Las patronales de la automoción, la siderurgia, la refinería, el papel, la química y farmacia, la alimentación, el cemento y las materias primas minerales se han unido para reclamar que la nueva ley de industria incorpore un fondo de financiación para impulsar la competitividad, que debería ascender a los 2.500 millones al año. En un comunicado, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que representa el 60% del producto industrial bruto estatal, considera que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el martes es "positivo" pero "no define lo esencial", que consideran que es definir "cómo se articularán los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización" que consideran que requiere el Estado.
Las empresas industriales adheridas a la Alianza forman parte de las patronales de la automoción Anfac y Sernauto, de la siderurgia Unesdid, de la refinería Aop, del papel Aspapel, de la química y farmacia Feique, de alimentación FIAB, del cemento Oficement y de materias primas minerales Primigea.
Para la Alianza, el propósito de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España es positivo, pero se corre el riesgo de que "quede en meras intenciones" si no se concreta la debida instrumentalización de los recursos a través de un fondo y sin determinar los plazos.
Para la Alianza, el propósito de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España es positivo, pero se corre el riesgo de que "quede en meras intenciones"
En esta línea, exigen articular un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dé continuidad al proceso emprendido estos años con los PERTE. "Según nuestras estimaciones, este fondo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que se podría garantizar la competitividad de los activos industriales estratégicos de España", subraya Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.
Las empresas adheridas creen que la articulación de recursos financieros debe sentar las bases para trabajar en enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria. Además, reclaman que las enmiendas al texto cuenten "con el máximo consenso" durante el trámite.