Los desastres que hemos visto en Valencia estas últimas semanas son una evidencia más de la imperiosa necesidad de reaccionar y tomar partido en la gestión de las consecuencias climáticas. Después de las terribles pérdidas humanas, materiales y morales que han llevado las inundaciones causadas por la DANA, se han (re)descubierto dos verdades que, hasta ahora, habíamos dado por sentadas: necesitamos repensar nuestra relación con la naturaleza, y tenemos que buscar estructuras para gobernarnos de manera holística para evitar los posibles desastres futuros.
El concepto de pacto o contrato social ha sido, durante siglos, una propuesta filosófica destinada a justificar la necesidad de un acuerdo colectivo para garantizar el bienestar y la supervivencia de las personas que conviven en un mismo territorio. Con la incorporación de nuevos retos compartidos a la agenda actual, hay que replantear estos pactos sociales para integrar nuevas problemáticas y perspectivas. Los recursos naturales esenciales —como el agua, el aire, el fuego y la tierra— son hoy elementos clave para asegurar el bienestar colectivo que el contrato social original pretendía garantizar. No se puede gobernar sin considerar el entorno, y la desconexión con el medio ambiente durante décadas ha tenido consecuencias severas.
En este contexto de crisis ambiental, los pactos hidrosociales emergen como una vía para mejorar la gestión del agua, especialmente en ámbitos rurales, donde las crisis hídricas son cada vez más graves. Para evitar que la situación se deteriore y ofrecer soluciones sólidas, es fundamental entender y abordar los factores que afectan cada caso concreto. Sin embargo, esta tarea requiere más que una simple comprensión: necesitamos acciones adaptadas y a largo plazo. No podemos continuar respondiendo solo con medidas de emergencia; hace falta una estrategia que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada grupo social y territorio. Una de las pocas buenas noticias que hemos recibido estos días es que el Govern catalán ha impulsado una revisión y creación de los planes de protección civil en todos los municipios de Catalunya en un margen máximo de dos años, así como una revisión de todas las zonas inundables y una actualización de los mapas de riesgo y delimitación de las áreas más vulnerables por parte de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Medidas que tendrían que estar al orden del día, pero que a veces solo somos capaces de priorizar ante hechos terribles como los que hemos vivido estos días.
Un pacto hidrosocial es un acuerdo fundacional entre las partes interesadas de un territorio, en el que se establece un compromiso común sobre el uso y la gestión del agua, un bien natural vital
Un pacto hidrosocial es un acuerdo fundacional entre las partes interesadas de un territorio, en el que se establece un compromiso común sobre el uso y la gestión del agua, un bien natural vital. Estos pactos ofrecen líneas de acción y coordenadas para guiar la colaboración colectiva en materia hídrica. En este sentido, todos los actores implicados tienen que comprometerse a cumplir los objetivos comunes, para superar las crisis hídricas e incrementar la resiliencia de los sistemas de agua ante las proyecciones futuras poco esperanzadoras.
Con el objetivo de garantizar el servicio público, es necesario que el Govern lidere estos compromisos, con la complicidad de todas las otras partes. Los valores, las responsabilidades y los mecanismos de estos pactos pueden variar según el contexto, pero es esencial que sean debatidos conjuntamente para establecer un espacio de decisión integrado por los principales agentes del territorio. Esto permitiría decidir y deliberar de manera democrática sobre las actuaciones ante conflictos hídricos lentos en el mundo rural. No hay manera de hablar de la crisis del agua sin entender que es un problema compartido, que irá a más, y por el cual hay que estar preparado.
Durante mucho tiempo hemos dado la espalda a la naturaleza, pensándonos que podíamos domesticarla a nuestro libre albedrío, que éramos superiores a ella. Estos días, a las malas, hemos visto que no es así. El agua se encuentra injustamente distribuida, incomprendida y mal gestionada mientras persiste como uno de los recursos más esenciales de la vida humana. Aun así, por la naturalidad que hemos adoptado respecto a su disponibilidad, no le damos la importancia necesaria ni emprendemos medidas para preservarla, valorarla ni cuidarla. Así, cuando la disponibilidad de agua en una zona disminuye a causa de la sequía o aumenta de forma descontrolada por inundaciones, no hay una movilización efectiva de los actores clave hasta que se llega a un punto crítico.
Hasta ahora, gobernar el agua no ha sido una prioridad en muchas agendas, y su mala gobernanza ha conducido a graves desigualdades de poder y acceso desigual en todo el mundo
Las crisis del agua son un ejemplo claro de las crisis lentas, puesto que empiezan de manera casi imperceptible, pero, a medida que erosionan y calan en el territorio, pueden dar pie a grandes catástrofes. Hasta ahora, gobernar el agua no ha sido una prioridad en muchas agendas, y su mala gobernanza ha conducido a graves desigualdades de poder y acceso desigual en todo el mundo. Si bien los retos del cambio climático provocados por el calentamiento global aumentarán en los próximos años, es importante construir sistemas resilientes que permitan tanto a las sociedades como a los ecosistemas establecer dinámicas sostenibles, sobre todo si hablamos de recursos tan altamente esenciales para la supervivencia humana.
* Este artículo es resultado del nuevo estudio elaborado por su misma autora, Ariadna Romans i Torrent, «Mujeres y sequía en la Catalunya rural. Una perspectiva feminista», fruto de la Beca de Estudios Feministas Natividad Yarza 2023.