En Argentina, una sociedad caótica pero de inigualable orden vital, todo parece hoy fuera de lugar. Como si un brutal seísmo hubiese sacado de registro el país entero. Lo resume a su manera un cartel escrito por mano anónima y con el típico humor porteño, que da la bienvenida en la puerta de un almacén del centro de Buenos Aires: “Vivimos en un país raro. La clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios, la clase alta no tiene clase”. Y, en efecto, la clase media no está más en su lugar, corrida a los márgenes de la sociedad, el hambre del pobre sacia el apetito de las multimillonarias corporaciones, la primacía del consumo de carne vacuna ha sido derrotada por la del siempre desdeñado pollo, al solidario se le acusa de corrupto y los derechos de los ciudadanos son, en opinión de su singular presidente, un modo de vida para los delincuentes.
Un país especial, en verdad. Extraordinario e inverosímil en ocasiones. Más todavía desde el pasado 10 de diciembre, fecha de la asunción de Javier Milei como presidente de la nación. El primer presidente anarcocapitalista de su historia.
Como candidato, Milei se pasó años gritando que él era el León. “Yo soy el León” rugía en el VIVA24 de Vox siendo ya presidente de la República Argentina. Sin embargo, más o menos en las mismas fechas, en una entrevista a The Free Journal en el curso de una de sus frecuentes giras por EE.UU., el fiero León reconocía su más profunda vocación: ser un topo. “Amo, amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde dentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas […] La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado”, añadía.
Milei se pasó años gritando que él era el León. “Yo soy el León” rugía en el VIVA24 de Vox, siendo ya presidente de la República Argentina
Más próximo a aquel Luis XIV que pasó a la historia por su inmortal “El Estado soy yo” que a los grandes nombres del anarquismo argentino, como el filósofo italiano Errico Malatesta, residente en Argentina desde 1985 a 1989, o Simón Radowitzki, el adolescente ruso de 17 años que arrojó una bomba contra el automóvil que trasladaba al coronel Ramón L. Falcón, jefe de policía célebre por sus violentos métodos represivos contra el movimiento obrero argentino, el liberal libertario Milei, paradojas de la Historia, comparte con ellos idéntico propósito: demoler hasta sus cimientos el edificio del Estado. Un propósito que, lejos de ser una teoría o una simple amenaza, está operativo y avanza implacable ante la inmovilidad absoluta de las Cámaras, la Justicia, la oposición, las instituciones, los poderes económicos y la sociedad en coma. Otro hecho incomprensible de la compleja Argentina.
La Ley Bases, punta de lanza del desguace estatal
Tras seis meses de tira y afloja en el mercadillo parlamentario y envalentonado por la aprobación del proyecto de la Ley Bases -elaborado en los estudios de abogacía de las principales corporaciones argentinas- Milei, que ejerce también de ministro de Economía mano a mano con Caputo, encendió la luz verde para la apertura de la “segunda etapa” del plan económico, que incluye una serie de medidas, reformas, privatizaciones y desregulaciones dirigidas a avanzar en el proceso de desmantelamiento estatal.
Los meses de demora en las negociaciones con la Cámara de diputados, y muy en especial con el Senado, donde tuvo que afrontar una batalla más crispada, despertaron la rabia de Milei, impaciente por avanzar en su proyecto de acoso y derribo. Llevaba aprendida la lección de los intentos anteriores de encoger el Estado, los de Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981, en la dictadura cívico-militar presidida por Jorge Rafael Videla, y los de Carlos Menem y Mauricio Macri. Todos habían fracasado, entre otras razones por la timidez y el ritmo de las reformas, que permitieron a la oposición y a los movimientos sociales articular una intensa campaña de protestas populares y, finalmente, derrotar el viejo anhelo de los sectores más reaccionarios del país. Y a él, el León, el futuro Nobel de Economía, eso no podía ocurrirle.
