No hace muchos días recordábamos que una de las grandes asignaturas pendientes del «gobierno más progresista de la historia» era la reforma fiscal. Pero, de golpe, asistimos a uno de los nuevos malabarismos de Pedro Sánchez y, la semana pasada, nos encontramos con una batería de medidas fiscales para, supuestamente, hacer más pasable el impacto de una inflación desbocada.
Los barones del PP con poder autonómico levantaron la veda con la asunción de la doctrina Ayuso de bonificar o rebajar sustancialmente el importe sobre el patrimonio. Para atraer a grandes fortunas, dicen, y de paso tentar a los catalanes que todavía no han trasladado el domicilio fiscal a Madrid. Si primero fueron las grandes empresas las que se sintieron empujadas a abandonar Catalunya -como mínimo, las sedes sociales- ahora se trataba de captar los patrimonios más elevados.
Madrid ya concentra dos tercios de las grandes fortunas estimuladas por las rebajas fiscales
De hecho, Madrid ya concentra dos tercios de estas grandes fortunas estimuladas por las rebajas fiscales. Está en duda que estas condicionen donde se ubican los servicios centrales o la actividad principal de cualquier grande empresa. La proximidad al palco del Bernabéu y al BOE es mucho más decisiva. Pero, vaya, algún almuerzo y algún piso para ubicar el nuevo domicilio fiscal seguro que caen. En cualquier caso, todo el pescado está vendido y la apelación a los catalanes solo pretende enmascarar la voluntad de congratularse con las grandes fortunas locales. Y recordamos, de paso, que la Agencia Tributaria Catalana detectó más de un centenar de casos de grandes fortunas que realizaron un traslado ficticio de domicilio fiscal a Madrid.
Por la puerta de atrás
Aun así, la decisión que sí hizo daño al ejecutivo español fue la del presidente valenciano, Ximo Puig, de deflactar el tramo autonómico del IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros. Puig seguía en este sentido las medidas -impuesto del patrimonio a parte- acordadas por los barones del PP y por el País Vasco. Y es que llevamos quince años en que no se ha deflactat la tarifa del IRPF que determina el importe bruto a pagar en la declaración de renta. Han sido unos años de poca inflación –alguno, incluso, de negativa– y a nadie se le ocurría quejarse mucho. Pero en un periodo tan largo, la inflación en España ha crecido en un 19%. Esto quiere decir que, sin que nadie se entere, la presión fiscal efectiva ha aumentado en un porcentaje similar, a pesar de que la gran mayoría de salarios no han llegado a crecer tanto y, en consecuencia, ya habían perdido poder adquisitivo. Pero es un aumento de la presión fiscal real por la puerta de atrás, sin tener que soportar el coste entre la opinión pública y el electorado. El gobierno de Sánchez no es el único responsable de no haber deflactat el IRPF durante estos quince años, pero durante su etapa la bola ha engordado, sobre todo ahora que se acelera la inflación.
A las izquierdas, incluidas las de Catalunya, les preocupa por encima de todo hacer más gorda la bolsa de la recaudación para poder repartir –vía subvenciones o subsidios–cuanto más mejor. Un tufo de clientelismo. O de paternalismo, en el mejor de los casos. La eficiencia del modelo fiscal –en términos de fomento de la economía sumergida o de estímulo a las pymes y a la actividad productiva–no les quita el sueño o no saben como hacerlo. Y la justicia del sistema fiscal, tampoco.
Cuanto más aumentan los precios, más se recauda por IVA. Después reímos la gracia de subvencionar 20 céntimos por litro de gasolina, cuando pasar el precio de uno a dos euros el litro ya significa recaudar 50 céntimos más en impuestos
Hemos tenido ejemplos recientes, como que el aumento desmesurado de las tarifas del gas han generado una recaudación igualmente disparada del IVA por este concepto mienstras, hasta este octubre, no ha entrado en vigor una rebaja equivalente a la de la electricidad. Pero podemos decir lo mismo de todos aquellos productos o servicios el precio de los cuales se dispara, como los combustibles, o que simplemente aumenta sustancialmente, como los de la alimentación. A más aumento de precios, más recaudación por IVA. Si es que no hay otros impuestos especiales adicionales, como los mismos combustibles. Después hacemos la gracia de subvencionar 20 céntimos por litro de gasolina, cuando pasar de uno a dos euros el litro ya significa recaudar 50 céntimos más en concepto de impuestos.
Las rebajas de Ayuso
Decíamos que el desafío del barón socialista valenciano ha obligado al gobierno español a organizar deprisa y corriendo una operación de maquillaje fiscal. Ha incluido desde nuevas figuras impositivas largamente anunciadas y que no llegaban nunca -como el impuesto a las grandes fortunas- hasta diversa morralla para hacer ver que se hacía algo progresista.
