Los problemas de no recibir la información correctamente son que se presentan situaciones que no entendemos, que no parecen lógicas. En nuestro caso se suman dos hechos: los gobernantes no quieren dar explicaciones -bueno, es un eufemismo para no decir ocultar- y los medios no hacen el esfuerzo de adentrarse en la documentación existente para llevar a cabo lo que podríamos llamar “tareas de investigación” y ligar la causa con el efecto. Este es el caso de la lentitud del despliegue de las ayudas Next Generation. La información está más o menos disponible, pero no se explican los vínculos. Aquellas acciones que provocan determinadas consecuencias. Hoy intentaremos analizar por qué, en el caso de los fondos Next Generation, estamos dándole vueltas siempre a los mismos temas: el retraso en su distribución. Veremos que este efecto es resultado de no llevar a cabo de manera definitiva -darle vueltas, también- determinadas acciones de gobierno que no parece que tengan nada que ver. Pero sí que las tienen.
La aprobación del programa Next Generation -recordémoslo: 750.000 millones de euros del año 2020- supuso un gran cambio en cómo la Unión Europea (UE) daba las ayudas. El momento fue histórico. No solo por la cantidad aprobada (imagínense, el equivalente al 60% de todo el PIB español) sino también por el método de obtener el dinero: endeudamiento de los países de la UE de forma solidaria. Ahora quizás no lo recordemos, pero las discusiones fueron duras y largas. Los estados miembros llamados frugales desconfiaban de los países de siempre, como España, que tienen la palabra solidaridad a flor de piel y que siempre están tirando de esta cancioncita. El resultado fue que el plan de ayudas se aprobó bajo dos condiciones: que el dinero fuera bien utilizado -con objetivos y proyectos predeterminados, estimados, aprobados y auditados- y que, de paso, los países receptores se comprometieran a hacer reformas estructurales que evitaran, en un futuro, vivir siempre de la solidaridad de los demás.
El resultado final fue que a España le tocaron unos 150.000 millones de euros de ayudas (un 12% del PIB) repartidos entre 75.000 millones de subvenciones y 75.000 de préstamos. La cuestión entonces fue: ¿tenemos capacidad administrativa para gastar este dinero de manera ordenada tal como se nos exige, es decir, aplicarlos a lo que toca y que todo esté bien auditado? Pero también se abría una nueva cuestión: ¿podremos llevar a cabo las reformas estructurales que se nos piden, adicionalmente, para recibir estas ayudas?
En Estados Unidos, el papeleo para obtener las ayudas se ha simplificado enormemente. No ha sido posible en la UE. Y los únicos culpables somos nosotros por haber creado la atmósfera de recelo
El análisis de los proyectos a los que se deben aplicar las ayudas ya son motivo de retrasos. Gastar 150.000 millones no es fácil. Los controles y la burocracia para que no se malgasten los recursos son imperativos. Recordemos que en España tenemos contenciosos por corrupción para dar y regalar. Incluidos los casos donde se ven afectadas ayudas europeas. Por lo tanto, toda prevención de nuestros socios europeos es poca. Los procesos de auditoría para cada proyecto que se lleva a cabo son exhaustivos y lentos. Por el contrario, tenemos una administración pública delgada e ineficaz. En Estados Unidos, el papeleo para obtener las ayudas se ha simplificado enormemente. No ha sido posible en la UE. Y los únicos culpables somos nosotros por haber creado la atmósfera de recelo.
Y es que, como reconoce el Instituto Jacques Delors, los países del norte desconfían de los del sur. Esta desconfianza se vio reforzada a raíz de la Gran Recesión, cuando en 2009 se descubrió que Grecia había falsificado las estadísticas enviadas a Bruselas. El final de la historia lo conocemos todos: Grecia y Portugal intervenidos globalmente y España con la banca intervenida. Esta desconfianza se ve también estimulada por el hecho de que 400.000 de los 750.000 millones (es decir, un 53% de los fondos) van a cuatro países del sur: España, Grecia, Portugal e Italia.
