Hemos seguido de cerca la actuación de algunas compañías para trasladar al mercado la reducción del IVA a cero de los productos de primera necesidad y del 10 al 5%, los aceites y las pastas. Las pequeñas tiendas y los autónomos llegarán a tiempo de trasladar los nuevos precios más adelante. Muchas grandes empresas se han tomado su tiempo, por si un caso, y no han querido aplicarlos en espera de la ratificación de la norma por el Senado o que el efecto se diluya. Otros, como Mercadona, nos consta que han pagado bastantes horas extra a los equipos de trabajo en plenas fiestas para cambiar precio a precio los lineales para cumplir de este modo la norma desde el primer momento.
Una vez sancionada la ley, el gobierno no ha manifestado todavía cómo la hará cumplir. Es tiempo de equilibrios. Por un lado, la carne y el pescado han quedado aparte de las rebajas del impuesto, no sabemos por qué. Por otra, el gobierno revalora las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, e implanta ayudas directas a los agricultores por valor de 300 millones de euros para compensar el aumento de los costes de producción.
Justo es decir que llevamos unos años de reducción del peso de la carne y del pescado, junto con el pan, dentro de la cesta de los productos frescos. En ambos casos, se está desplomando: la carne, en los seis últimos años, hasta los 46 kilos de media, quedando muy por debajo de la media europea; la excepción es la carne de ave, la charcutería y la carne seca, que son contracíclicas. El pescado, si descontamos que en 2020 repuntó, la bajada lleva diez años, consumiéndose 23 kilos por persona y año; lógicamente el pescado congelado muestra la tendencia contraria dentro de la partida. Las familias se decantan cada vez más por la simplificación del número de productos y por el poco interés por las innovaciones, refugiándose en los productos básicos (Aecoc Shopperview, 2022).
Desde hace años el peso de la carne y del pescado, junto con el pan, se ha reducido dentro de la cesta de los productos frescos
La razón que aduce el gobierno para segregar estos dos productos es porque considera favorable a las economías más débiles una discriminación impositiva. Pero, esto no se podrá comprobar. ¿Por qué? Al analizar la composición de la cesta de la compra, se observa que la carne representa el 7% del volumen y el pescado, el 3,6%, por un 17% del lácteo, el 14,4% de la fruta fresca, el 9,1% de las hortalizas, o el 1,8% los aceites (MAPA, 2021). No es cuestión pues ni de mayor ni de menor peso dentro del conjunto de productos. Más bien creemos que una vez se rompió el diálogo con el sector alimentario al no prosperar las conversaciones con la vicepresidenta Yolanda Díaz que quería una cesta alimentaria básica de precio reducido por el tiempo de crisis, la exclusión de estos dos productos parece más una decisión de parte que no un criterio razonable. En cualquier caso, no parece que acabe teniendo excesiva incidencia durante los seis meses que durará provisionalmente la medida. Los sectores de la carne y de la pesca se muestran decepcionados. Es comprensible. Pero creemos que en una tabla de negociación, aunque no se llegue a resultados de máximos, esta cuestión hubiera podido tratarse fácilmente.
Leyes y cumplimiento de las normas
A los clientes ahora les preocupa el cumplimiento de la norma, tanto la del 4% al 0% (artículos de primera necesidad), como la del 10% al 5% (aceites y pastas). Unos hacen los deberes inmediatamente, otros no son capaces y muchos están a la espera. ¿A la espera de qué, nos preguntamos? Somos un país de muchas leyes y de demasiados pocos cumplimientos. La producción legislativa está a la altura de la mayoría de los países del entorno, pero la capacidad de ser aplicadas nos distingue. Algunos utilizan las motivaciones políticas contra la diversidad de legislaciones entre las autonomías, cuando son habas contadas; otros usan subterfugios para retrasar la aplicación a la espera que un nuevo gobierno las modifique; unos terceros, desde el sector de los fabricantes y de los distribuidores, se cuelgan y no tienen prisa para tomar las decisiones; unos últimos aprovechan las subidas de precios, por los motivos que sea, para incrementarlos pero los manejan para mantenerlos o aumentarlos cuando hay condiciones para bajarlos. Por desgracia, todo el que resbala se acaba ensartando; pero no todo el que sube baja inmediatamente.
Somos un país de muchas leyes y de demasiados pocos cumplimientos
A la hora de construir los precios, se requiere toda la transparencia del mundo para traducir el impacto de los costes, de los impuestos y de los márgenes de toda la cadena de suministro. Los veinte años de era low cost han espoleado los precios a la baja, hecho que ha democratizado muchos productos, pero ha introducido a la hora un vicio: el precio final no es la resultante de toda esta estructura sino que se diluye reapareciendo como algo errático, banal, líquido, que se puede modificar, subir o bajar, sin criterio. Está claro que el precio es un elemento de marketing. Dicho esto, se impone una ética en su manejo para evitar que las rebajas permanentes e indiscriminadas y la sobreabundancia de la producción escondan su directa relación con el valor de cada cosa.
Aunque los pequeños comercios y los autónomos no tengan estructura suficiente para traducir inmediatamente las incidencias de los factores productivos a los precios, tienen que buscar la dimensión adecuada -vía crecimiento o asociada- para hacerlo posible, si no quieren ser barridos todavía más con la constante reducción de sus márgenes. Los grandes pueden compensar, ellos, no.
Uno de los factores principales para comprar presencialmente y virtualmente es la confianza. Aparte de cumplir con la ley, que es un criterio ético, mejorarla o recuperarla son argumentos para traducir inmediatamente la reducción del IVA a los precios finales.