La segunda etapa del plan económico de Milei: medidas, reformas, privatizaciones y desregulacions dirigidas a avanzar en el proceso de desmantelamiento estatal
La euforia de Milei por doblarle el brazo al Congreso y obtener su primera victoria política se justificaba: con la aprobación de la Ley, sus artículos 3 y 5 le permitían apretar el acelerador para la reorganización o disolución de organismos públicos y fondos fiduciarios. Diputados y senadores le acababan de entregar –con retoques y reformas- el instrumento imprescindible para llevar adelante su confeso proyecto de demolición. Y por el mismo precio, la aquiescencia de diputados y senadores les convertía en cómplices del proyecto oficial más subversivo de la joven Republica. Con la nueva ley, además, Milei se dotaba de superpoderes por un año prorrogable a dos y a partir de ese momento podía asumir el rol del Congreso y legislar a su gusto en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Milei: "En seis meses hemos hecho más por Argentina que lo que se hizo en 100 años"
Amante de las hipérboles numéricas, sin que importe que sean falsas o verídicas, el primer día de julio Milei proclamó que "tenemos 3.200 reformas más, que se agregan a la Ley Bases, que a su vez es cinco veces más grande que la reforma que hizo Menem en los años 90. En seis meses hemos hecho más por la Argentina que lo que se hizo en 100 años". Millones de ciudadanos argentinos echaron en falta en la frase el vocablo daño.
Luis Bruschtein, periodista y subdirector de Página/12, señaló en un artículo, alguno de cuyos argumentos sería retomado por la expresidenta Cristina Fernández Kirchner para una de sus primeras declaraciones públicas desde la asunción de Milei, que "la aprobación de la Ley Bases es la consecuencia de que finalmente los tres poderes republicanos han sido arrasados por los poderes fácticos englobados en la cúspide de la pirámide social, un sector del capital concentrado en alianza con las corporaciones transnacionales".
Sturzenegger, el monje negro exterminador
Para dirigir los equipos de demolición y el manejo de los martillos demoledores, las excavadoras, las grúas de demolición y las trituradoras de un proyecto descomunal que en ocasiones, cuando conviene, se transforma en “un achique del Estado”, Milei eligió a Federico Sturzenegger, un auténtico experto en siniestros sociales al que la prensa argentina denomina Terminator por los dramáticos efectos de sus anteriores desempeños institucionales. Él fue quien elaboró el Decreto de Necesidad y Urgencia 70. Un decreto vigente desde prácticamente la llegada de los libertarios a la Casa Rosada que ha servido de ariete legislativo para ir preparando la desregulación de la economía y el desguace del Estado mientras se decidía el futuro de la Ley Bases en las Cámaras.
La elección de Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado no supuso ninguna sorpresa. Hacía meses, incluso años, que venía colaborando en la candidatura de Milei y en sus planes económicos y políticos, y contaba además con un mérito no menor: el de compartir con el presidente idéntico desprecio por el Estado. Un Estado, por cierto, para el que lleva décadas trabajando, primero en el 2001, cumpliendo funciones como secretario de Política Económica en el gobierno de Fernando de la Rúa, luego, entre el 2013 y 2015, como diputado nacional por el partido Propuesta Republicana y más tarde, entre diciembre de 2015 y junio de 2018, como Presidente del Banco Central de la República Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. El periodista y conductor del programa radiofónico La Mañana, Víctor Hugo Morales, una de las conciencias morales del país, saludaba el tercer regreso de Sturzenegger a las tareas de gobierno con el recuerdo de sus anteriores fracasos: “No vale nada lo sufrido, no vale nada que siempre piense en contra del pueblo, no vale nada que sea un trabajador de la élite económica, no importa lo que ya nos hizo”.
En sus primeras declaraciones como flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger anticipó que la promulgada Ley Bases y el aún vigente DNU 70/2023 "representan sólo el 20%" de las reformas que pretende llevar adelante mano a mano con el presidente Milei. Y detalló que su ministerio tendrá dos áreas: "Una es colaborar en el proceso de transformación del Estado y la otra es desregular para otorgarle libertad de actuar a la gente". Dos funciones que, en román paladino, no significan otra cosa que la refundación del Estado y la eliminación de los límites que el Estado pone al sector privado, en particular en el ámbito de las grandes corporaciones.
