El agua es un bien básico, indispensable y cada vez más escaso y preciado. Sus características -donde las garantías sanitarias son decisivas- la han mantenido hasta ahora fuera del alcance de la liberalización experimentada por otros suministros, como el gas, la electricidad o la telefonía. Se podría decir, por lo tanto, que se trata de un monopolio natural y, como tal, está en manos públicas. Se suele distinguir entre el aguaenalta -la captación y potabilización- y el aguaenbaja -la distribución final a hogares y empresas-. La alta es competencia de la Generalitat y la baja de los ayuntamientos. Aunque las administraciones siempre mantienen la titularidad y la responsabilidad última, el sector privado tiene una importancia relevante en este suministro -sobre todo, pero no exclusivamente- en el agua en baja. Por eso podemos hablar del negocio del agua.
Iniciativa privada vs. iniciativa real
Para entender el complejo mundo y protagonistas del suministro de agua, es necesario referirse al proceso histórico que nos ha llevado hasta aquí. Como en otros casos de servicios públicos -sanidad, prestaciones de desempleo y jubilación, educación- la sociedad catalana, más avanzada y por lo tanto más exigente que la española, buscó mecanismos para garantizar el suministro de agua a las familias y, sobre todo, a la incipiente industria. Por ello, en muchos lugares propietarios e industriales crearon canales, presas y... una red de abastecimiento de agua potable. Este modelo aún está vigente en varios municipios, como Igualada o Terrassa, este último hasta hace poco. En Madrid, en cambio, fue una iniciativa real la que decidió proveer de agua a la ciudad desde la Sierra a través del canal de Isabel II. Esta compañía, ahora en manos de la administración autonómica, es la encargada del ciclo completo del agua: captación, potabilización, distribución, alcantarillado y depuración.
El Ter llega a Barcelona
A mediados de los años 50, la ciudad de Barcelona se abastecía principalmente aún del antiguo Rec Comtal de origen medieval, del río Dosrius en el Maresme, y de unos cuantos pozos en la zona del Besòs (Badalona) y el Llobregat (El Prat). Además, las industrias, especialmente en Poblenou, se abastecían de pozos propios que explotaban el agua freática. El alcalde Porcioles vio que era necesario asegurar un caudal de agua suficiente para la ciudad y su entorno y convenció al Caudillo de hacer realidad un proyecto del que se venía hablando desde hacía décadas: llevar agua del Ter.
La conexión se hizo en la salida del sistema de embalses de Sau y Susqueda, con un contra embalse de apoyo en Amer, de donde era natural Porcioles -el Pasteral- y una planta de tratamiento y potabilización en Cardedeu. El agua comenzó a llegar en 1967. La infraestructura pertenecía al Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental. El agua debía abastecer a treinta municipios de Barcelona y la comarca, del Vallès Occidental -excepto Terrassa y Sabadell que ya tenían su propio suministro-, del Oriental y varios municipios del Maresme. La captación del Ter también suministró agua a Girona, Salt y la Costa Brava. La concesión a Barcelona y alrededores -8 m3 por segundo- equivalía a la mitad del caudal completo del río.
La captación del Ter también suministró agua a Girona, Salt y la Costa Brava
El agua del Ter llegaba -y sigue llegando- a unos depósitos en la Trinitat donde se creó una minicentral hidroeléctrica para abastecerse de energía para el bombeo de agua a diferentes puntos de la ciudad. Durante años, Badalona o los barrios del norte de Barcelona bebían agua de mucha más calidad que los que se abastecían de agua del Llobregat. Y es que, mientras tanto, AigüesdeBarcelona, heredera de la compañía belga -y luego francesa- que estaba encargada de distribuir el agua en la ciudad desde el siglo XIX, había realizado una captación en el Llobregat, con una planta potabilizadora en Sant Joan Despí. La antigüedad del servicio prestado hacía que no hubiera una concesión formal, un mecanismo de gestión que no se había regulado hasta 1925.
El minitransvase de Tarragona
Existen otros proveedores en alta. El más importante es el Consorci Aigües Tarragona, creado en 1981 para proveer de agua al área metropolitana del Campo de Tarragona, con sus industrias -especialmente la petroquímica y el turismo-. Es lo que popularmente se denominará minitransvase de Tarragona, impulsado por AlbertVilalta. Hasta que no llegó el agua del Ebro, Reus se abastecía del pantano de Riudecanyes y en los últimos tiempos solo tenía seis horas de agua al día. Tarragona lo hacía de unos pozos del Francolí, con elevada salinización.
Para vencer la eventual oposición de los regantes del delta del Ebro, se acordó revestir los canales tradicionales con hormigón, de manera que las pérdidas que dejaban de producirse compensarían el agua trasvasada a Tarragona, sin aumentar el volumen de agua históricamente concedido a los regantes. Por cierto, los grandes plataneros que contenían los antiguos taludes de tierra prensada se trasplantaron a la VilaOlímpicadeBarcelona. El Consorci de Tarragona es de mayoría pública, con pequeñas participaciones de las principales industrias consumidoras. La obra se autofinanció a cargo del canon que pagan los usuarios.
