Uno de los objetivos compartidos por las diferentes administraciones en los últimos años ha sido la armonización del sistema de cotización de los autónomos. Adaptar el marco legislativo de este tipo de trabajadores a la realidad del mercado laboral no es un objetivo fácil. En el Estado, la última referencia que tenemos es la reforma que introdujo el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del gobierno español en 2023, la cual previó cambios progresivos en los 15 tramos que irán cambiando cada curso, con una revisión del sistema cada tres años. Aún tendremos que esperar hasta 2026 para que se lleve a cabo este primer repaso, pero, ¿qué hay que saber de cara a 2025 en clave fiscal?
Principalmente, las cuotas mensuales según ingresos reales irán desde 200 a 590 euros. Asimismo, se mantendrá la tarifa plana de 80 euros para aquellos que inicien su primer año como autónomos y se extenderá a un segundo año si el rendimiento del trabajador no supera el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI). Ahora bien, el ejecutivo español sí que ha reducido la carga impositiva en los tres primeros tramos y ha congelado los tres siguientes. Lo compensará, sin embargo, aumentando la cuota de los nueve rendimientos más altos.
Estas modificaciones se reevaluarán en 2026 en un encuentro entre el gobierno y los agentes sociales. En esta reunión se estudiará el impacto de las variaciones introducidas a lo largo de los tres años y se diseñará otro plan trienal que encaje con la realidad del mercado laboral y que a su vez haga sostenible el modelo. Eso sí, es poco probable que se invierta la tendencia actual de compensar una cuota más baja a los más desfavorecidos con un gravamen más duro a los ingresos más elevados.
¿Qué está sucediendo con la factura electrónica?
Desde hace un tiempo, la factura electrónica está muy presente en el tejido autónomo. Está impulsada por la Ley Crea y Crece, aprobada por el gobierno español a finales de 2022, la cual planteaba introducir la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas por parte de las empresas y autónomos, entre otras cosas. La idea era digitalizar las relaciones empresariales (B2B) y hacerlas más transparentes. Es decir, la medida excluye la relación directa entre autónomo / empresa y cliente (B2C). El formato de la factura deberá ser de datos estructurados y no se admitirán otros como Word, PDF o Excel.
Desde el momento de la aprobación de la normativa, pymes y autónomos tendrán dos años para implementar la factura electrónica o se enfrentarán a sanciones de hasta 10.000 euros
Por ahora, se prevé que 2025 sea el año en que se apruebe definitivamente la normativa. De esta manera, las empresas con una facturación que supere los ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse al nuevo marco legal. En el caso de autónomos, pymes y el resto de empresas se dará un plazo de dos años, es decir, se estima que 2027 sea la fecha máxima de implementación de la factura electrónica, siempre y cuando se apruebe este año. En caso de incumplir los plazos marcados por el gobierno español, los autónomos se enfrentarán a sanciones de hasta 10.000 euros.
Por esta razón, algunas entidades como Pimec ya están organizando formaciones y seminarios web de manera recurrente para formar a los negocios en materia de digitalización. Estos cursos han servido para entender cómo aplicar la factura electrónica o bien cómo solicitar ayudas como los fondos Next Generation.
CaixaBank, al lado de los autónomos
En este 2025 de tantos cambios para los autónomos, resulta indispensable disponer de un partner que asesore sobre la nueva realidad financiera del país. Un buen socio no solo permite adelantarse a posibles problemáticas, sino que puede ayudar a entender qué hay detrás de cada marco regulador. Y a la hora de adquirir este conocimiento, los bancos son de los mejores aliados, ya que disponen de toda la información al instante.
De hecho, algunas entidades como CaixaBank han apostado por aclarar un panorama plagado de interrogantes a través de servicios y productos. Si hablamos del primero, entre otras cosas, el banco catalán ha ampliado su programa Día a Día y ha facilitado que los autónomos tengan un acceso gratuito a los principales servicios financieros. Son uno de los principales beneficiados de esta bonificación que entró en vigor el 1 de enero y que afectó de una vez a 300.000 clientes de la entidad. En total, ya hay 14 millones de afiliados exentos de pagar comisiones por operaciones.
Los autónomos forman parte de una de las líneas maestras de CaixaBank. Más allá del Día a Día, ofrecen otros servicios operativos como sus soluciones de comercio electrónico. Este ámbito se distribuye en dos ramas: los Addon Payments, que ayudan a controlar, facilitar y gestionar los pagos de las tiendas en línea; y el Social Commerce, que permite poner a la venta un producto o servicio al instante a través de las redes sociales. Es decir, no es necesario diseñar ninguna página web, ya que este servicio incluye un sistema de seguridad 3DSecure, diferentes modalidades de pago e incluso la posibilidad de anunciarse.
Por otro lado, también presentan unos de los servicios más ágiles y diversos del mercado en cuanto a los TPV. El abono de las ventas se efectúa a primera hora de cada día (8 h), mientras que los clientes tampoco tienen que preocuparse demasiado: aceptan seis tipos de tarjetas (Visa, MasterCard, American Express, Maestro, JCB y China Union Pay), además de la conocida tecnología contactless.
Además, CaixaBank dispone de cuatro verticales orientados al sector de los negocios y que también atiende las necesidades de los autónomos: Food&Drinks, para el sector de restauración; Pharma, especializado en farmacias; FeelGood, para todos los negocios relacionados con la salud y el bienestar; y comunidades de propietarios, que gestiona las particularidades de esta tipología de clientes. A través de las 70 oficinas Store Negocios y de 2.500 gestores especializados, el banco ofrece un servicio personalizado al grueso de sus clientes que pertenecen a alguna de estas cuatro categorías.