La subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los Centros Especiales de Trabajo (CET), que en Cataluña dan trabajo a 9.885 personas con discapacitado. La legislación establece que el 50% del salario de estos trabajadores está subvencionados por la Administración y, con la subida del salario mínimo, que cobran muchas de estas personas, la cantidad que tendrán que pagar de más puede hacer insostenible su viabilidad económica a pesar de que las instituciones públicas continúen financiando la mitad del sueldo.
En Cataluña hay 551.400 personas con alguna discapacidad certificada, de las cuales 15.000 trabajan, la mayoría en alguno de los 200 CET que hay. Ante esta situación, los Centros Especiales de Trabajo alertan que su supervivencia está en riesgo y recuerdan la función social que hacen para insertar en el mercado laboral personas que de otra manera lo tendrían muy difícil.
Con todo, esta medida puede implicar que las personas con un grado de discapictat más elevado queden fuera del mercado laboral. En cambio, esta modificación puede hacer crecer los beneficios de multinacionales, que han aprovechado el sistema para crear centros especiales de trabajo y contratar personas con menos grados de discapacitado y que no comporten una disminución de la productividad.
La viabilidad económica, en riesgo
"Lo vemos con preocupación", reconoce Enric Cardús, vicepresidente de AMMFEINA, entidad que agrupa una veintena de centros especiales de trabajo, sobre el aumento del salario mínimo y las consecuencias por los centros especiales de trabajo: "Una subida en tres meses de 22% de costes es un tsunami en cuanto a la viabilidad".
"Los Centros Especiales de Trabajo no dejan de ser una empresa, que vende corderos y servicios al mercado, y el mercado es llevar y entiende de precio, calidad. La subida en tres meses del 22% del salario mínimo interprofesional es una subida de costes impresionante que no se está pudiendo repercutir a los clientes", destaca Cardús.
Màrius Puig: "Hay entidades que estarán en una situación de insostenibilidad absoluta"
Núria Martínez, gerente de la Fundación Drissa, explica su caso: "Tenemos unos 82 trabajadores y la demasiada salarial nos ha subido 189.000 euros. Suponiendo que nos dieran la mitad, quedan 90.000 para cubrir. A los clientes no los puedo decir que aumento un 11% los servicios que hago". "No conozco ninguna empresa que tenga un fondo de contingencia para hacer frente a un aumento de la demasiada salarial del 22% de un día por el otro", añade.
"Hay entidades que prácticamente estarán en una situación de insostenibilidad absoluta, otros habremos tenido más posibilidades de generar reservas que nos permiten sostener el proyecto pero comiéndonos las reservas", señala Màrius Puig, de la Fundación Fupar.
Además, este aumento del 22% se añade a un 4% del año anterior y a un 8% de hace dos años. "Es imposible mantenerse con estas cifras. Qué sector puede sostener incrementos acumulados del 35% en tres años", lamenta Puig.
Dar oportunidades a personas que estaban excluidas
La LISMI es la ley estatal, aprobada el 1983, que contempla las subvenciones por los salarios de las personas con discapacitado. Un acuerdo social y político impulsado con la voluntad de facilitar la incorporación de estos colectivos en el mercado laboral. Un hecho que, en algunos casos, puede ser imposible. "Mucha gente son personas que nunca han tenido trabajo y el mercado laboral nunca los ha aceptado. Nosotros damos una oportunidad a esta gente ofreciendo trabajos adaptados a sus capacidades. Todo el mundo tiene derecho al trabajo", reivindica Núria Martínez.
Una realidad que, según el Administrador de Fupar, "se está desvaneciendo" con estas subidas de salarios mínimos y la falta de financiación por los centros especiales de trabajo. "Sería extremadamente injusto que los platos rotos los pagaran las personas con más dificultad, que es la situación actual", añade Màrius Puig, que reclama, como medida extraordinaria, que la subvención del salario mínimo llegue hasta el 75% para poder hacer frente al aumento del sueldo mínimo.
Además de ofrecer un trabajo y la inserción en el mercado laboral, los centros especiales de trabajo también realizan una tarea social que va mucho más allá, como recuerda Enric Cardús: "En el caso de la enfermedad mental, queremos hacer valer todo el que trae el trabajo, que está dando muy buenos resultados. Los síntomas mejoran, las recaídas disminuyen, el estrés de la familia no tiene nada a ver...".
Las personas más perjudicadas
El aumento del coste que tendrán que asumir los centros especiales de trabajar provoca que, para mantener la viabilidad económica, los trabajadores tendrán que ofrecer una productividad más elevada. Justamente la subvención prevista por la ley vendía a suplir esta infraproducció que hay en algunos casos de personas con discapacitado. Así, un riesgo es que las personas con discapacitados más agudas sean las más perjudicadas.
Enric Cardús: "El miedo es que las personas más afectadas queden fuera del mercado laboral"
"Las personas con más discapacitado, que tienen enfermedad más cronificada y la afecta en el día a día, el riesgo es que se dejen fuera del mercado", advierte el vicepresidente de AMMFEINA, que resume: "El miedo es que las personas más afectadas queden fuera del mercado laboral. Si no es con apoyo público, quedan fuera del mercado". Hay otras personas que no. Pero algunas cuando miras la vida laboral voces que hace muchos años que no trabajan.