"El mandato recibido del Presidente Milei es ordenar el gasto público; la gente en un momento se cansó y se dio cuenta de que todo gasto se paga. Es decir, cada peso que el Gobierno gasta, alguien lo está aportando, no es gratis. La plata no sale de un repollo ni se inventa en el aire”, advirtió el ministro para justificar el abandono que el Estado hará en prácticamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. “Vamos a concentrarnos en las medidas que le sirvan a la gente, como eliminar todo el gasto superfluo y los ñoquis (como se denomina en Argentina a los funcionarios vagos, aquellos que acuden solo a su puesto de trabajo el día de cobro, o quienes incumplen sus responsabilidades profesionales).
El inaudito remate de un país
Las advertencias de Sturzenegger llegaban tarde. Meses antes, un alud de e-mails y telegramas anunciando cierres, despidos masivos, recortes presupuestarios e intervenciones de alcance nacional se precipitó sobre los trabajadores y trabajadoras de áreas claves del Estado y buena parte de sus organismos y dependencias. El martillo y la motosierra de un Milei impaciente se le habían adelantado, mostrando el camino a seguir. Entre los afectados, la CONADI, el organismo que se ocupa de buscar a los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado; la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), referente estatal en materia de tecnología industrial y metrología; la Secretaría de Derechos Humanos; Parques Nacionales; el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI; el ex Ministerio de Desarrollo Social, tanto las oficinas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires como en los 59 Centros de Referencia de las provincias; los 136 Registros de la Propiedad Automotor ubicados en 14 provincias; el Hospital Nacional Alejandro Posadas; el Fondo de Capital Social (FONCAP); la Agencia de Noticias Télam, transformada en la Agencia de Publicidad del Estado (APE) bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima Unipersonal; la Universidad Madres de Plaza de Mayo (UNMa), con sus 2.300 estudiantes, 190 docentes y 90 no docentes; el Correo Argentino, entre muchos otros organismos y dependencias. En suma, miles de pérdidas de puestos de trabajo y el desmantelamiento de todo el acompañamiento que hasta ese momento se brindaba a los sectores vulnerables del país a través de los dispositivos territoriales.
Entre los afectados, CONADI, el organismo que se ocupa de buscar a los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado
Nada ni nadie parece estar a salvo del furor refundacional del gobierno libertario. Tampoco la ciencia, la industria, mucho menos la educación, la cultura y los derechos sociales: recortes en universidades, colegios, escuelas y hospitales, como en el caso del Hospital Posadas, con el reciente despido de médicos, enfermeras y personal técnico de la salud; desmantelamiento de los programas sociales y de las estructuras que venían ocupándose desde hace muchos años de la asistencia a los discapacitados, las víctimas de violencia de género, la promoción de la lactancia materna y la distribución de kits de lactancia, las madres solteras o abandonadas, los enfermos con tratamientos terminales. Y por supuesto el desmantelamiento de áreas clave de las políticas de memoria, verdad y justicia. Todo aquello que en su cosmovisión huele a gastos sociales o a derechos humanos, su auténtica bestia negra.
Desmantelamiento en el corazón del caos
La industria, olvidada, se encuentra sumida en un pozo; el sector de las pymes, en profunda crisis por el abandono de las políticas de apoyo, afronta el cierre de hasta 12.000 empresas en lo que queda de año y, según estimaciones del propio sector, la pérdida de miles de puestos de trabajo, 47.000 según las previsiones más optimistas, y 87.000 las más pesimistas; las transferencias nacionales destinadas a educación, seguridad y previsión social, anuladas, como es el caso del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y los Aportes a Cajas Previsionales, a lo que se añade el abandono de otras obligaciones y funciones que el Estado nacional compartía con los estados provinciales, de los que sigue recaudando cuantiosos impuestos. En resumen, una lista inagotable de desmantelamientos, abandonos y renuncias que, en su conjunto, han dado lugar a una caída record de los ingresos populares en el primer semestre y han puesto en grave riesgo la salud, la educación, la seguridad y el trabajo de 47 millones de habitantes; en especial de los sectores más vulnerables. A los que en estos últimos meses han venido a sumarse decenas de miles de personas pertenecientes a esa clase media que años atrás determinó la identidad de la estructura social argentina.
