Según el CIS, el 80% de la población considera que las decisiones tomadas por sus ayuntamientos influyen mucho en su bienestar. La administración local es el ente de gobierno más próximo a la ciudadanía, pero su peso en competencias y en recursos no se corresponde con esta realidad. En la actualidad, los ayuntamientos catalanes sólo gestionan un 13% del gasto público, por casi un 33% por parte de las comunidades autónomas, y sus recursos provienen, principalmente de la recaudación del IBI, las subvenciones recibidas desde las administraciones superiores y, en muy menor medida, de su participación en el rendimiento del IRPF, que es sólo del 1,6% y sólo por municipios de más de 75.000 habitantes.
La Jornada sobre los diferentes modelos de financiación local, organizada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y la Diputación de Barcelona, ha reunido varios expertos para analizar las deficiencias del sistema catalán y buscar alternativas en modelos alternativos europeos.
Por la investigadora de la IEB, Maite Vilalta, una futura reforma del sistema de financiación local tendría que empezar para "definir más el marco competenciales de los ayuntamientos y plantear la transferencia de competencias, como la sanidad y la educación, para dar un mayor peso inversor a los municipios". En este sentido, el 13% de gasto público que gestionan los ayuntamientos catalanes queda muy por debajo del 62% que registran los ayuntamientos de Dinamarca o el 49% de los de Suecia.
La medida importa
Otro de los debates pendientes, según la experta, es la reconfiguración municipal del país. En Cataluña hay 947 municipios y el 50% tienen menos de 1000 habitantes. Una medida que, según Vilalta "no garantiza una prestación de servicios óptima". De nuevo, una mirada al exterior da una perspectiva del problema. En el Reino Unido, por ejemplo, sólo se cuentan 450 municipios, todos con un mínimo de 20.000 vecinos censados y con una media de 60.000. Si viajamos a los nórdicos, en Dinamarca hay 98 gobiernos locales, con una media de 56.000 habitantes, por 290 en Suecia, de unos 32.000 ciudadanos, y 336 en Finlandia, con 16.000.
Los ayuntamientos de Dinamarca y Suecia gestionan el 62% y el 49% del gasto público, respectivamente
La solución que genera más consenso entre los expertos es la concentración a través fusiones, pero no parece una opción posible a corto plazo. "Es una cuestión inabordable por el fuerte sentimiento municipalista que existe en el estado. Una solución sería apostar para dotar de competencias a entidades supramunicipales, como las mancomunidades, pero los órganos de gobierno de estas administraciones se suelen escoger de forma indirecta y son más opacas que los ayuntamientos", señala la investigadora de la IEB, Núria Bosch.
Reforma de la financiación
El interventor de la Diputación de Barcelona, Josep Abeja, coincide al destacar la necesidad de reducir el número de gestores locales, pero es igualmente pesimista con las posibilidades de llevar a cabo la reestructuración. "Hace muchos años que tenemos este debate y no nos salimos". Abeja, en cambio, sí que considera necesario simplificar el sistema de financiación. "Hace falta una mayor aportación de los impuestos sobre la propiedad, con un modelo de IBI más simple, fomentar tasas sobre actividades económicas y sobro servías públicos no obligatorios, como el uso de instalaciones deportivas, e incrementar la participación de los Ayuntamientos sobre los tributos del Estado, como el IVA y el IRPF", indica.
Abeja: "Hay que incrementar la participación de los ayuntamientos sobre los tributos del Estado, como el IVA y el IRPF"
Bosch y Vilalta coinciden en la necesidad de traspasar más impuestos que repercutan sobre las arcas de los gobiernos locales. Tal como describía el investigador del IEB, Dirk Foremny, en Alemania, son los Länders alemanes y los municipios los receptores de los impuestos sobre sociedades, además de otros relacionados con los impuestos sobre la propiedad, el consumo, los vehículos, el juego, la cerveza y las transferencias de capital, por ejemplo. "Además, las ciudades reciben un 15% del recaudado por IRPF". Una cifra muy superior al 1,6% destinado a las administraciones locales de España.
El profesor de la Universitat de Barcelona (UB), Joaquim Solé, define el funcionamiento de los impuestos sobre la propiedad en el Reino Unido. "Se divide entre Council Tax, que se aplica sobre las residencias, y el Business Tax, por las empresas. El Council fija ocho tramos diferenciados de pago en función del valor catastral de la vivienda, pero presenta algunos problemas. Los tramos más altos pueden multiplicar por ocho el valor de las propiedades de los niveles más bajos, pero sólo pagan tres golpes más en impuestos". Solé, en cambio, aplaude el sistema de recargo sobre las viviendas desocupadas, que puede llegar a ser del 100% si superan los dos años sin residentes.
Definición de competencias
La tercera cuestión a reformar según los expertos es la definición y ampliación de competencias. Bosch señala como modelo de referencia lo de los países nórdicos. "Los gobiernos municipales de Dinamarca, Suecia y Finlandia se ocupan de la educación primaria y secundaria, los servicios locales, la atención a los adultos, la gestión medioambiental, el suministro del agua, las bibliotecas, los equipamientos deportivos y la planificación urbana. Es decir, gestionan el Estado del Bienestar, con la excepción de las pensiones".
Este marco competencial tan amplio se ve reflejado también en la distribución de los gastos de los municipios. En Dinamarca, por ejemplo, el 26% de la inversión de los gobiernos locales es por infancia y juventud y el 20% por servías sociales.
Bosch: "Los gobiernos municipales de Dinamarca, Suecia y Finlandia se ocupan de la educación primaria y secundaria y los servicios locales"
Por otro lado, en Alemania, la distribución de competencias queda en manso de la relación entre Länders y municipios, en excepción de las que son exclusiva del Estado, como extranjería o gestión de las fronteras. En este sentido, Bosch ha reclamado un reconocimiento al esfuerzo de los gobiernos locales para reducir su deuda y la aplicación de una reforma que resuelva las deficiencias en la gestión de una Administración que ha descrito como "la grande maltratada".