El nuevo Gobierno español tiene, entre los retos económicos más destacados, dos principales: el mercado laboral y la reforma de las pensiones. Al primero se enfrentará la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mientras que del segundo se hará cargo José Luis Escrivà, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.
La derogación de la reforma laboral del PP de 2012 es uno de los principales puntos de acuerdo entre el PSOE y Unidas-Podemos, pero se tendrá que materializar en un contexto de ralentización de la economía y, también, de la creación de empleo. Entre los cambios que supondrá cumplir la promesa de derogar de forma completa la reforma laboral de Mariano Rajoy destaca la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa. Además, la vigencia de los convenios será indefinida. El compromiso también incluye eliminar las despedidas por bajas reincidentes, un tema que está especialmente de actualidad porque el Tribunal Constitucional lo ha avalado recientemente.
Una de las primeras medidas que se prevé que aprobará la ministra de Unidas-Podemos será el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A pesar de que todavía no hay consenso sobre la cifra que se establecerá, se habla que será de entre 1.000 y 1.200 euros mensuales. Sobre este tema, el acuerdo del Gobierno de coalición sólo contempla el compromiso de subir un 60% el salario medio neto al acabar la legislatura.
El papel de la patronal CEOE ha sido, antes de empezar la legislatura, muy beligerante. De hecho, la organización se ha mostrado contraria al incremento del SMI, puesto que cree que el último que se aplicó -el año pasado- ha contribuido a frenar el empleo. Además, la CEOE ha considerado abiertamente que el pacto de Gobierno es más próximo al "populismo" que a "la ortodoxia económica", una opinión que comparte con la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores es otro de los retos para Díaz, con el objetivo de incorporar las nuevas formas de trabajo que se crearán a raíz de la digitalización, la robotización y la economía sostenible. Las cifras actuales del ámbito laboral dejan una situación complicada en un contexto de desaceleración económica generalizado.
El número de parados se sitúa en 19,9 millones, hecho que supone que todavía no se hayan recuperado los niveles previos a la crisis. La tasa de generación de empleo es inferior al 2% anual y entre las principales disfunciones del mercado laboral destacan la alta temporalidad (un 26,6% de los contratos), la tasa elevada de empleo a tiempo parcial (un 14%) y el nivel de paro, del 13,9%, el segundo más alto de la Unión Europea.
Las pensiones, la primera medida
En el primer Consejo de Ministros ya se ha hablado de las pensiones. De hecho, la primera medida del nuevo Gobierno ha sido aprobar un aumento de las pensiones de un 0,9%. La decisión no incluye la subida de las pensiones más bajas, otro de los compromisos de la coalición, que se deja para más adelante. Pero esto se enmarca en una reforma de todo el sistema de pensiones, a la que se tendrá que enfrentar el ministro Escrivà. Esta, tiene que asegurar la sostenibilidad del modelo y debe contar con un amplio consenso.
Actualizar las bases de cotización a la Seguridad Social será otra de los trabajos que tendrá Escrivà, además de la reforma del régimen de los autónomos y el sistema de prestaciones por desempleo. Para estas medidas, se tendrán que coordinar los ministerios de Díaz y Escrivà.
En el ámbito de la inclusión, se espera la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, en linea con la renta garantizada de ciudadanía de la Generalitat. Escrivà será el responsable de gestionar los flujos migratorios, la acogida humanitaria y las solicitudes de asilo, mientras continúa el drama en el Mediterráneo. De hecho, una de las primeras crisis del anterior ejecutivo de Pedro Sánchez cuando llegó al poder después de prosperar la moción de censura contra Rajoy fue la del barco de la ONG Proactiva Open Arms.