El sector de las pymes, en profunda crisis por el abandono de las políticas de apoyo, afronta el cierre de hasta 12.000 empresas en lo que queda de año
Fruto de las modificaciones introducidas en la Ley Bases por el Senado, importantes organismos estatales quedaron excluidos y a salvo de la guillotina mileinista de momento. Entre otros, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Siguen con vida pero en libertad restringida, amenazados de asfixia financiera por los brutales recortes aplicados por el gobierno. Es el caso, por ejemplo, del CONICET, una de las joyas de la corona de la ciencia argentina, condenado a una situación dramática con 250 investigadores e investigadoras sin su beca postdoctoral y casi mil elegidos por concurso en 2022 y 2023 que siguen sin ser confirmados en sus cargos, un 40% de reducción en las becas doctorales y 40% de reducción sobre las becas postdoctorales de este año, 140 despidos de personal administrativo que hubo entre enero y marzo, y la amenaza del vencimiento de otros 1.300 contratos que finalizan el próximo 30 de septiembre.
Con estos antecedentes, nadie se sorprendió de que, en este proceso de marcado signo ideológico, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo del Poder Ejecutivo que hasta la fecha se ha encargado de localizar a los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado, esté a la espera de ser cancelado, o el cierre de la ex ONCAA, organismo estatal que controla la evasión crónica de los sectores del agro, particularmente los grandes exportadores.
La venta del patrimonio
Indiferentes a los dramáticos efectos de sus medidas, desde el gobierno y La Libertad Avanza advierten que la ofensiva continua: "Esto recién empieza", explican refiriéndose al paquete de iniciativas que preparan para la reforma de la Justicia, la Educación, el sistema electoral y la subasta de las empresas públicas condenadas a ser privatizadas. Que el proyecto de desmantelamiento del Estado se esté cumpliendo en medio de una de las crisis económicas y sociales más profundas que ha sufrido el país no altera el proyecto encabezado por un Milei fiel a sus obsesiones y a su amada motosierra. La meta del gobierno es la reducción de 70.00 trabajadores/as estatales, de los cuales, en el primer semestre de su mandato, se llevan contabilizados ya 28.131, que se suman a los 160.000 puestos de trabajo perdidos en el sector privado. Una matanza social.
El siguiente paso de la demolición del Estado, según el oficialismo, será la venta de su patrimonio. Las ventas de empresas que fueron aprobadas por el Congreso, y de otras que, como el Correo argentino, no figuraban en el proyecto de Ley, y que irán en el mismo paquete de venta de edificios y terrenos públicos. A Milei y a su entonces jefe de gabinete Nicolás Posse, forzado a salir del Ejecutivo a fines de mayo, no podía escapárseles añadir al plan de vaciamiento del Estado el provechoso capítulo de la venta de su ingente patrimonio. Terrenos, miles de inmuebles repartidos por todo el país, propiedades, bienes y equipos, activos financieros, incluso, como se vio durante el mes de julio, parte de las reservas de oro, transferida secretamente a Londres, según se cree para avalar en este caso la petición de nuevos créditos millonarios en dólares. Un misterio todavía por aclarar.
La meta del gobierno es la reducción de 70.000 trabajadores/se estatales, de los cuales, el primer semestre de su mandato, se llevan contabilizados ya 28.131
Milei y el exjefe de gabinete, Nicolás Posse, impulsaron al inicio de la gestión una auditoría general de todos los bienes del Estado para ver con qué propiedades contaban para rematar. Habrían descubierto más de 40.000 y la intención sería, en principio, avanzar en la venta de unas 400 propiedades. La idea de poner ese capítulo del patrimonio del Estado en la mesa de subastas no era nueva ni original y, probablemente, se inspirasen en el recuerdo de lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, actual presidente del Pro y aliado de conveniencia de Milei y de la Libertad Avanza. En octubre de 2023, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre las entregas de bienes del Estado durante el gobierno macrista y desveló que se vendieron propiedades del Estado nacional por valor de 842 millones de dólares. Las ventas fueron, en general, a particulares, por debajo de la tasación oficial, sin actualizaciones y en subastas ficticias, según denunció la prensa en su momento. Entre los beneficiarios de aquella operación, un buen colaborador de Milei, Nicolás "Nicky" Caputo, primo hermano del actual ministro de Economía y amigo íntimo de Macri, a quien conoce desde la infancia. Pura casta.
En algunos lugares, la tradición y robustez de los intereses y los privilegios no permiten aprender de la historia. Y menos cambiarla.