En los últimos años, las propuestas más ambiciosas de la Generalitat de Catalunya han ido acompañadas de una etiqueta: "proyecto financiado con los fondos Next Generation". Se trata del recurso definitivo, una suerte de gallina de huevos de oro infinita que hace posible cualquier idea empresarial o inversión pública. Según el Govern, hoy ya se han beneficiado de este dinero 41.334 compañías catalanas, 82.079 autónomos y particulares, 1.538 entidades sin ánimo de lucro, 702 corporaciones locales, 327 centros de investigación y/o formación y otras 132 entidades. Es decir, prácticamente todo el mundo se ha llevado una porción de un pastel gigante que aterrizó en Catalunya con la intención de reactivar la economía después de la pandemia. Pero, ¿cuál es el balance tres años después?
Si miramos los datos, Catalunya va bien. Según la estimación del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), la economía catalana repuntó un 0,9% en el tercer trimestre del año y el aumento del PIB interanual se situó en en el 3,8%. En el Estado, la mejora del PIB es menor, pero igualmente destacada: un 3,4%. En cualquier caso, son datos porcentuales muy superiores a la media europea. En el Viejo Continente, el crecimiento trimestral fue del 0,7%, pero la economía atraviesa un momento delicado a causa de crisis como la que está sufriendo Alemania.
Nuestra recuperación también se observa en el mercado laboral. Catalunya cerró el pasado mes de octubre con un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social: 3.802.849 trabajadores, la cifra más alta en este periodo desde el 2007. Además, la tasa de paro se situó en 334.839 personas, 4.854 menos que hace un año. Todo hace pensar, pues, que la economía se ha enderezado después del batacazo de la covid-19. Entonces, ¿ha valido la pena movilizar tanto dinero con los fondos Next Generation? Sorprendentemente, la respuesta no es nada sencilla, a pesar de lo que dicen los principales indicadores económicos.
¿Qué son los Next Generation?
Antes que nada, conviene situarnos. ¿Qué son exactamente estos fondos? El verano del 2020, la Comisión Europea (CE) aprobó un paquete de 750.000 millones de euros a repartir entre los 27 países miembros. La idea era gestionar de forma conjunta la recuperación económica a raíz de la pandemia y, a la vez, usar el dinero para construir un futuro "más ecológico, digital y resiliente", tal y como indicó la CE.
Todo ello se distribuyó en dos principales ramas: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), dotado con 672.500 millones de euros, y los fondos React UE, que contemplan otros 47.500 millones de euros. El periodo de los préstamos se definió entre el 2021 y el 2026, con la idea que el reembolso de la deuda concluyera en 2058. Es decir, que sea la siguiente generación quien devuelva estos préstamos (de aquí el nombre). Aun así, también se emitieron los bonos verdes, con los cuales Europa pretende recuperar el 30% del dinero y financiar los gastos ecológicos subvencionables. Fuentes de la CE confirman a VIA Empresa que hasta noviembre de 2024 se han emitido 65.231 millones de euros en bonos verdes de NextGenerationEU.
"Sobre el papel, con los bonos verdes el inversor está dispuesto a renunciar a un poco de rentabilidad por el hecho de que sea verde, por eso tienen un precio ligeramente más alto que los normales", explica a este diario Jaume Puig, CEO y CIO de GVC Gaesco Gestión. Desde la CE remarcan que, hasta ahora, han atraído "un gran interés por parte de los inversores de todo Europa y del mundo", cosa que ha dado lugar a "unas condiciones de fijación de precios muy favorables". Por eso, el comisionado ya reconoce que la idea es "superar el 30%" del objetivo inicial si se mantiene la dinámica actual.
El paquete de ayudas europeas a España consta de 140.000 millones de euros divididos en dos importes: 70.000 millones a fondo perdido y hasta 70.000 millones en préstamos
Sin embargo, en cuanto a los Next Generation, el estado español fue el segundo máximo beneficiario de toda la comunidad europea, superado solo por Italia. En concreto, se aprobó un paquete de 140.000 millones de euros, el cual se dividió en dos importes: 70.000 millones a fondo perdido (no reembolsables) y hasta 70.000 millones en préstamos que han acabado siendo 93.000 millones. Para hacernos una idea de la dimensión, el total equivalía a aproximadamente el 12,5% del PIB español en 2020, el año en el que se concedió.
