Esta semana vivimos momentos de felicidad y se tienen que celebrar. Se acaba de aprobar la nueva Ley de Mecenazgo en el Congreso de los Diputados, después de 20 años de espera. El ministro Montoro, con la Ley 49/2002 del 2002, hizo un salto adelante en el redactado anterior, pero la mató con los porcentajes de deducción fiscal que eran de andar por casa. Como siempre, las declaraciones de intenciones y los buenos propósitos del BOE se tienen que contrastar con presupuestos y porcentajes para ver la credibilidad del mensaje.
Pues bien, dos décadas después, el trabajo conjunto de la Fundació Catalunya Cultura, la Coordinadora Catalana de Fundacions, el Cercle de Cultura, el Gran Teatre del Liceu, el Festival de Peralada, la Asociación Española de Fundaciones y la Plataforma pel Mecenatge (colectivo que agrupa 120 entidades del Tercer Sector, el mundo de la cultura y las universidades) ha permitido redactar una propuesta de reforma de ley que supone una actualización fiscal y de supuestos nuevos que no habían sido previstos con anterioridad.
Desde mejorar los tipos fiscales hasta reconocer los siguientes aspectos: convenios de colaboración, pobreza, medio ambiente, infancia, investigación o la cultura popular. Un marco normativo que también trata los beneficios en especies, ampliación de los colectivos beneficiarios con las universidades, las ONG inscritas en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los consorcios públicos y otras muchas propuestas de alto impacto social. La propuesta de consenso fue ganando terreno por todas partes.
Las declaraciones de intenciones y los buenos propósitos del BOE se tienen que contrastar con presupuestos y porcentajes para ver la credibilidad del mensaje
Pero toda buena propuesta, por mucho apoyo institucional y social que tenga, tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y sus señorías lo tienen que debatir y aprobar. Esto ya es otra cosa. Las rivalidades políticas, los momentum oportunos, la sacrosanta Hacienda Pública, martillo de herejes que osen proponer reducciones o cambios de modelo de ingreso o gasto fiscal. Las ideologías, más o menos soviéticas, respecto de la libertad de los ciudadanos, de poder decidir sobre el destino filantrópico del 2% de sus aportaciones. En este sentido, hay que recordar cómo en los países del centro y el norte de Europa, la libertad de elección llega al 5%.
Y al final de todo, el rédito electoral que los partidos calculan que podrán sacar si le dan apoyo provoca que estos buenos propósitos tengan que pasar un Vía Crucis de total incertidumbre. Hay que decir que, en este caso, la tenacidad del diputado del PDeCAT, Sergi Miquel (con el apoyo de Ferran Bel como maestro de ceremonias, recogiendo las propuestas de las entidades) permitió, en 2020, presentar una proposición de reforma de la Ley del Mecenazgo que tuvo un consenso del 95% de la cámara. A partir de aquí, después de muchas negociaciones entre los grupos parlamentarios y la Hacienda Pública, se acordó el texto definitivo.
Un documento que supone un paso importante en el desarrollo de la filantropía en el conjunto del Estado. ¿Es el texto que necesita el país? ¿Nos homologa con los países socialmente más desarrollados? Yo diría que todavía no, pero la rueda ya ha empezado a girar y se reconduce la anomalía ibérica. Ahora habrá que mejorarlo a través de nuevos decretos y en las leyes de presupuestos, con la seguridad que las entidades promotoras no desfallecerán. ¿Y en Catalunya? ¿Cómo gestionamos el tramo autonómico del IRPF para favorecer el mecenazgo? ¿Nos lo hemos creído esto de la filantropía?
El rédito electoral que los partidos calculan que podrán sacar si le dan apoyo provoca que estos buenos propósitos tengan que pasar un Vía Crucis de total incertidumbre
Bien es verdad que Catalunya es lo que es gracias a una sociedad civil que históricamente ha entendido que, para suplir la falta de instrumentos de gestión política, se tenía que organizar y liderar movimientos asociativos que favorecieran el conjunto de la sociedad catalana. Este empujón, motor de tantas entidades de todo tipo durante los últimos dos siglos, empieza a entrar en crisis a partir de la creación de un sistema fiscal potente que alimenta el crecimiento de los servicios públicos por parte de las administraciones. Nada a decir si entendemos que ni la sociedad organizada, a solas, no puede dar cobertura a las necesidades de una sociedad del siglo XXI ni que las administraciones por su cuenta podrán satisfacer todas las necesidades de investigación, culturales y sociales que la ciudadanía espera.
De aquí la importancia de potenciar el mecenazgo como elemento multiplicador de la capacidad de dar servicios de interés público. Una política filantrópica genera marcos fiscales favorecedores de la implicación de la ciudadanía en el bien común. Multiplica el voluntariado y los donantes, moviliza recursos privados que los orienta a apoyar a las entidades reconocidas de interés público y en definitiva cubre muchas más necesidades sociales. Así lo han entendido en muchos países, pero no en Catalunya. El Parlament no tiene en estos momentos ninguna propuesta de modificación del tramo autonómico del IRPF. Hasta ahora, la catalana ha considerado que usted y yo somos sujetos pasivos tributarios (perdón, pero no quería ofender) en lugar de personas contribuyentes. Les debe dar mucho miedo que tengamos criterio propio para decidir sobre un 2% de nuestros impuestos. ¿Modelos participativos? Ni hablar, deben de estar convencidos de que Catalunya necesita un monopolio público en la toma de decisiones sobre lo que es el interés público y de quien lo tiene que atender.
Hay que potenciar el mecenazgo como elemento multiplicador de la capacidad de dar servicios de interés público
A menudo hemos oído que con el actual sistema de financiación autonómica no hay margen de maniobra y que si abrimos el grifo, no sabremos lo que nos costará y podrían quedar desatendidas necesidades en ámbitos como la sanidad y la enseñanza. El intolerable modelo de financiación que tenemos no puede ser ningún obstáculo para demorar más una reforma que podría suponer dejar de ingresar 40 millones al año en la hacienda catalana. Una medida que tiene que permitir (vía donaciones) multiplicar la cantidad que reciben las entidades que soportan las necesidades sociales del país.
Conocemos lo que piensan la gran mayoría de nuestras formaciones políticas y sabemos que son favorables a reformarlo. ¿A qué esperan pues? ¿Por qué tardan tanto en ponerse de acuerdo y pedir al Govern que lidere el mecenazgo en Catalunya? ¿Será que no han entendido que si quieren ciudadanos más responsables, los tienen que hacer más libres?