Desde 2011, Panamá no forma parte del listado de oasis internacionales de fiscalidad que España señala con el dedo. Miguel Ángel Moratinos, el entonces ministro de Asuntos exteriores español, y Juan Carlos Varela, vicepresidente panameño, son los firmantes de un convenio que evita la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y que, en la práctica, elimina Panamá del mapa en que se tienen que buscar evasors fiscales.
Las razones apuntan en la dirección que ha mantenido el secretario general del sindicato de técnicos de hacienda GESTHA, José María Mollinedo, en declaraciones a VÍA Emprendida: "No es a la lista porque grandes constructoras españolas querían licitar las obras de ampliación del canal de Panamá (...) Y hay un derecho de reversión en la normativa panameña que impide a una empresa de un país que la considere paraíso fiscal participar en la licitación".
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| Varela y Moratinos firmaron el 2010 el convenio para evitar la doble imposición. Gobierno de Panamá |
El acuerdo por el cual Panamá y España tienen tan buena sintonía fiscal se rubrica el 7 de octubre de 2010 y en la práctica es un impulso para las inversiones españolas al país centreamericà, un ejemplo del cual es el liderazgo que mantiene la constructora Sacyr en la ampliación del canal de Panamá, obras que inaugurará el próximo 26 de junio.
De hecho, este mismo martes, la embajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia, ha participado a la Executive Forum España, un acto patrocinado precisamente por Sacyr en que ha destacado, tal como recoge la Agencia EFE, que hace un año se reunió con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que ambos acordaron que la relación está funcionando. Tanto bien funciona que De la Guardia ha afirmado que "la mayoría de las grandes licitaciones de los últimos años en Panamá las han ganado empresas españolas".
Qué es un paraíso fiscal?
Panamá era a la lista que en 2000 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó sobre paraísos fiscales. El documento mostraba los territorios de la famosa 'lista negra', que incluía más de 35 regiones de todo el mundo, entre las cuales tambiénhabía Andorra.
Según la OCDE, los requisitos que tiene que cumplir un territorio para ser considerado paraíso fiscal son la falta de transparencia, como por ejemplo la existencia del secreto bancario y otras prácticas que impiden el intercambio de información fiscal. Según Oriol Amat, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra, hay dos tipos de características que lo hacen atractivo por empresas o personas: la baja tributación y los requerimientos de información. "Muchas veces se mira sólo la baja tributación y la más importante es la segunda. Por ejemplo, una empresa que está en un país de la UE cada año tiene que depositar sus cuentas al registro mercantil y tributar, por lo tanto, está obligada a traer la contabilidad y a hacerla pública en un registro. En los paraísos fiscales esto no pasa".
En opinión de Amat, "la existencia de paraísos fiscales contribuye al empobrecimiento de muchos países porque se pierde tributación y se perjudica en países como el nuestro, donde tenemos déficit público", reflexiona.
Una lista a la carta
Con el paso del tiempo, la denominada 'lista negra' de la OCDE se ha convertido en una 'lista gris' de la que han caído países como la misma Andorra, Liechtenstein o Mónaco; y dónde cada vez es más complicado enumerar los paraísos fiscales. De hecho, la misma Comisión Europea no habla de paraísos fiscales, sino de "países que no aplican los estándares de transparencia, de intercambio de información y de régimen fiscal".
Teniendo en cuenta este contexto, cada país aplica sus propios criterios. En el caso de España, el real decreto 1080/1991 enumeraba 48 países y territorios. Ahora bien, la versión española también ha sufrido varios cambios desde su publicación en 1991.
Actualmente, según recoge la Comisión Europea (CE) en un mapa interactivo, España considera 33 países y territorios como paraísos fiscales. Andorra, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, República de Trinidad y Tobago, Omán, Panamá, San Marino y Singapur han desaparecido de la lista actual.
Según el catedrático de la UPF, es difícil que dejen de existir porque cuando se mira quién se beneficia de los paraísos, siempre es gente muy influyente a cada uno de los países. "Obama cuando empezó a gobernar dijo que acabaría con ellos, también Sarkozy, y no lo hacen. Hay muchos intereses detrás". Intereses y beneficios económicos para las empresas que operan en estos destinos, puesto que cómo apunta el catedrático de la UPF " pueden haber paraísos fiscales donde la empresa ni siquiera está obligada a traer su compatibilidad". En Francia y España las empresas están obligadas, pero en los EE.UU. no es obligatorio que sea pública y a otras puede ser, incluso, secreta", explica.
El objetivo: un impuesto sobre sociedades europeo
La Comisión Europea presentaba el junio del 2015 un Plan de Acción para un impuesto sobre sociedades más equitativo y más eficiente a la UE. El objetivo es reunir varias iniciativas que permitan hacer frente a la elusió fiscal, garantizar unos ingresos sostenibles y reforzar el mercado único para las empresas.
La Comisión plantea en este sentido relanzar la idea de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS). Una idea que planteó sin éxito el 2011, pero dónde hay un consenso entre todos los estados miembros sobre la necesidad de volver a hablar. La Comisión propone partir de la base de una aplicación progresiva que pueda concluir a medio plazo. BICCIS es el paso principal porque "las empresas vivan realmente en un mercado único, reduciendo de forma drástica la posibilidad de elusió fiscal en el impuesto sobre sociedades", aseguraba la CE en un comunicado de prensa.
En este sentido, el profesor Oriol Amat apunta que "Europa no estará unida hasta que no tenga una fiscalidad homogénea". Las diferentes fiscalidades provocan, en opinión de Amat, competencia entre países de la UE y acaba siendo "un defecto" de ella misma. Por eso, Amat valora muy positivamente esta propuesta porque, opina, "conseguiría evitar la deslocalización de empresas que buscan aprovecharse de ventajas fiscales en otros países, como Irlanda, por ejemplo".
La misma Comisión Europea reconoce que "las normas que regulan actualmente el impuesto sobre sociedades a la UE están desfasadas respete la economía moderna". Una situación que permite, añade, que " haya emprendidas que aprovechen la descoordinación de las medidas nacionales para eludir impuestos a la UE, hecho que provoca grandes pérdidas de ingresos a los estados miembros, una carga fiscal más fuerte para los ciudadanos y un falseamiento de la competencia para las empresas que sí que pagan el que los corresponde".
Este plan de actuación europea, más allá de la base imponible común, se complementa con medidas para garantizar la imposición efectiva para que las empresas paguen los impuestos que los tocan en los países donde obtienen beneficios. Un objetivo que, según la Comisión, se puede hacer sin armonizar el impuesto sobre sociedades a través de corregir vacíos legislativos, mejorar el sistema de precios de transferencia y aplicando normas más estrictas a los regímenes fiscales preferenciales.
Además, la Comisión apuesta para seguir la línea de incrementar la transparencia fiscal dentro de la UE, pero también con terceros países. En este sentido se dirige la publicación de la lista paneuropea de las legislaciones no cooperativas en materia fiscal; para que los estados miembros diseñen estrategias comunes.