El Parlament ha aprobado la proposición de ley para regular el precio de los alquileres de viviendas en Catalunya. La normativa supera la primera prueba pero tanto el Consejo de Garantías Estatutarias como el Gobierno central avisan de que algunos artículos contradicen a la Constitución y al Estatuto. Con los votos a favor de JxCat, ERC, CatECP y la CUP -71 en total-, y los contrarios de Cs, PSC, PDeCAT, PP y Demòcrates -63-, la ley está destinada a acabar en el Tribunal Constitucional. Ya lo a dicho el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos: se abrirá un "diálogo" con la Generalitat, pero si no hay un acuerdo, se enviará la ley al TC.
En concreto, la proposición de ley plantea "contener" y "moderar" las rentas que se destinen a residencia permanente de viviendas que se encuentren en zonas declaradas con "mercado de vivienda tenso". La norma se ha aprobado después de llegar a un acuerdo in extremis. De hecho, las únicas enmiendas que se han incluido son: que se tengan en cuenta los gastos de los propietarios en la rehabilitación de los inmuebles y que se excluya a los pequeños tenedores en situación de vulnerabilidad (aquellos que tienen unos ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales incluyendo las rentas).
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ya ha anunciado durante el debate que -independientemente de cual sea la decisión del Gobierno central respecto a la ley-, su partido la recorrerá ante el Tribunal Constitucional. Esto supondría la suspensión inmediata de la ley propuesta por el Sindicat de Llogateres i Llogaters, hasta que se emitiera una sentencia.
¿Proteger al pequeño propietario o frenar la especulación?
Las reacciones a la votación del Parlament han llegado en ambos sentidos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado la noticia, que ha calificado como un "paso clave para frenar la especulación que amenaza la vida de los barrios". Colau ha añadido que ahora sólo falta que el Gobierno central "colabore con presupuesto y medidas para hacerlo del todo efectivo".
En un comunicado, el PDeCAT ha explicado su decisión de votar en contra: "Porque no se defiende al pequeño propietario y porque se producirá el efecto de que habrá menos pisos de alquiler al mercado en los próximos años como se ha acreditado en otras experiencias a nivel internacional". En la misma línea, los Demòcrates consideran que es una medida que "beneficiaría a las estructuras económicas, como los fondos de inversión, pero perjudicaría a los pequeños propietarios, que en Catalunya representan un 80% de los alquileres, y tendría el efecto de disminuir la oferta de pisos de alquiler".
Foment del Treball considera un "error mayúsculo" la aprobación de la ley en el Parlament, que considera que "paralizará el sector inmobiliario y reducirá la oferta". La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre asegura que los inversores inmobiliarios no tendrán incentivos y que se devaluará el valor patrimonial de muchos propietarios.