Así, Enric Cardús pide también una modificación de la normativa porque las personas con más grado de discapacitado se beneficien de más subvención: "Las ayudas tienen que tener cierta correlación en función del grado de discapacitado y las menguas productivas. Los casos más extremos se tienen que valorar, que no sea tarifa plana. Si no el que puede pasar es que las personas que más lo necesiten queden fuera del mercado laboral"
Infrafinançament
Los CET reciben 85 millones de euros de financiación por las subvenciones del salario, 50 de los cuales provienen del Estado y 35 de la Generalitat. El Estado reparte el dinero entre las comunidades autónomas según la cifra de personas discapacitadas, no de trabajadores con discapacitado. Esto genera un déficit de financiación que afecta especialmente en Cataluña. Además, Màrius Puig asegura que, a final de año, a menudo no se llega a la subvención del 50% y denuncia un infrafinançament crónico.
El Administrador de Fupar da cifras de un estudio que elaboró hace unos años pero que mantiene relaciones similares: "Nos encontramos que por persona ocupada en Galicia puede recibir 8.000 euros y en Cataluña 2.000 y pico. Cataluña está muy penalizada. Con todo, la Generalitat, única administración autonómica que aporta dinero para este concepto, ha aprobado dotar de más dinero para hacer frente al aumento del salario mínimo y poder subvencionar el 50%, a pesar de que el valor absoluto que tendrán que pagar los CET aumentará un 11% igualmente.
Núria Martínez: "El tercer sector está olvidado e infrafinançat"
La situación política del Estado también genera incertidumbre. Y es que mientras el salario mínimo se ha aprobado por Real decreto, el aumento de las subvenciones han quedado al aire por la no tramitación de los presupuestos. "Ahora hay presupuestos prorrogados, elecciones anticipadas... Una situación de mucha inseguridad e inestabilidad porque no sabemos si nos llegará el 50% de los 900 o del salario anterior", lamenta Núria Martínez.
Con todo, la gerente de la Fundación Drissa denuncia que, cuando se toman decisiones de política general, nunca se contemplan las personas con discapacitado. "Con ellos no se piensa nunca. El tercer sector ha sido olvidado e infrafinançat".
Multinacionales que se aprovechan de la situación
Con todo, la situación de vulnerabilidad no es igual por todos los centros especiales de trabajo. Y es que en los últimos años, muchas multinacionales y grandes empresas han creado CET para ofrecer determinados servicios y disfrutar de las subvenciones. "Ha habido una serie de organizaciones que, como que hay ayudas que no ponderan el grado de discapacitado, han ido a buscar los sectores y aquellas personas que no tienen mengua productiva para ofrecer servicios auxiliares en que no afecta la discapacidad. Han aprovechado esta disfunción del sistema por personas que no tienen mengua productiva y no tendrían que estar en el trabajo protegido. Ha hecho daño al sector", expone Enric Cardús.
Núria Martínez: "Hay multinacionales que se han aprovechado del sistema"
En el mismo sentido se expresa Núria Martínez: "Hay empresas y multinacionales que se han aprovechado del sistema. El dinero público es muy escaso y las ayudas tendrían que ir a los centros especiales de trabajo sin ánimo de lucro, que realicen proyectos al territorio y que tengan asociado un proyecto social". Como ejemplo pone su caso, en que tienen que competir en concursos públicos con multinacionales como Clece o FCC, que cuentan con centros especiales de trabajo, pero disponen de muchos más recursos para ganarlos.
"Si el dinero son escaso y se tienen que repartir tenemos que ir a personas con más dificultades y entidades que no repartan dividendos. Las multinacionales contratan personas con grados de discapacitado mucho más leves", añade la gerente de la Fundación Drissa.
Màrius Puig: "En muchos CET hay personas con amplia experiencia laboral"
Así lo define Màrius Puig: "Hay CET, son empresarios que han visto en este sistema una oportunidad para incorporar personas con discapacitado abajo coste. Las personas son el instrumento para hacerlo posible". Mientras por los centros especiales de trabajo sin ánimo de lucro y con el objetivo social por encima otros, la subida de salario mínimo supone un "coste inabarcable". En cambio, por estas empresas pueden implicar incluso más beneficios: "Si tenías trabajadores con certificado de discapacitado y ya le pagabas mil euros, y la subvención es un porcentaje relativo del salario mínimo, ellos continuarán pagando mil euros y tendrán más subvención".
Todo ello traiciona el espíritu inicial de la legislación, añade el portavoz de Fupar: "Una de las premisas era incorporar personas en el mercado laboral que a causa de su discapacidad no se han podido incorporar en los medios ordinarios. Si hoy miramos en muchos CET, encontraríamos que hay personas con una amplia experiencia que provienen de la empresa ordinaria". Un ejemplo sería que una multinacional cree un CET por el servicio de teleassistència y contractiu una persona que va en silla de ruedas: "Cómo limitaría mi discapacidad en mi parte productiva? Haría mi trabajo en plena productividad. Si es así, qué sentido tiene que yo tenga la subvención del salario".