Los romanos decidieron que las carreteras tenían que ser públicas y en Europa hemos seguido esta tradición. Así, existen departamentos de obras públicas, ministerios de Fomento y empresas públicas que se dedican a asfaltar calles y hacer carreteras. Pero cuando las carreteras del futuro han sido las de las telecomunicaciones, la cosa ha cambiado. La Vía Augusta de la información se llama fibra óptica y el cable lo instala una empresa privada. Una empresa privada que hecha cable hasta allí donde le es rentable, nada más y nada menos. Cómo hacemps que la conectividad llegue hasta el último rincón del país para garantizar las oportunidades de ciudadanos y empresas de todas partes? Conseguirlo es un laberinto de dificultades administrativas que benefician Telefónica. La Generalitat ha sido pionera con la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC), mientras otras comunidades como Balears o el País Vasco optan para pedir fondos a Europa. Un dinero que acaban subvencionando el operador dominante.
La Generalitat quiere hacer llegar la fibra óptica y la conectividad a todos los rincones de Catalunya. El Govern impulsó una concesión pública después de recibir permiso europeo para crear una empresa para lanzar su propio cable y vender el excedente de capacidad como mayorista para cubrir los vacíos que Telefónica no quiere cubrir. Faltan 4.260 km de red de fibra óptica, casi los mismos que los que ya existen. El camino para llegar hasta esta situación ha estado lleno de trabas. Por su parte, otras comunidades como Illes Balears han optado por otro sistema: pedir fondo Feder para subvencionar la mitad de los proyectos para hacer llegar el cable allí donde las operadoras no quieren llegar en bases economicistas. Así, se puede llegar a dar la situación que tener fibra óptica en una población pequeña dependa del consumo de fútbol por cable que allí haya.
Un operador público para la competencia y la competitividad
Para entender esta situación perversa hay que hacer un poco de historia. El 1995 se liberaliza el sector de las telecomunicaciones en el Estado español. En muchas partes de Europa se hace una segregación funcional de las antiguas empresas públicas diferenciando la infraestructura del servicio, de forma que unas compañías ofrecen cable a los operadores con igualdad de concurrencia con unos precios regulados. Mayoristas y detallistas. En España esto no se hizo así. Se privatizó Telefónica y se le dieron todos los activos y todos los clientes.
Las operadoras tienen que pagar a Telefónica para usar su cable en caso de que no quieran poner de propio, pero también tienen que pagar para usar sus conductos en caso de que opten para tener infraestructura propia
El operador dominante -un oligopolio de facto- decide cuando y cómo se accede a su infraestructura en muchos municipios y cuando y donde la despliega. Las operadoras llegan hasta donde les es rentable. Telefónica se mueve, obviamente, por criterios economicistes, "no por criterios sociales o de competitividad económica", apunta David Ferrer, secretario de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Los nuevos operadores que quieren entrar en el mercado, para competir en igualdad de condiciones, tienen que extender sus infraestructuras, dado que las condiciones regulatorias son poco atractivas y no incentivan la competencia. La CNMC cuenta con dos herramientas: ORLA y MARCo.
Estas regulaciones incorporan un doble factor que les desincentiva: distancia y capacidad. Si Vodafone u Orange quiere llegar a cierta población pueden alquilar el cable a Telefónica o echar su propio cable. La Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas Terminales (ORLA) regula los servicios mayoristas que Telefónica ofrece a los operadores para que estos puedan conectar sus redes troncales con el domicilio final de sus clientes. Este mecanismo cuenta con unos peajes por distancia: "A partir de 35 kilómetros se triplican, una vez hechos los números, los operadores calculan que no los sale a cuenta".
El segundo obstáculo es el MARCo (Mayorista de Acceso a Registros y Conductos). Si una operadora no quiere alquilar el cable a Telefónica, tiene que poner el suyo. MARCo estipula el precio por metro lineal de las canalizaciones. Así, llegar a poblaciones pequeñas y aisladas resulta muy caro. "A menor densidad de población y mayor distancia, el coste desincentiva el MARCo", explica Ferrer.
Así es muy difícil llegar a la competencia en servicios. A la vez, el 2013 Europa reclama operadores fuertes y favorece la concentración del sector (que provoca una subida de precios): Orange compra Jazztel, Vodafone compra Ono, etc. "Esto desemboca en que en España hay una competencia relativa más baja y unos precios más elevados", subraya Ferrer.
Catalunya fue pionera en Europa al lanzar una concesión de operador público para tirar su propio cable de fibra óptica, un modelo que ahora copian Suecia y Dinamarca
En este contexto, el Govern de Catalunya había sido activo en cuanto al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones propias. Dada la carencia de competencia, el 2006 la Generalitat abre un proceso para incidir en este sector y se pide autorización a la Unión Europea. En 2010 reciben la autorización después de configurar la propuesta. Se lanza un concurso público para concesionar la explotación de una infraestructura de comunicaciones pública con dos grandes vertientes: autoprestación y mayorista. Es decir, la UE autoriza la Generalitat a poner en el mercado -con precios regulados- el excedente de la infraestructura que instalen. La UTE Xarxa Oberta de Catalunya gana el concurso y la concesionaria recibe la red propia de fibra de la Generalitat para dar servicio a las diversas sedes o servicios en el territorio. XOC ha ido extendiendo infraestructura para el Govern, un cable que una vez acaba la concesión pasa a ser público y bajo criterio de la Generalitat.
