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Las primeras medidas económicas de la República Liberal Catalana

El economista Ivan Aguilar sigue las indicaciones de los lectores en el quinto aniversario de VÍA Emprendida y desarrolla las posibles medidas de un Estado independiente

Según Aguilar, algunas medidas ya las podría aplicar el gobierno de Tuesta sin ser Sido independiente | M. Rovira (ACN)
Según Aguilar, algunas medidas ya las podría aplicar el gobierno de Tuesta sin ser Sido independiente | M. Rovira (ACN)
Ivan Aguilar
Barcelona
04 de Junio de 2018

Los lectores de VÍA Emprendida me han demant que enumere las cinco primeras medidas que tendría que poner en marcha una hipotética República Liberal catalana. Pero primero es importante hablar del contexto, puesto que la economía catalana se caracteriza por un aceptable grado de apertura comercial e internacionalización así como por haber conseguido ser un polo de atracción de tecnología. En cambio otros problemas crónicos desde hace años continúan siendo una losa importante porque Cataluña acontezca un territorio líder europeo. Así pues, las cuatro reformas que propongo en este artículo (aquí sólo la primera parte) se pueden definir como urgentes y algunas de ellas probablemente se pueden implementar sin necesidad de ser un Estado Independiente.

En este artículo encomendado por los lectores de VÍA Emprendida desarrollo superficialmente cuatro reformas que impactarían positivamente sobre la economía catalana

En la macroeconomía contemporánea existen tres factores de producción: Capital, Trabajo e Instituciones. Desde esta óptica productiva, la regulación existente tiene que ser tal que maximice la eficiencia en la utilización de los tres factores productivos y su iteración. En este artículo desarrollo superficialmente cuatro reformas que impactarían positivamente sobre la economía catalana: una reforma de la Administración pública, el desarrollo de un centro financiero, el reforzamiento de los derechos de propiedad y una reforma integral de las barreras administrativas para hacer negocios.

1 Reforma de la Administración pública

Esta reforma tiene dos objetivos muy definidos. La profesionalización de la función pública y la reforma del sistema de contratación y retribución son los aspectos que más han limitado el diseño y ejecución de políticas públicas. Además, son reformas necesarias -pero no suficientes- para lograr objetivos más ambiciosos cómo son la transparencia, la evaluación de políticas públicas o la digitalización de la Administración.

La profesionalización de la Administración versa sobre los directivos que contrata el sector público. Las Administraciones más eficientes, más transparentes y con menor corrupción son aquellas que contratan directivos al mercado de trabajo como una empresa más. Esto permite una transferencia de conocimiento entre sector público y privado muy fluida, un ahorro en los salarios que paga la Administración y facilita la innovación dentro del sector público debido a la flexibilidad en la contratación.

Los países mediterráneos utilizan la designación política para cubrir estas vacantes el que implica un exceso de burocracia y reglamentación que los insiders del sistema político instauran como barrera de entrada hacia los outsiders políticos el que implica que la gran mayoría de directivos públicos tienen carné de partido y, por lo tanto, deben de la lealtad a quien los designa y no a quienes los paga.

Esto explica, por ejemplo, porque el mundo de las concesiones públicas son mercados planificados y no competitivos con baja productividad y salarios y coste elevado para la Administración. El sistema de contratación y retribución del sector público tiene características comunes con el sector privado: la temporalidad.

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Cómo se puede ver, la tasa de temporalidad en el sector público (SP) es muy elevada y pareciendo a la del sector privado. El motivo también es común: la excesiva rigidez de los contratos indefinidos (en general, en el SP no se pueden despedir indefinidos de forma improcedente) hace que la contratación se haga íntegramente con contratos temporales y salarios bajos, puesto que indefinidos y funcionarios cobran salarios algo más elevados que al sector privado.

Desde la perspectiva del riesgo y de la justicia, quien tiene un trabajo asegurado tiene que cobrar por debajo de quien no tiene esta seguridad y viceversa. Es decir, tiene que existir un trade off entre seguridad y remuneración. La política de contratación se caracteriza por un mercado dual donde los indefinidos tienen una rigidez extrema -en protección y remuneración- y los temporalidades tienen flexibilidad extrema. El SP catalán necesita reducir la flexibilidad de los temporales y aumentar la de los indefinidos, eliminar los puestos de trabajo de por vida y remunerar tal como lo hace el sector privado para incentivar la productividad.

2 Desarrollo del sistema financiero

Barcelona es la única superciutat del planeta que no tiene sistema financiero propio. Y que quiere decir esto? Pues que es la única superciutat que no aparece en el Financial Centros Index que valora los 100 principales centros financieros de todo el mundo. Esto es un problema grave por tres motivos.

El primero es que la economía catalana está renunciando a un 5% de valor añadido sucio (VAB) sin ningún motivo. Además, este VAB financiero remunera salarios elevados y alta productividad y tiene un impacto notable sobre los salarios.

El segundo es que la financiación de calidad implica siempre proximidad. Proporcionar financiación con el centro decisorio a 500 kilómetros implica que los préstamos no se asignan correctamente y, por lo tanto, existe una asignación poco eficiente del capital, cosa que implica una dificultad máxima porque las mejores empresas crezcan y se conviertan en grandes empresas multinacionales que, a su vez, permiten desarrollar un sector contable, fiscal y auditor muy importante que se traduce en salarios elevados y alta productividad.

Otros spillovers positivos conocidos son más ingresos públicos y menos abandono escolar. El tercero es que las empresas viven bajo restricciones financieras permanentes. Una parte importante de la financiación a empresas (el Capital Riesgo queda excluido) es el que denominamos unsecured credit, el que quiere decir que es crédito bancario que no está apoyado por ahorro sino que los bancos crean de la nada.

El hecho de no tener un centro financiero propio implica que los bancos del centro financiero donde pertenecemos -en el caso catalán, al madrileño- prefieren dar este crédito a las empresas a quienes mejor conocen. Es el fenómeno de la banca relacional, que basa su política comercial en el historial que el cliente tiene con el banco, cosa que implica que cuanto más años -de media- un cliente pasa con su banco más unsecured credit tienen las empresas a su disposición, consiguiendo mejor productividad a largo plazo:

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España ocupa un lugar muy bajo en la duración de las relaciones bancarias debido al hecho que tiene un sistema financiero completamente centralizado y esto explica los fenómenos mencionados anteriormente.

Un sistema financiero propio se puede empezar a construir desde los ayuntamientos. Actualmente los municipios se financian con unsecured credit el que agrava notablemente las restricciones financieras de las empresas (por eso el Ministerio de Economía ha provocado superávits fiscales municipales vía regulación) y, por lo tanto, copiar el sistema americano de financiación municipal conjunto -los munis- es buena idea.

La idea es que todos los municipios se endeudan emitiendo bonos de los cuales existe mercado primario y secundario, cosa que convierte este endeudamiento en transferible y las familias y empresas tienen una excelente oferta de inversión y ahorro en su propio municipio. Junto con el capital riesgo -Barcelona es una potencia europea en VC- y un mercado bursátil para pymes catalán se pueden poner los fundamentos de un sistema financiero catalán muy sano y muy sólido.