Pensábamos que era cosa de hace tiempo, pero lo que ha pasado con Credit Suisse ha vuelto a traer a primera línea los rescates bancarios. La crisis financiera de 2008 azotó duramente a las entidades financieras de España. Los problemas de solvencia y liquidez obligaron a varias cajas de ahorro y bancos a afrontar profundos procesos de reestructuración y la desaparición de varias entidades con un largo historial.
La primera caja de ahorros en ser rescatada fue la castellano-manchega CCM, en 2011. En los años siguientes fueron muchas más las entidades intervenidas por el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). España inyectó 58.000 millones de euros en el sistema bancario, según los datos facilitados por el FROB. Para ello tuvo que pedir 43.000 millones de euros a Europa, a través de la herramienta European Stability Mechanism (Mecanismo Europeo de Estabilización). Si en un primer momento el Gobierno de Mariano Rajoy dijo que el rescate no tendría coste para los ciudadanos, actualmente la factura es de 52.000 millones.
Creación de un mecanismo de criterio consensuado
España no fue el único Estado europeo que pidió el rescate para garantizar los depósitos de sus clientes. La huella de la crisis financiera de 2008 supuso un gran agujero para las administraciones públicas y las instituciones europeas extremaron la normativa para evitar que se repita. La unión bancaria europea, que entró en vigor en 2014, introdujo una nueva norma para gestionar las quiebras bancarias. Así, se constituyó el Mecanismo Único de Resolución EBM, con el objetivo de acordar un criterio común con el asunto de los bancos en quiebra y aumentar así la estabilidad del sector financiero.
Este mecanismo impuso a las entidades financieras nuevos requisitos de capital y solvencia mediante el ratio Minimum Required Eligible Liabilities (Pasivos Mínimos Admisibles Exigidos). El mecanismo tiene como objetivo que sean los inversores que hayan comprado acciones y bonos del banco ante una situación de quiebra quienes paguen el rescate.
Para ello estableció un orden de tres niveles. En primer lugar, se utilizará el capital de la entidad financiera y, en su caso, las reservas constituidas a través de beneficios de años anteriores. Este nivel se denomina CETI. El segundo eslabón lo ocupan los capitales adiciones Tier1, formado por los CoCo o bonos contingentes convertibles. Estos activos son una serie de tipos de deuda que se convierten en acciones si el ratio de capital de máxima calidad (CET 1) de los bancos desciende de una determinada cantidad. Tras ellos, en el tercer nivel, están los bonos subordinados. El último rescate en España fue el del Banco Popular, en 2017, y los inversores con acciones y activos de deuda perdieron su inversión. Posteriormente, el banco fue vendido al Banco Santander por un euro.
Diferente criterio con Credit Suisse
La normativa para el rescate bancario aprobada por Europa se ajusta al criterio adoptado a nivel internacional. Hace dos semanas, en la gestión de la quiebra del banco Credit Suisse, las autoridades suizas rechazaron el primer criterio y utilizaron directamente los CoCo o bonos contingentes convertibles para afrontar el rescate. Dicho rescate se acordó en un fin de semana para lanzar el mensaje de estabilidad en cuanto abrieran los mercados bursátiles del lunes. El mismo domingo, UBS anunció la compra de Credit Suisse y explicaron los detalles de la operación.
Los accionistas del banco habrían recibido más de 3.000 millones de euros, claramente por debajo del valor de 8.000 millones que tenía dos días antes en bolsa. Aquellos que tenían CoCos, en cambio, no vieron ni un solo céntimo. En aras de una rápida solución, las autoridades suizas abandonaron el orden habitual. Entre los que tenían bonos y que han perdido inversión hay dos firmas financieras internacionales muy conocidas, Pacific Investment Management Company (Pimco) e Invesco, siendo los principales dueños de CoCos de Credit Suisse.
Según los datos facilitados por Bloomberg, Pimco tenía 807 millones e Invesco 370 millones. El importe total de estos bonos ascendía a 16.200 millones de dólares y es probable que muchos inversores acudan a los tribunales. Se estima que el asunto tendrá un largo recorrido. Hoy por hoy, los despachos de abogados de los principales fondos de inversión han manifestado su intención de acceder a la vía judicial, arremetiendo tanto contra las autoridades suizas como contra UBS.
El mercado de Cocos está que arde
Lo ocurrido en Credit Suisse ha sembrado el pánico en los mercados de CoCos, ante la preocupación de que otros estados sigan la misma línea que emprendieron las autoridades suizas. Los bonos contingentes convertibles son activos de renta fija muy conocidos. Así, en 2023, la banca europea ha emitido más de 6.200 millones de euros a través de CoCo, más que en todo el 2022. Son bonos emitidos a perpetuidad en comparación con otros bonos sin vencimiento y que ofrecen rendimiento a su comprador.
Los CoCos tienen, sin embargo, una característica jurídica importante: si el emisor desciende de un determinado nivel de capital, se convierten en acciones. Por eso se les llama emisiones híbridas. Si todo va bien, los inversores recibirán un cupón, como cualquier tenedor de bonos. En situaciones extremas como la quiebra, los CoCos pueden suponer una pérdida total para el inversor. Estos activos arrojan una rentabilidad más alta que los bonos convencionales y tienen una gran aceptación entre los fondos de inversión y los inversores en general.
Según diversas estimaciones, el volumen de CoCos actualmente en circulación ronda los 150.000 millones de euros. Lo ocurrido en Suiza, por su parte, puso en jaque a los mercados, hundiendo los precios de estos activos y aumentando su volatilidad. Al día siguiente de conocerse la venta de Credit Suisse, las cotizaciones de CoCo de los bancos europeos en circulación registraron pérdidas superiores al 7%.
El BCE intenta tranquilizar a los mercados
Tratando de controlar el pánico que se extendía a toda velocidad, los tres principales organismos supervisores europeos hicieron, el mismo lunes, un llamamiento a la calma. El Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y la Comisión Única de Resolución constituida en el marco del Mecanismo Único de Resolución emitieron un comunicado conjunto en el que proclamaban que el sector bancario europeo es resistente.
Para calmar los mercados, también lanzaron un segundo mensaje: el mecanismo de resolución aprobado a raíz de la crisis financiera de 2008 establece claramente que son los accionistas y acreedores de los bancos con problemas por ese orden los que sufrirán pérdidas. Por tanto, los instrumentos de capital corriente -acciones- son los primeros en absorber pérdidas y sólo se utilizarán los CoCos una vez que hayan sido utilizados en su totalidad. Los inspectores quisieron destacar que este criterio se ha aplicado sistemáticamente en cuestiones anteriores y que así será en las siguientes.