Una ayuda de estas características requería un informe a la altura. Por eso, el ejecutivo de Pedro Sánchez presentó en Bruselas el programa España Puede, con el cual fijó los cuatro ejes en los que invertiría este dinero: transición ecológica, cohesión territorial y social, digitalización e igualdad de género.
Catalunya, el gran captador de fondos...
De entre todas las comunidades del Estado, Catalunya es la que más fondos ha atraído. Hasta mediados de julio pasado se habían captado 8.075 millones de euros, por delante de Andalucía (6.994 millones) y Madrid (6.849 millones). Ahora bien, Andalucía fue el territorio que más dinero directo recibió por parte de la administración central: 4.168 millones más otros 1.881 millones del fondo React UE. En este ranking, Catalunya se sitúa segunda con un total de 3.973 millones más otros 1.706 millones de los React.
En nuestro territorio, la Agència per la Competitivitat de l'Empresa (Acció) se encarga de velar por que aquellas convocatorias que no están asignadas a un territorio se acaben concediendo a empresas catalanas. Compiten con el resto de comunidades autónomas, de forma que los más de 8.000 millones captados son síntoma de una buena gestión. "Algunas veces nos han felicitado o incluso nos han dicho que otras comunidades estaban copiando nuestro modelo", explica a VIA EmpresaXavier Elizondo, mánager de la oficina Next Generation de Acció.
Allí trabajan unas 10 personas. Su estructura de trabajo se basa en la difusión: en tres años se han hecho más de 150 ponencias donde han asistido unos 14.000 participantes. "Hacemos un análisis preliminar a cada empresa y les ayudamos a identificar qué convocatorias les interesan según su sector y tipología", apunta Elizondo. A continuación, solo queda esperar a una convocatoria adecuada. Acció dispone de un sistema de alertas que notifica automáticamente a cada compañía cada vez que se publica una subvención que pueda ser interesante.
... pese a las discrepancias con el gobierno español
A pesar del "balance positivo" y las buenas relaciones con el gobierno central en el ámbito técnico, desde la agencia muestran una gran disconformidad en cuanto a la gestión de los fondos. Un descontento que, aseguran, se extiende al Departament de Economia i Finances a causa del rol pasivo que se les ha impuesto desde el Estado. "No hemos podido diseñar utilizaciones concretas adecuadas en nuestro territorio y en nuestras empresas, todo se ha dirigido desde Madrid", denuncia Elizondo. Según fuentes implicadas, esta dinámica ha convertido a entidades como el Institut Català d'Energia (Icaen) en una "oficina de trámites". "Todo llega pautado, envían el dinero y la convocatoria y solo se tiene que traducir al catalán", añade Elizondo.
De hecho, las divergencias estadísticas entre el Estado y Catalunya han existido prácticamente desde el primer día. Mientras que el portal Elisa, del ejecutivo español, cifra en 3.974 millones de euros el importe asignado a la Generalitat, los datos de la administración catalana aumentan la cantidad a 3.995,3 millones. Aun así, el gran choque se encuentra en la tasa de resolución de las convocatorias: hasta el 30 de septiembre, España calcula que Catalunya había resuelto el 47,3% de las convocatorias publicadas. Es una de las cifras más pobres de todo el Estado, e incluso llegó a ser la más baja antes del verano. Por el contrario, el Govern sube la cantidad al 66,1%, es decir, 1.203,4 millones otorgados de los 2.033,4 millones disponibles a través de convocatorias ya publicadas (todavía no se ha movilizado todo el dinero concedido por el Estado). Ahora bien, estos datos están actualizados hasta el 31 de agosto por el ISNext, el informe de seguimiento que a priori publica la Generalitat cada mes, a pesar de que no se ha actualizado desde el verano.
