer paso, pero insuficiente
"Los impuestos a los alimentos que son muy azucarados, o tienen mucha grasa o sal, son una medida ineludible", reflexiona Javier Guzmán. De hecho, el impuesto a las bebidas azucaradas no es una idea nueva, ya se aplica en países como Dinamarca y viene recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Es una de las medidas que más está funcionando a escala internacional porque tiene dos efectos: sobre la venta limitando el acceso a alimentación insana; y generando un efecto de pedagogía como pasa con el tabaco", resume el dirigente de Justicia Alimentaria Global.
De hecho, la OMS recomienda que el impuesto sea, al menos, del 20% sobre el precio final de venta. Según Guzmán, "el lobby de la industria, como que sabe que este debate lo tiene perdido porque socialmente hay la evidencia que este tipo de alimentación es insana, está intentando que sea un impuesto bastante pequeño porque no interfiera en las ventas".
En este sentido, desde Anfabra aseguran que la industria de las bebidas refrescantes española ha reducido en un 23% el azúcar puesto al mercado desde el 2005 hasta el 2014, superando el objetivo fijado por la patronal europea Soft Drinks Europe (UNESDA), la cual se ha marcado una disminución del 22% en el periodo 2000-2020. "La reducción conseguida ya en el conjunto de Europa es del 12%, lo cual posiciona en España como un país destacado en el continente en cuanto a disminución de azúcares y calorías", mantiene la entidad. En este contexto, el director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes en España, Josep Puxeu, ya ha resaltado que "la industria de las bebidas refrescantes está centrando sus esfuerzos en la innovación, la oferta variada de productos, la reducción de azúcar y la educación en hábitos saludables".
Cómo se hace una política fiscal alimentaria?
Desde Justicia Alimentaria Global reivindican el diseño de una auténtica política sanitaria que englobe la alimentación y la fiscalidad. Una herramienta básica, evidentemente, son los impuestos, que "tienen que ser fuertes a la alimentación que la OMS y la UE ya han definido como insana". Para Guzmán, "un impuesto a bebidas azucaradas tiene que ser un inicio, pero hay igual o más azúcar en algunos tipos de zumos". Así pues, defiende incluir todos los productos azucarados, así como los que también tienen exceso de sal o de grasas.
Una opinión en que tiene mucho que decir el sector contrario al aumento impositivo, que se pregunta que, si el objetivo es el azúcar, por qué no se graba a todos los alimentos que lo contienen, sólidos y líquidos; o por qué decidir aplicar un impuesto a un producto en particular y no a otros que contienen el mismo ingrediente en la misma o más grande cantidad.
A la vez, según Guzmán, el aumento de las tasas a estos productos se tendría que acompañar de una mayor facilidad de acceso a la alimentación sana y fresca. "Estos alimentos han subido mucho precio y en España todos los alimentos acaban teniendo el mismo IVA. Rebajar el IVA de la fruta y la verdura generaría un efecto compensatorio", defiende Guzmán. Además, reclama acompañarlo otras medidas. "España es de los pocos países de la UE que no tiene una regulación específica de la publicidad alimentaria infantil", lamenta. Y propone un etiquetado como el inglés, "más claro y con colores con los cuales distinguir si es un alimento sano o no lo es".
El debate está plenamente abierto, cómo ha reconocido la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, este miércoles en la Feria Agraria de Valladolid, donde ha apostado para "escuchar el sector" durante este proceso que dará ve el próximo jueves al Congreso de los Diputados a los grupos sobre impuestos alimentarios, para ampliar el foco de la polémica. "No están teniendo en cuenta toda la importancia de esta política, que también es sanitaria, alimentaria y agrícola", insiste Guzmán. "No nos podemos quedar sólo en el ámbito recaudatorio, sería un gran fracaso". Desde Justicia Alimentaria Global alertan que por cada día de salud que perdemos debido al tabaco,perdemos cinco debido a la alimentación insana.
El otro agente del debate lo representa la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que ha dejado clara su posición contraria a los impuestos, vengan de Cataluña o del Estado. En el comunicado lanzado a la opinión pública, la entidad que agrupa la práctica totalidad del sector, incluidas las marcas blancas, las grandes empresas multinacionales con producción en España así como las pymes del sector, apunta que "esta medida perjudicaría la recuperación del consumo. El perjuicio en la competitividad de la industria de bebidas y de manera especial, de la hostelería y el turismo, supondría un obstáculo en la recuperación del consumo y de la economía".