Gestión directa o concesión
Desde los años 90 ha habido un debate recurrente sobre si era necesario municipalizar la gestión directa del agua en baja. Mataró, Manresa, El Prat, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú son ejemplos de gestión directa municipal del agua. Incluso, sus empresas municipales se unieron para prestar asesoramiento a los municipios a los que vencía la concesión privada en baja del agua e intentaron acceder a los concursos de gestión, pero la normativa vigente se lo impidió.
La gestión directa permite tener un control más estricto de la distribución final del agua, cuyo titular es siempre el ayuntamiento. Entonces, depende de la calidad de esta gestión que, por razones de recursos propios y de personal especializado, habitualmente solo está al alcance de municipios grandes o medianos. El problema de las concesiones es que normalmente el municipio acaba desentendiéndose y no tiene a nadie lo suficientemente preparado para efectuar el imprescindible control de calidad del servicio que presta el concesionario. Por eso ahora nos encontramos, por ejemplo, con tantos problemas de fugas de agua en la red de distribución de muchos municipios: desde Badalona hasta todos los que tienen extensas redes para abastecer urbanizaciones alejadas del núcleo urbano. Las concesiones tan largas, de 30 a 75 años, favorecen el negocio de los privados, pero si no se han establecido suficientemente bien las contrapartidas -además del canon-, como inversiones en mantenimiento de redes o de depósitos, puede acabar en un desgobierno. También es necesario velar para que no haya comportamientos abusivos de las compañías concesionarias hacia los clientes y en las tarifas que se les repercute.
De la privatización de ATLL a MINA de Terraza
Hablábamos al principio del negocio del agua. Y, efectivamente, el suministro de agua es un negocio. Moderado, pero seguro, como todas las concesiones a largo plazo. Esto explica la gran mayoría de movimientos y conflictos de los últimos años para tomar el control de la actividad. Por un lado, la voluntad de Aigües de Barcelona de convertirse en el operador hegemónico -el principal ya lo es- en toda Catalunya. Así ha ido comprando las empresas privadas que gestionan -o gestionaban- el agua en baja, como en Sabadell o Terrassa.
En la reciente constitución de la empresa mixta entre Aigües de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona -para formalizar aquella concesión de facto de hace décadas- la compañía privada logró incluir la planta potabilizadora de Sant Joan Despí, es decir, una infraestructura en alta. La voluntad de expansión internacional de la compañía les exigía mantener la gestión -y el conocimiento que se deriva de ella- de una infraestructura en alta para poder presentarse al mundo como operador integral del ciclo del agua. La compañía mixta metropolitana también ha sido objeto de recursos de otros operadores en nombre de la libre competencia.
Por otro lado, el intento de penetrar en el mercado del agua en baja de nuevas compañías, la mayoría divisiones de servicios de las grandes constructoras, que así se aseguran las obras de mantenimiento y mejora de la red. Esta lucha por la hegemonía fue también el origen del conflicto en la privatización del consorcio de Aguas Ter-Llobregat. Cuando el consejero MasColell -decía que para pagar las nóminas a final de mes- decidió vender la concesión de las joyas de la corona, Tabasa y ATLL, se encontró con que Aigües de Barcelona le surgió un competidor más agresivo de la mano de Entrecanales (Acciona). A raíz de las prisas y los nervios del proceso de privatización, Aigües encontró un defecto en el procedimiento que hizo que el Supremo anulara la concesión a Acciona. Entonces, ya menos ahogados por las finanzas públicas, el Parlamento por unanimidad decidió no volver a abrir el melón de la privatización de la ATLL y ahora vuelve a ser pública. Entrecanales sigue luchando por el importe de la indemnización por la concesión fallida.
En menor escala, el fin de la concesión a los herederos del grupo de fabricantes que crearon MINAdeTerrassa -adquirida por Aigües de Barcelona- ha terminado con la gestión directa por parte del Ayuntamiento y el conflicto para determinar qué compensación se debía establecer para los antiguos gestores.
Conclusiones
En general, se puede decir que hay economías de escala relevantes en la gestión del agua y que con unos pliegos de condiciones bien preparados, unas concesiones no demasiado largas y un control constante por parte de personal cualificado del ayuntamiento, esta puede ser la opción más eficiente para gestionar el agua en baja.
Las empresas públicas, por su parte, no tienen que distribuir dividendos ni pagar impuestos por los beneficios, lo cual debería abaratar los costos de gestión. Sin embargo, un control público continuo y de calidad -sea con gestión propia o en concesión- se convierte en la clave para asegurar el mejor servicio al menor costo posible.