El sector inmobiliario ha lanzado una advertencia a las administraciones catalanas: hacen falta nuevas políticas de urbanismo y de vivienda a largo plazo; se tiene que dejar de tomar medidas de manera unilateral, sin el consenso de todas las partes. Considera que se debe hacer frente con celeridad a dos de las principales trabas que perjudican a los constructores y a la población: la falta de suelo finalista y de vivienda con precios de alquilerasequible.
Según los entendidos en el sector, la combinación de estos dos componentes es un cóctel que tendrá consecuencias negativas a medio plazo porque limitará todavía más el acceso a la vivienda, una situación que ya sufre una parte de la población en Catalunya. La alerta, que proviene de constructores y promotores, va acompañada de las reiteradas críticas a las administraciones catalanas, de las que dicen que sólo actúan a golpe de norma y aplicando medidas demagógicas que malogran las perspectivas del sector inmobiliario en su conjunto.
Esta generalizada preocupación se ha dejado oír de nuevo durante la última jornada Immoscòpia sobre las expectativas del sector inmobiliario español para 2020 en la que se ha planteado que la demanda de vivienda de compra y de alquiler será moderadamente estable a lo largo de este año, pero siempre que el mercado esté "a precios asequibles".
Una parte de las personas que quieren un piso sólo tienen acceso al alquiler, hecho que comporta el alza de los precios
La perpetuación de niveles de salario bajos resta capacidad de recursos para la compra de viviendas y provoca dos fenómenos paralelos. Por un lado, la demanda de obra nueva se centra sólo en la compra por reposición, es decir, en aquellas familias que ya tienen una vivienda en propiedad y la venden para adquirir una mejor. Aseguran en el sector que las prioridades en la compra de una vivienda siguen siendo las mismas de siempre: precio y ubicación. Por otro lado, una parte de las personas que quieren un piso sólo tienen acceso al alquiler. Esto comporta el alza de los precios de los pisos de alquiler, con una oferta que a la vez se ve presionada por el hecho de que se eleva la edad media para acceder a una vivienda en propiedad por falta de poder adquisitivo y las restricciones al crédito.
Una cuestión de rentabilidad
En el decurso de la jornada Immoscòpia, que organiza anualmente el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Catalunya, se ha puesto de manifiesto que en 2020 los precios de la obra residencial mantendrán la tendencia al alza, pero moderadamente, hecho que castiga la rentabilidad de constructores y promotores que sí ven cómo los precios de construcción no dejan de subir. Entre otras cosas, construir es cada vez más caro porque hay nuevos elementos a los que dar respuesta: desde materiales sostenibles hasta la incorporación de la domótica, pasando por el incremento del precio del suelo edificable.
En este sentido, el sector también avisa de que con bajas rentabilidades empresariales –sumadas a las medidas que toman ciudades como Barcelona, donde la norma obliga a destinar un 30% de las promociones a viviendas social- no se construirán pisos asequibles. "La vivienda de construcción libre financia la obra de vivienda de protección oficial", ha sido una de las afirmaciones que se han escuchado en la jornada de debate. También se ha instado a las administraciones a fomentar políticas de colaboración público-privadas para sacar adelante los proyectos de vivienda social.
Una de las mesas redondas sobre el sector inmobiliario durante la jornada Immoscòpia | ACN
En este sentido, Agustí Serra, secretario de la Agenda Urbana y de Territorio de la Generalitat, ha subrayado la importancia de "favorecer el alquiler social e incrementar el suelo disponible, dando uso a los solares vacíos para vivienda social" y ha anunciado que actualmente "sólo el 2% de las viviendas de Catalunya forman parte del mercado de viviendas asequibles". Ante esta situación, Serra ha valorado el último decreto ley que, a mediados del pasado diciembre, la Generalitat ha puesto en marcha en materia de vivienda. Según Serra, se trata de una norma "ambiciosa, nueva y consensuada" y busca ampliar la oferta para facilitar el acceso a la vivienda por parte de aquellos que están en una situación económicamente más vulnerable.
Más alquiler social
El secretario de la Agenda Urbana y de Territorio de la Generalitat ha anunciado que el Govern aumentará en un 15% la oferta de alquiler social en los 152 municipios más grandes de Catalunya, que aglutinan el 80% de la población". A pesar de la idea de la Administración sobre el consenso con el que cuenta esta última norma, el presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, se ha mostrado contundente en su valoración.
"El intervencionismo político con el nuevo decreto de vivienda dificulta la promoción, crea inseguridad jurídica y fomenta la ocupación ilegal de viviendas"
Marsà ha señalado que "el intervencionismo político con el nuevo decreto de vivienda aprobada por el Govern dificulta la promoción, crea inseguridad jurídica y fomenta la ocupación ilegal de viviendas". Además, Marsà ha añadido que el decreto tendrá "consecuencias muy graves para las empresas que quieran actuar en el mercado de la capital catalana y sus alrededores".
Por su parte, Gerard Duelo, presidente de la AIC y del COAPI, ha subrayado el crecimiento del mercado inmobiliario de Barcelona, la transformación del sector y la necesidad de que el poder político apoye este cambio: "El futuro de Barcelona se está creando ya. En unos años trabajar a una hora de casa será normal, como ya lo es en otras ciudades como Londres o Tokyo. Mientras tanto, tenemos que tener en cuenta que la innovación no es sólo tecnología, sino también la ambición de mejorar nuestro discurso como sector, nuestra forma de vender y de dar respuesta a las necesidades del mercado inmobiliario en su conjunto ".