El Govern y los comunes han pactado sanciones de hasta 900.000 euros por infringir la Ley de Vivienda. El acuerdo incluye tres infracciones consideradas muy graves que pueden conllevar multas de entre 90.001 euros y 900.000 euros: establecer un precio de alquiler superior al 30% del que marca el índice de precios de referencia, no constar la finalidad del contrato o destinarla a una finalidad fraudulenta -como el alquiler de temporada-, y cargar los gastos de gestión a los inquilinos. El consejo ejecutivo tiene previsto aprobar el decreto del régimen sancionador este mismo martes, y que entre en vigor tan pronto como se publique en el DOGC, con la votación para la convalidación en el Parlamento en un mes.
La líder de los comunes en el Parlamento, Jéssica Albiach, y la diputada Susanna Segovia han explicado los detalles del acuerdo en una rueda de prensa desde la sede del Departamento de Territorio, después de reunirse con la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. Albiach ha destacado que se ha conseguido un "triple blindaje" con la modificación del artículo 45 de la Ley de vivienda de Catalunya de 2007 y que el decreto es una "herramienta imprescindible para hacer cumplir la ley y que hacer fraude no salga a cuenta".
Aparte de los tres supuestos muy graves, con sanciones que pueden llegar a los 900.000 euros, se han introducido tres nuevas sanciones en materia de protección de consumidores. En este caso, si se establece un precio de alquiler hasta un 30% por encima de lo que establece el índice de Precios de Referencia o que no se haya hecho constar en el contrato el índice, si el propietario es un gran tenedor, o el importe de la renta del contrato anterior, en el caso de un pequeño propietario, es decir, de cinco viviendas.
Paralelamente, Govern y comuns han acordado la modificación de la Ley del Código de Consumo para sancionar las prácticas abusivas por parte de los Agentes de la Propiedad Urbana o plataformas y sí, por ejemplo, se demuestra que han propuesto a los propietarios destinar su vivienda a alquiler temporal y no habitual. En este caso, las multas pueden llegar a los 100.000 euros, pueden ser acumulativas y se pueden sumar a las establecidas en el decreto que aprobará mañana el Govern. En los casos más graves, las sanciones pueden elevarse hasta el millón de euros.