El Govern aprueba unos precios públicos para acceder a este cable para servicios activos y pasivos (fibra oscura y conductos). Y este coste está sujeto a capacidad, no a distancia: "10Gb en Barcelona cuestan el mismo que en Sort", detalla Ferrer, por lo tanto no existen los peajes de Telefónica. El resultado? Más de 75 operadores utilizan esta red. "En Europa se sorprenden: si hay unos servicios regulados por parte del regulador estatal, como es que hay tantos operadores funcionando sobre esta infraestructura?", exclama el experto. "Seguramente los mecanismos reguladores no son bastante eficientes", remarca. El efecto ORLA es inversamente proporcional a su objeto: genera competitividad donde hay competencia y la desincentiva allí donde no hay. A parte, la XOC combate también el efecto MARCo con bonificaciones por densidad poblacional y distancia. El modelo catalán ha sido seguido por otros estados europeos a posteriori: Suecia o Dinamarca también despliegan el mismo sistema.
El siguiente paso para la XOC es hacer llegar la fibra óptica a todas las capitales de comarca, pasando de las 29 a las 41 comarcas, con un presupuesto total de 300 millones de euros. Y antes del 2023 tener presencia en todos los pueblos de Catalunya y zonas de actividad económica. "Y esto es la base para garantizar el despliegue del 5G", remarca Ferrer.
El caso balear
Sin un mecanismo como el catalán, otras comunidades recorren a los fondos europeos. Europa ofrece fondos Feder para hacer llegar la fibra óptica por todas partes y que subvencionan hasta la mitad de cada proyecto. Para acceder a estas ayudas europeas tiene que haber obligatoriamente una empresa privada que esté dispuesta a verter la otra mitad de la financiación y desarrollar el proyecto.
El 80% de los fondos Feder para poner cable de fibra óptica los acapara Telefónica
El criterio para dar subvenciones para fibra es que se instalará en las llamadas zonas blancas. Unas encuestas a las operadoras determinan estas áreas, que aparecen como lugares en que las empresas no tienen intención de llegar: son áreas que en tres años no se prevé que lleguen ni los 100 megabytes de ancho de banda. Villas, pequeñas poblaciones, polígonos industriales: estas son las zonas blancas.
El gobierno estatal publica hacia febrero la lista de zonas blancas del Estado. "Cuando Madrid declara las zonas, las comunidades preparamos nuestros planes. En el caso de las Balears disponemos de 7,8 millones de fondos Feder concedidos y con este dinero queremos llegar a tantas zonas blancas cómo podamos", explica Benjamín Villoslada, director general de desarrollo tecnológico del Govern de les Illes Balears. "Y esto lo tenemos que pedir al Estado", explica, porque los fondos son regionales, pero la comunicación entre Europa y las regiones las prohíbe España en un decreto que dice que "todos los planes con cuestiones europeas se tienen que consultar con Madrid y Madrid tiene que responder si está de acuerdo o no". Esto es así porque el Gobierno central también recibe fondos europeos a escala estatal y quiere evitar colisiones.
"Hace tres años que lo intentamos, cuando nos han dado los permisos desde Madrid ya era en septiembre, entonces ya no tienes tiempo de publicar un concurso de ayudas para el mismo año", lamenta el director general. Y esto ha pasado dos veces. Sortosamente, el mes de marzo del 2018, Madrid dio luz verde al Govern Balear para llegar hasta todas las poblaciones de menos de 4.000 habitantes. En septiembre ya estaban adjudicadas, principalmente a Telefónica, Conecta Balear, IB-red y Fibwi.
Prácticamente todas las zonas blancas de las Balears están cubiertas y adjudicadas entre grandes operadores y operadoras locales. "Las únicas dos zonas que no se pudo adjudicar son Portocolom y Can Picafort, porque eran de más de 4.000 habitantes y las tenía que hacer Madrid, pero no lo ha hecho", lamenta Villoslada. Todos los pueblos de les Illes Balears tendrán fibra óptica menos Portocolom y Can Picafort, porque era el Estado quién se tenía que encargar de las gestiones de las ayudas europeas. Y no lo hizo. Mientras tanto, al Govern Balear le han sobrado 4 millones de euros de ayudas y podrían haber cubierto estas zonas. "Incluso se han cubierto zonas con dos o tres habitantes!", exclama el portavoz.
Los dos únicos pueblos que no tendrán fibra óptica a las Balears son los que el Estado español tenía que gestionar las ayudas para poner cable
De 47.000 habitantes de zonas blancas, 1.700 han quedado sin fibra. "Nos volveremos a presentar", vaticina. Una parte de estas zonas está en Menorca donde los cables submarinos que conectan la isla a Mallorca son propiedad de Telefónica, cosa que eleva el coste para otras operadoras. Así, una empresa de Alaior ha echado fibra en el polígono local, pero en cambio zonas residenciales quedan sin cable por el elevado alquiler del cable submarino. "Pronto habrá dos cables de luz nuevos y el panorama cambiará", avanza Villoslada.
De cara al futuro y con el 5G al horizonte, dar servicio al 100% de la población, incluido zonas rurales es vital. De momento, en julio del 2020 se llega al 99,85% de las zonas blancas. Una vez cableado el territorio, el objetivo es que haya dos operadores y, por lo tanto, competencia: zonas grises.
El mecanismo es, sin duda, controvertido. Ferrer es contrario a él: "Con dinero público se está financiando el despliegue de un operador que ya tiene suficiente capacidad y ha declarado 3.000 millones de euros de beneficio en el último ejercicio". El 80% de los fondos europeos al Estado para esta finalidad los acapara Telefónica. Además, a las operadoras que se les concede esta subvención, no se les requiere que abren la infraestructura a otras operadoras, por lo tanto, tendrán que pagar la ORLA. "Estamos financiando su predominancia", lamenta Ferrer.