Entonces, ¿quién tiene razón? Hay varios factores que explican este baile de cifras. Lo primero que hay que saber es que cada gobierno tiene sus fuentes propias, aunque hay algunas en común: son la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) que, junto con los diferentes ministerios y el software Sabi Informa, son las fuentes que consulta Madrid. Pero Catalunya añade más capas, como sus departamentos propios o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), entre otros.
Por otro lado, expertos como Xavier Elizondo apuntan al efecto capitalidad de Madrid como otro factor de peso. Y pone un ejemplo: el caso de Cemex. "Ellos quieren hacer su principal planta de cemento descarbonizada de Europa en Terres de l'Ebre. Pero Cemex tiene un CIF en Madrid. Entonces, ¿dónde contamos la convocatoria?", cuestiona. Situaciones como esta generan confusiones estadísticas continuas.
Puig: "Hay proyectos de biometano que, a causa de la burocracia, han requerido unos permisos que normalmente se dan en tres días y que actualmente están tardando cinco o seis meses"
Otras voces autorizadas como Xavier Roig, ingeniero y escritor, señalan las "contrarreparaciones" como un hándicap que ha empobrecido los datos catalanes. "Como tenemos una administración bastante ineficaz, gestionar una llegada tan tremenda de fondos tampoco es fácil", recuerda. Y es que la burocracia es otro elemento a considerar. En un contexto en el que Europa invita a reducir trámites, los Next Generation son el gran test para muchos gobiernos.
"Hay proyectos de biometano que han requerido de unos permisos de ciertos ayuntamientos que normalmente se dan en tres días y que actualmente están tardando cinco o seis meses", revela Jaume Puig. Igual que Roig, considera que la gestión catalana ha sido "buena, con matices" y reconoce la dificultad del reto. "Si se aboca mucho dinero en un periodo muy corto de tiempo y hay muchas opciones por donde apostar, las posibilidades de hacer inversiones equivocadas son altísimas", advierte. De hecho, explica que "hay muchos proyectos que están cayendo o que están muy verdes donde la gente ha metido mucho dinero y el resultado no ha sido el que se esperaba". Por este motivo, en el caso de los Next Generation, indica que "la ralentización que genera la burocracia puede tener un efecto positivo al gestionar el dinero".
Los PERTE en Catalunya: ¿dónde han ido a parar nuestros fondos Next Generation?
Cada una de las subvenciones proveniente de los Next Generation ha recibido el nombre de PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). "Si sumamos todos los PERTE hay 41.000 millones de euros, que es aproximadamente un 25% de los Next Generation en España", indica Elizondo. Y en Catalunya, ¿dónde se ha destinado el dinero? Según Acció, la industria ha sido la gran beneficiada a la hora de captar inversiones. La movilidad sostenible ha concentrado el 30% del total, mientras que los proyectos RD han representado el 29% (especialmente aquellos relacionados con la salud). El tercer sector es el de las telecomunicaciones con un 16%.
Pero si hablamos de industria, la automoción es la gran protagonista. Hace años que el proceso de electrificación ha acontecido el gran reto de un sector que concentra el 6,5% del PIB catalán. En este sentido, los Next Generation representaban una oportunidad de acelerar este proceso, pero la polémica ha acompañado desde el principio. La primera convocatoria de los PERTE VEC, la línea destinada a la automoción, contempló solo 877 millones de euros. El sector consideró la cifra una "ofensa" e incluso le costó el puesto de trabajo al secretario general de industria y pyme en el Estado, Raül Blanco. Hoy, ya vamos camino de la cuarta convocatoria y la dotación se ha disparado hasta más de 2.000 millones de euros, a pesar de que la siguiente será de 1.250 millones.
El CEO de Seat, Wayne Griffiths, dimitió como presidente de la patronal Anfac a causa de la "inacción del gobierno español con el proceso de electrificación"
Sin embargo, las tensiones no han desaparecido por el momento. El pasado 13 de junio, el CEO de Seat, Wayne Griffiths, dimitió como presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) a causa de la "inacción del gobierno español con el proceso de electrificación". En general, Seat se ha mostrado siempre como una de las principales voces críticas de la gestión de los fondos. "España tiene que mejorar la infraestructura pública de recarga y facilitar la compra de coches electrificados con un verdadero plan de incentivos fiscales que permita cobrar la ayuda en el momento de la compra", declaró un "decepcionado" Griffiths en el comunicado de su renuncia. Este diario intentó, sin éxito, contactar con Anfac para conocer el punto de vista actual de la entidad.