La jugada inteligente del gobierno español ha sido que los contribuyentes que hayan pagado impuesto sobre el patrimonio se podrán deducir el importe de la cuota final: una neutralización momentánea del dumping fiscal madrileño
No cuestionaremos aquí el impuesto a las grandes fortunas, temporal, de momento. Recuperado por el primer gobierno François Mitterrand –ya había estado en vigor durante dos años después de la Segunda Guerra Mundial–, entonces parecía una medida revolucionaria. Más de cuarenta años después, pese a que se ha modificado, continúa en vigor a Francia –Emmanuel Macron renunció a su eliminación–, así como en países tan moderados como Suiza y Noruega. En este caso, la jugada inteligente del gobierno español ha sido que los contribuyentes que hayan pagado impuesto sobre el patrimonio se podrán deducir el importe de la cuota final. Una neutralización momentánea del dumping fiscal madrileño y del resto de baronías del PP.
La ingeniería fiscal de las grandes corporaciones...
Una práctica a menudo denunciada es la de las filiales que, con el objetivo de arrasar a la competencia, venden sus productos a precios imbatibles, aunque esto les provoque pérdidas durante unos cuantos años. Esto pasa tanto a nivel internacional –como se ha acusado a un conocido grupo de productos para el hogar alemán– como español. Las pérdidas se enjugan con los jugosos beneficios de la firma matriz, mientras la filial se encarga de eliminar toda competencia para acabar dominando el mercado.
Limitar al 50% la posibilidad de compensar pérdidas de filiales en los grupos consolidados evita tácticas como vender por debajo del precio para acabar con la competencia
Pues bien, en el lado positivo de las medidas fiscales de Sánchez también debemos contabilizar la limitación en un 50% de la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos empresarials consolidados. Esto no afecta a los grupos extranjeros pero es un paso en la buena dirección. Como lo es la implementación del acuerdo de los 130 países de la OCDE, encabezados por Joe Biden, que acordaron que la tributación mínima por beneficios al impuesto sobre sociedades fuera del 15%.
Si las grandes compañías tecnológicas norteamericanas establecían la sede europea en Irlanda u Holanda porque tenían un importe sobre sociedades muy reducido y consolidaban los resultados de todas las filiales, ahora se pretende neutralizar esta ingeniería fiscal y el gobierno español ya cuenta con ello para el próximo año. Hay que recordar que, a pesar de no ser Google, Amazon o Apple, la tasa real que tributan las empresas del IBEX35 es del 7% -Cristóbal Montoro dixit-, con un buen número que se mueven entre el 2% y el 3%. La CEOE lo calcula de otro modo y dice que no es así, que pagan mucho más. Lo veremos por las quejas cuando entre la nueva normativa en vigor, a pesar de que habiéndola acordado a nivel de OCDE no tendrán mucho margen para cambiarla.
...mientras las pymes continúan penalizadas
En cualquier caso, resulta casi ridículo que la gran medida a favor de las pymes haya sido rebajar el impuesto sobre sociedades nominal del 25% al 23%. Aunque el tipo efectivo de muchas es ocho puntos inferior, la desproporción continúa siendo notoria entre las grandes y las pymes. Alguna otra pincelada cosmética a favor de los autónomos completa el plan fiscal del gobierno Sánchez.
Volvemos a aquello de ayudar a los más pobres para que así al Estado le cueste menos dinero
Además de las anunciadas rebajas en el IVA del gas –de momento hasta diciembre– y en los productos anticonceptivos y de higiene femenina, el otro elemento que llama la atención son las reducciones en IRPF a los asalariados que obtienen unos ingresos de hasta 21.000 euros anuales, el 1,5% del actual salario mínimo. Nada, pues, de los 60.000 euros de Ximo Puig, que engloban a las clases medias. Volvemos a aquello de ayudar a los más pobres porque todo ello le cueste al Estado menos dinero.
Si los salarios suben mínimamente para acercarse a la inflación, el impacto del incremento efectivo de la presión fiscal todavía será más elevado. Haría bien el gobierno Sánchez de mirarse los resultados de las elecciones italianas. Las rentas más bajas, o bien se han abstenido o han votado mayoritariamente a la derecha. Los profesionales y universitarios –se supone que muchos con rentas mecias– han votado, en una proporción de dos a uno, a la izquierda. Sánchez todavía está a tiempo de enmendarse en la discusión de los presupuestos para el próximo año. Igual que el gobierno de Catalunya a pesar de que el estrangulamiento histórico de las finanzas catalanas hace más poderosa la tentación de no rebajar nada.
En resumen, un refreído por ahora de medidas ya acordadas internacionalmente o largamente anunciadas o esperadas. Y en cuanto al IRPF, la cosmética imprescindible para que parezca que hacen algo cuando en realidad solo es un maquillaje. Y, mientras tanto, a la verdadera reforma fiscal, ni llega ni se la espera.