En su posición, mantienen que los impuestos sobre alimentos y bebidas son regresivos y afectan "especialmente" en las clases con menos recursos. "Está demostrado que los impuestos no son eficaces para resolver problemas de salud ni para cambiar hábitos de consumo y rompen con el principio que no existen alimentos buenos o malos, puesto que la clave pasa por dietas equilibradas", aseguran. Y es que consultados por VÍA Emprendida, desde Anfabra declaran que están en contra de cualquier decisión impositiva: "Del que realmente estamos a favor es que el consumidor tenga libertad de elección y poder ofrecerle productos variados, que cada vez tengan menos azúcar. Estamos más en la parte de educar al consumidor que en que nos pongan impuestos a nosotros y a otros productos de alimentación", remarcan fuentes de la entidad.
Con todo, fuentes internas de Coca-cola, una de las grandes firmas asociadas a Anfabra, aseguran a VÍA Emprendida que la medida no los quita el sueño en exceso y que su principal preocupación actualmente es el comportamiento de la compañía a la Bolsa.
Un primer paso, pero insuficiente
"Los impuestos a los alimentos que son muy azucarados, o tienen mucha grasa o sal, son una medida ineludible", reflexiona Javier Guzmán. De hecho, el impuesto a las bebidas azucaradas no es una idea nueva, ya se aplica en países como Dinamarca y viene recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Es una de las medidas que más está funcionando a escala internacional porque tiene dos efectos: sobre la venta limitando el acceso a alimentación insana; y generando un efecto de pedagogía como pasa con el tabaco", resume el dirigente de Justicia Alimentaria Global.
De hecho, la OMS recomienda que el impuesto sea, al menos, del 20% sobre el precio final de venta. Según Guzmán, "el lobby de la industria, como que sabe que este debate lo tiene perdido porque socialmente hay la evidencia que este tipo de alimentación es insana, está intentando que sea un impuesto bastante pequeño porque no interfiera en las ventas".
En este sentido, desde Anfabra aseguran que la industria de las bebidas refrescantes española ha reducido en un 23% el azúcar puesto al mercado desde el 2005 hasta el 2014, superando el objetivo fijado por la patronal europea Soft Drinks Europe (UNESDA), la cual se ha marcado una disminución del 22% en el periodo 2000-2020. "La reducción conseguida ya en el conjunto de Europa es del 12%, lo cual posiciona en España como un país destacado en el continente en cuanto a disminución de azúcares y calorías", mantiene la entidad. En este contexto, el director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes en España, Josep Puxeu, ya ha resaltado que "la industria de las bebidas refrescantes está centrando sus esfuerzos en la innovación, la oferta variada de productos, la reducción de azúcar y la educación en hábitos saludables".
Cómo se hace una política fiscal alimentaria?
Desde Justicia Alimentaria Global reivindican el diseño de una auténtica política sanitaria que englobe la alimentación y la fiscalidad. Una herramienta básica, evidentemente, son los impuestos, que "tienen que ser fuertes a la alimentación que la OMS y la UE ya han definido como insana". Para Guzmán, "un impuesto a bebidas azucaradas tiene que ser un inicio, pero hay igual o más azúcar en algunos tipos de zumos". Así pues, defiende incluir todos los productos azucarados, así como los que también tienen exceso de sal o de grasas.
Una opinión en que tiene mucho que decir el sector contrario al aumento impositivo, que se pregunta que, si el objetivo es el azúcar, por qué no se graba a todos los alimentos que lo contienen, sólidos y líquidos; o por qué decidir aplicar un impuesto a un producto en particular y no a otros que contienen el mismo ingrediente en la misma o más grande cantidad.
A la vez, según Guzmán, el aumento de las tasas a estos productos se tendría que acompañar de una mayor facilidad de acceso a la alimentación sana y fresca. "Estos alimentos han subido mucho precio y en España todos los alimentos acaban teniendo el mismo IVA. Rebajar el IVA de la fruta y la verdura generaría un efecto compensatorio", defiende Guzmán. Además, reclama acompañarlo otras medidas. "España es de los pocos países de la UE que no tiene una regulación específica de la publicidad alimentaria infantil", lamenta. Y propone un etiquetado como el inglés, "más claro y con colores con los cuales distinguir si es un alimento sano o no lo es".