Y es que aún hoy la concesión de la ayuda económica del Programa Moves III continúa dilatándose hasta dos años después de la compra de un coche eléctrico. Una problemática que ya explicamos en VIA Empresa y que los Next Generation no han resuelto. Además, este incentivo se concede en bruto, de forma que el gobierno español puede recuperar parte de la ayuda europea a través de los impuestos. "En el resto de Europa, absolutamente en todos los países a excepción de la República Checa, se descuenta al vendedor. Es decir, en Francia, Alemania o Italia vas a comprar un coche y vale 35.000 euros menos 7.000, o sea, 28.000 euros, que es lo que pagas", destaca Roig.
Medidas como esta son las que Griffiths pide y no han llegado. Pero no son las únicas: los puntos de recarga de los vehículos eléctricos también constituyen una lucha contra el reloj. "No hay un plan, y se tendrá que hacer o se estará empezando a hacer, porque para 2026 la Unión Europea ha sacado una directiva que obliga a tener unos cargadores al menos cada 60 kilómetros", señala Roig. Para el experto, Francia es el gran modelo a seguir en este apartado, puesto que ha habilitado puntos de recarga en las gasolineras de las carreteras del país. Una circunstancia que no se está dando en Catalunya y el resto del Estado. "Todavía hoy, si quiero cargar rápidamente el coche en Sant Cugat, solo puedo ir al Viena o al Holiday Inn", lamenta.
Esta deficiencia también se ha observado en otros aspectos. El pasado verano, el secretario de fondos europeos, Miquel Puig, admitió que la modernización de la gestión del agua o la digitalización en el ámbito de la salud "no había ido muy bien". Además, anunció que el 70% de las convocatorias en el sector industrial no recibían ninguna solicitud, un hecho que también explica la baja concesión en muchos casos.
La digitalización de la pyme catalana: un éxito con matices
Uno de los impactos más positivos de los fondos se ha visto en el campo de la digitalización. Los PERTE han permitido acelerar una transformación en la que las pymes catalanas estaban muy atrasadas respecto a las europeas. "Es la ayuda a la digitalización más extraordinaria que se ha hecho nunca tanto en volumen como en facilidad de acceso", remarca Andreu Bru, director de soluciones TIC de Pimec. Y es que durante el proceso no se ha requerido ningún documento; simplemente se han pedido declaraciones responsables con datos fiscales de cada compañía de 50 o menos trabajadores. El organismo que ha regulado los kits, Red.es, ha actuado de oficio y ha recurrido a una veintena de bases de datos (Hacienda, Seguridad Social o Consejo Notarial, entre otros) para completar la información. "El papeleo era una barrera enorme", admite Bru.
Bru: "No puede ser que un autónomo que tiene capacidad de hacer 10 o 15 webs al año, de repente empiece a diseñar 80 en tres meses"
Ahora bien, la facilidad de concesión de las subvenciones ha tenido también efectos negativos. Uno de ellos es el sobreprecio de algunos proyectos. Dicho de otro modo, algunas páginas web no costaban los 2.000 euros que cubría la ayuda. "No puede ser que un autónomo que tiene capacidad de hacer 10 o 15 webs el año, de repente empiece a diseñar 80 en tres meses", critica Bru. El directivo de Pimec asegura que ha visto algunas "chapuzas brutales" que no costaban "ni 300 euros". Muchos de estos diseños han acabado tumbados por parte de Red.es, pero en ningún caso por un motivo estético. "Siempre ha sido por una razón fehaciente, ya sea porque no se han presentado documentos o porque no se han cumplido las condiciones", agrega Bru, que reconoce que la entidad reguladora ha aplicado unos criterios "demasiado exigentes y estrictos". Entre los requisitos, destacan la accesibilidad a personas con discapacidad visual, un mínimo de dos idiomas o la adaptación de los webs a los formatos de los dispositivos móviles.