En resumen, gastar sensatamente los 150.000 millones que nos ha asignado la UE no es fácil. Se necesitan equipos de control muy fuertes. Y aquí vamos tirando, aunque Italia lo está haciendo bastante mejor que nosotros, como es habitual.
¿Por qué tardan tanto?
Pero les hablaba al principio de las causas del retraso que son menos evidentes. ¿Por qué, por ejemplo, Italia ya va por el sexto tramo de las ayudas y España aún va por el quinto? En principio, los desembolsos debían finalizar en 2026. Pero, como he dicho, si además de los proyectos bien documentados, no se llevan a cabo las reformas estructurales acordadas, el dinero tampoco llega. Les pondré un ejemplo. En abril de 2023, la Generalitat convocó unas pruebas para acceso a funcionarios. Si lo recuerdan, se tuvo que anular debido a los errores y la mala gestión. El entuerto se rectificó pronto, y se convocaron nuevas pruebas para el mes de julio. ¿Cómo fue posible tanta rapidez en la rectificación? No es habitual tanta humildad. Fácil. En los acuerdos para recibir los fondos Next Generation figuraba hacer fijos a funcionarios que, durante años, habían estado trabajando con contratos temporales -una de las muchas vergüenzas del país-. Por lo tanto, la pifia de las pruebas de la Generalitat detenía el desembolso de una de las partidas de los fondos provenientes de la UE. Evidentemente, nadie quería ser señalado como responsable del retraso de unas ayudas importantísimas. He aquí la enorme eficacia en rectificar.
Uno de los compromisos del gobierno español para recibir los fondos Next Generation consistió en hacer que el sistema de pensiones fuera financieramente sostenible
Pues bien, ahora nos encontramos en una situación similar, pero que hace referencia a reformas que el gobierno español dio por cerradas y que la UE no acaba de ver claras. Hablo de dos reformas clave: la ley de pensiones y la ley de la vivienda. ¿No es cierto que la sensación que todos tenemos es que la reforma del sistema de pensiones parece que no se cierre nunca? Cada día salen noticias sobre cómo, quizás, será el futuro. Pues así es. Resulta que uno de los compromisos del gobierno español para recibir los fondos Next Generation consistió en hacer que el sistema de pensiones fuera financieramente sostenible -como también lo acordó Francia-. La realidad es que la UE no cree que los cálculos que ha hecho España sobre la sostenibilidad del sistema sean correctos. Por eso, si leen la prensa generalista, ustedes tendrán la sensación de que el tema siempre se está discutiendo y nunca se acaba el ruido. Y es cierto. El ruido no se ha acabado porque la reforma no se ha hecho correctamente y tanto el mundo académico como la UE no están satisfechos con unas proyecciones que son optimistas. Y no lo dan por cerrado.
Por otro lado, la UE desconfía y pone en duda algunos conceptos de la ley de la vivienda de 2023. Algunas disposiciones sobre cómo financiar la vivienda pública se cuestionan, ya que no parece que se ajusten a las reglas del mercado ni al estado de derecho democrático occidental. Parece que la ley pone en duda el derecho a la propiedad privada. Un intento de satisfacer a la extrema izquierda que condiciona al gobierno español y que la UE, gracias a Dios, no acepta. Además, la UE pone en cuestión que la ley solucione el problema de la vivienda en España. Más bien parece que empeoraría la situación -como ha sucedido en Barcelona cuando se han querido implantar determinadas soluciones tan populistas como ineficaces-.
En resumen, muchos de los temas de los que oímos hablar, y que parecen internos de la política española, son problemas europeos, ya que forman parte de los compromisos que el estado español ha adquirido con las instituciones europeas para poder obtener fondos Next Generation. Pero nadie nos informa del origen de los debates y de por qué algunos temas permanecen aún, y de forma permanente, abiertos. Por suerte, de fuera vendrán a decirnos que los solucionemos definitivamente. Hasta entonces, la canción del enfado continuará.