El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las hipotecas referenciadas con el índice IRPH pueden ser abusivas. En la sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo insta los tribunales españoles a "asegurarse del carácter claro y comprensible" de las cláusulas de contratos de los préstamos hipotecarios y a "sustituirlas" en caso de que sean consideradas abusivas con el objetivo de "proteger los consumidores".
El TJUE contradice así la decisión del Tribunal Supremo, que considera que los préstamos hipotecarios referenciados con el IRPH no pueden someterse a control judicial porque no implican ningún abuso por parte de los bancos. La sentencia sigue, como pasa en la mayoría de los casos, la opinión que el abogado general del tribunal hizo pública el pasado septiembre. El abogado general ya consideró que los préstamos referenciados con el IRPH eran "poco transparentes" y podían ser abusivos, después de que un juzgado de Barcelona elevara la cuestión a la justicia europea para resolver si en estos casos se puede aplicar la directiva europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores.
La sentencia que ha sido anunciada este martes y ya ha empezado generar reacciones. El primero en pronunciarse ha sido el eurodiputado de los comuns, Ernest Urtasun. En un comunicado, Urtasun ha dicho que "ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores hicieron una supervisión de la comercialización masiva de productos" como los basados en el IRPH. El representante de los comuns considera que la sentencia de Luxemburgo "una vez más evidencia que las normas españolas de protección de las personas usuarias de servicios financieros son claramente insuficientes y dictadas al servicio de la banca".
La sentencia abre la puerta a indemnizaciones millonarias
Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), los hipotecados con el índice IRPH han pagado un sobrecost de 25.000 euros desde el 2004, unos 165 euros de más en las cuotas mensuales de sus préstamos hipotecarios.
El sobrecost total, según la asociación, se traduce en un impacto económico de 25.000 millones de euros. Los bancos, pero, estiman que la cifra no llega a los 17.000 millones, mientras que Goldman Sachs apunta que la anulación de esta cláusula podría llegar a costar hasta 44.000 millones a los bancos.