Por este motivo, entidades como Pimec ejercen de guía para aquellas compañías que no saben cómo aplicar el kit digital. "Hemos ayudado a unas 3.000 empresas y autónomos a traducir con éxito el bono digital", calcula Bru. Lo han hecho a través de una Intranet exclusiva para socios en su sitio web. "No hacemos ninguna recomendación de compra, sino que permitimos que las empresas digitalizadoras que hay adheridas a la patronal puedan contactar con los beneficiarios a través de su ficha de empresa", matiza. Un trabajo que complementa las formaciones y seminarios web que Pimec organiza recurrentemente para formar a los negocios en materia de digitalización, poniendo énfasis en la factura electrónica.
Los 800.000 millones de Draghi: ¿estamos preparados para gestionar más ayudas?
A fecha del 30 de septiembre, el portal Elisa calcula que se han resuelto una media estatal de 57,5% de las convocatorias Next Generation. Cinco comunidades autónomas todavía no han llegado al 50% tres años después del inicio de las subvenciones. Además, España ha tenido problemas de transparencia a la hora de justificar su reparto del dinero. Hoy, en Bruselas están más tranquilos, aunque no quieren pronunciarse demasiado. "Los estados miembros ya están facilitando información sobre los 100 mayores beneficiarios", nos indican desde la CE.
A la vez, Europa afronta otras emergencias como por ejemplo el problema de competitividad. El informe que elaboró Mario Draghi proponía movilizar unos fondos de 800.000 millones de euros cada año para reactivar sectores estratégicos. Se trata de un volumen de dinero muy similar a los Next Generation (prácticamente idéntico, si nos ajustamos a los parámetros inflacionarios actuales). Todo ello, pues, nos deja una pregunta: ¿estamos preparados para gestionar más ayudas de estas dimensiones?
Algunos expertos como Xavier Roig no lo ven claro, debido a la falta de transferencia de conocimiento (knowledge transfer) en Catalunya. "A la Generalitat parece que le importa un pepino: cada vez que entra un nuevo Govern, cambian a 500 personas y se pierde el conocimiento", critica. Es aquello que se denomina sottogoverno. Roig cree que también sucede en España, a diferencia de otros grandes estados europeos como Italia o Francia. Allí, según el experto, los cambios no son del 100%, sino del 50% en la administración italiana y de entre el 12% y 13% en la francesa. "Con un gobierno conversado, no hay prácticamente cambios en otras estructuras", justifica Roig, que califica al estado español como una "piedra en el zapato" para Bruselas.
Finalmente, hay un último planteamiento a la pregunta. "El informe Draghi sería factible si hubiera un cambio total de orientación", analiza Jaume Puig. "Draghi nos dice de actuar y de emitir deuda con unidad, pero no es lo que está sucediendo a la práctica. Las emisiones comunitarias son mínimas y evidentemente que tendría que haber más, pero estamos muy lejos de llegar a esto porque los países no lo quieren", añade. Este es un hecho a valorar, dado que el dinero que propone movilizar Draghi no es de las mismas características que los fondos Next Generation, los cuales muchos de ellos consistían en subvenciones a fondo perdido para los estados del sur.
Propuestas como el kit digital incluyen encuestas dos años después de recibir la ayuda, con la intención de calcular si la financiación ha servido o no para mejorar lo que había
Tres años después, el impacto de los Next Generation todavía es una verdadera incógnita. Si hablamos de plazos, el ritmo actual no era el esperado por parte de los diferentes gobiernos autonómicos y estatal, y quizás no sea suficiente para llegar al 100% antes de agosto del 2026, que es el plazo máximo marcado por la CE. Pero el éxito de este fondo de recuperación no se mide por el ritmo de concesiones, sino por el éxito de los proyectos financiados. Propuestas como el kit digital incluyen encuestas dos años después de recibir la ayuda, con la intención de calcular si la financiación ha servido o no para mejorar lo que había. Hoy por hoy es temprano para poder articular una respuesta razonable; en el puzzle de los Next Generation todavía hay piezas que no han salido siquiera de la caja.