Los puntos de acuerdo entre los actores del diálogo social en los temas nucleares de la economía española sueño aparentes. La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lo ha escenificado acompañada por UGT y patronal sobre el escenario de la Reunión del Círculo de Economía. "Los agentes sociales españoles han sido siempre a la altura de las necesidades del país", ha afirmado una conciliadora Díaz, que ha puesto énfasis en los efectos del diálogo social en la acción legislativa del gobierno central durante la presente legislatura.
A izquierda y derecha de la ministra, el presidente de la CEO Antonio Garamendi y el secretario general de la Unión General de Trabajadores Pepe Álvarez han compartido diagnósticos y hojas de ruta frente unos retos que, en palabras de Garamendi, "se han multiplicado durante la pandemia, pero venían de antes". Ambos espacios coinciden, también con Díaz, en el problema central que hay que gestionar a medio plazo en la economía española: la productividad.
La renovación tecnológica y la inversión en Investigación y Desarrollo se encuentran al núcleo de cualquier propuesta de mejora de la productividad. La ministra de Trabajo ha destacado la desfavorable comparación de la inversión española en I+D+i con la media europea: un 1,2% contra el 2,1% comunitario – y tendría que estar al 3%, cómo lamenta Garamendi. Álvarez también coincide en el impulso de la transferencia de conocimiento y tecnología entre empresa y universidad, dos espacios que, según el sindicalista, tendrían que estar palabra más coordinados. El sindicalista propone, como esbozo, un plan de integración de personal de alta formación en pequeñas y medianas empresas para fomentar adelantos técnicos y productivos.
La industrialización del tejido productivo español es otra de las claves de futuro en las que los tres representantes de la negociación social han coincidido. Díaz considera, de hecho, una "debilidad" el gran pes que el sector servicios tiene a la economía española. "Se tiene que hablar y mucho la industrialización del país", espeta Díaz. Garamendi recoge el guante con el reducido dato del PIB español correspondiendo a la producción industrial. "A España el PIB industrial es del 16%, y sin la energía baja al 11, cuando tendría que llegar al 20%".
Díaz: "Hay que aprovechar el impulso de los fondos Next Generation para industrializar España de forma sostenible"
Una reforma en un sentido industrial de la producción española no tiene que significar, según Garamendi, un abandono del potente sector servicios español. "El camino tiene que ser el de la industria, pero el turismo no sobra", afirma Garamendi, exigiendo al sector una "evolución para solucionar problemas anteriores a la pandemia".
"Hay que aprovechar el impulso de los fondos Next Generation para industrializar España de forma sostenible" para reducir la brecha de productividad entre el Estado y su entorno, afirma Díaz, que se muestra optimista sobre las posibilidades que abren los fondos europeos. Álvarez ve, sin embargo, un importante escollo: una inestabilidad política que lleve a las administraciones propuestas incoherentes en cuanto a las reformas del modelo productivo. El secretario general de UGT pide, en este sentido, un "Gran pacto por la industria" que vaya más allá de cualquier legislatura. "Los fondos europeos marcarán el camino del futuro y, si queremos que las políticas se mantengan, hace falta que los planes estén consensuados", ha concluido un celebrado Pepe Álvarez.
La broma de la reforma laboral
Los problemas del modelo productivo acompañan el que Díaz considera el principal reto de la gestión económica española a corto plazo: el mercado de trabajo. «Tenemos una tasa de paro estructural insoportable, y un porcentaje de paro juvenil imposible de aguantar», lamenta la ministra de Trabajo, que reconoce este cómo un problema con una cola muy larga. "Hemos tenido 52 dos reformas laborales – recuerda la vicepresidenta – y solo la del 97 funcionó un poco". Díaz, así, asume la necesidad de cambios radicales. "Hay que cambiar las normas del mercado de trabajo", defiende.
Los acuerdos entre capital y trabajo escenificados al inicio, cuando tocan las relaciones productivas, siempre se diluyen. Mientras Garamendi hace acudidos - "Es cierto que llevamos 52 reformas laborales, ministra, pero nos hace falta una 53?" - el representante de los trabajadores esgrime las movilizaciones ante la negativa de la empresa a asumir sus demandas. "Hace falta un gran conjunto de medidas, es difícil cambiar el sistema de relaciones laborales", avisa Álvarez, que se niega a aceptar la gigeconomy como modelo laboral. "Si esta es la ocupación que queremos para los jóvenes, es tasas de pérdida de salarios se irán multiplicando de forma exponencial".
Garamendi: "Siempre se vende a los empresarios como los malos de la película, y tan malos no somos".
En este sentido, Díaz coincide: "Hace falta un pacto contra la vergonzante precariedad en el país, y hace falta un pacto por la ocupación de los jóvenes". La ministra lamenta la expulsión del mercado de trabajo de "la generación mejor formada", por culpa, afirma, de una cultura de la temporalidad "marcada a fuego" al empresariat español, e incomprensible al resto de Europa. Garamendi, por su parte, defiende a sus representados. El presidente de la patronal admite el diagnóstico de Díaz, pero, según el empresario, "la gran mayoría de las compañías intentan hacer las cosas bien".
Formación y estabilidad
"La formación es la piedra angular, está en medio de todas las cuestiones, y a España no se ha hecho nada", lamenta Álvarez. El gobierno actual es, de hecho, el primero que, según el sindicalista, "muestra un interés especial por la formación profesional". La FP dual es, para el secretario general de la UGT, el camino hacia la salida de la precariedad de las nuevas generaciones de trabajadores.
Díaz, pero, detecta limitaciones en una estrategia basada en la formación. La ministra recuerda que la firma de contratos de formación - "contratas sanos, de calidad y con convenio" - es muy minoritaria al estado, porque las empresas tienen a su disposición otros formatos contractuales más beneficiosos en el corto plazo. "El más normal es tener contratos estables", y limitar y regular la temporalidad, opina Díaz.
"Es cierto que en la empresa privada hay un 25% de temporalidad, pero en la administración pública hay un 34%". Garamendi devuelve la acusación, reivindicando los empresarios en la lucha contra la precariedad laboral. "Siempre nos venden como los malos de la película, y tan malos no somos". El empresario defiende, en este sentido, que el empresariat gane poder de decisión en cuanto a las políticas de ocupación. "Las empresas y los sectores conocen mejor que nadie los aspectos y necesidades de futuro del país".
El combate de los salarios
Después del acto, la Ministra Díaz ha anunciado la publicación el próximo 18 de junio del informe técnico sobre la subida progresiva del SMI que fijará la senda que, de aprobarse, tendría que seguir el aumento del sól salarial español. "Europa está volcada en la necesidad de los salarios mínimos como estrategia para combatir la pobreza laboral", defiende la vicepresidenta, que, a pesar de que la decisión del gobierno no se haya tomado aún, deja entrever su posición favorable a la medida.
El secretario general de la UGT Pepe Álvarez también considera la subida de los salarios cómo un elemento clave de las reformas necesarias para el modelo productivo español a corto plazo. El sindicalista critica, de hecho, la desvinculación que se hace de salario y productividad por parte de instituciones cómo el Banco de España. "Está muy bien situar la productividad como uno de los problemas del país, pero no sé cómo la misma institución combina esto con las bajadas del SMI". La subida salarial, según Álvarez, es imprescindible para crear empleo, y alerta a gobierno y empresarios de nuevas movilizaciones en caso de no aprobarse.