Después de años de sentencias judiciales, manifestaciones, negociaciones y sobre todo, de una polarización extrema del debate, este miércoles se aprobó la conocida como Ley Rider. Más allá del relato político y de la victoria mediática que supone por el espacio de Unidas Podemos, este nuevo Decreto-ley marca un hito relevante en la regulación del que denominamos "futuro del trabajo" o internacionalmente conocido como gig economy.
Para tener un cierto contexto, esta "ley" se basa en una reforma exprés del Estatuto del Trabajador. En concreto, se materializa en una disposición adicional que establece una presunción de laboralidad entre los repartidores y las plataformas de reparto de última milla. La traducción en hechos reales, es decir, cómo las plataformas interpretarán y ofrecerán alternativas a sus modelo operacionales, es un misterio a día de hoy. Lo que sí sabemos, es que el nuevo texto no ha dejado satisfecho a nadie. Por un lado, la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso preferían una normativa que no solo se centrara en las plataformas de reparto. Los sindicatos, en el mismo sentido, querían abordar la problemática de los falsos autónomos en su globalidad. Por parte de los repartidores, a excepción de los sectores vinculados a sindicatos, ven con miedo y indignación la reforma. Y por último, tenemos a las plataformas que se han sentido totalmente excluidas de todo el proceso de negociación.
Estas últimas, las plataformas, han comprobado de primera mano un hecho que nos temíamos que podría pasar en España: las estructuras de representación empresarial clásicas no han sabido (o no ha querido) defender los modelo de negocios disruptius cómo son los del smart delivery. A excepción de la patronal catalana Fomento del Trabajo, las plataformas se han sentido completamente desamparadas al no tener una representación efectiva dentro del Diálogo Social.
Las plataformas se han sentido completamente desamparadas al no tener una representación efectiva dentro del Diálogo Social
Este hecho, a pesar de que puede parecer circunstancial, abre la puerta a que todo el sector digital y emprendedor no vea estas organizaciones como elementos útiles para resolver sus retos regulatorios. Es una realidad peligrosa que puede acabar con una alta fragmentación de asociaciones empresariales con poco poder negociador ante los principales ministerios.
Otro elemento a destacar de las negociaciones de esta normativa ha sido la falta de debate técnico. La polarización del debate sobre los riders ha provocado que solo se contemplara una solución: la laboralización. Mientras otros países, cómo Francia o Italia, han tenido conversaciones en espacios de confianza, donde se han podido discutir todos los grises sin apriorismos, aquí hemos tenido todo el contrario: un debate, con tics simplistas, de bonos y malos; sin tener en cuenta el reto real que plantea el trabajo a demanda en todo el mundo.
El otro elemento a analizar son las posibles consecuencias sobre el sector de la restauración
El otro elemento a analizar son las posibles consecuencias sobre el sector de la restauración. Con la pérdida de músculo debido a las restricciones derivadas de la pandemia, sumado a una nueva tendencia de consumo que favorece al delivery, sorprende la pasividad de las principales organizaciones de hostelería del país ante la nueva normativa.
¿La sensación general es de incertidumbre: cuáles serán las consecuencias reales por los riders? ¿Cómo recibirán los sindicatos y la misma inspección de trabajo las alternativas operacionales de las plataformas? ¿Afectará a la regulación española una probable directiva de la UE sobre esta misma materia? ¿Qué papel jugarán las patronales clásicas para encontrar fórmulas regulatorias por el sector digital?
Lo que parece insostenible, a nivel de país, es mantener un discurso institucional centrado en ser la capital digital europea o una "Nación Emprendedora" y al mismo tiempo, afrontar los principales debates regulatorios del sector tecnológico con soluciones o métodos del siglo pasado. Al fin y al cabo, España ha "producido" muy pocos unicornios, dos de los cuales (Glovo y Cabify) no se han encontrado con una interlocución constructiva desde la administración pública. Una interlocución que se tendría que basar en matices, aspectos técnicos, voluntad de innovar y una infinidad de grises…. Por ahora, el único gris que intuimos es el de la carencia de una normativa útil y proporcional por el mismo futuro del trabajo.