Hoteleros, comerciantes, patronales y sindicatos han expresado su rechazo ante los actos violentos que ha habido esta semana en Barcelona, después de que se conociera la sentencia del procés. Los más contundentes han sido Foment del Treball, que ha reclamado a la Generalitat una "rectificación urgente" y "responsabilidad". La patronal considera que el gobierno de QuimTorra ha "alentado las movilizaciones, las protestas ciudadanas y la ocupación de infraestructuras estratégicas", cuando "tiene el deber y la obligación de preservar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de los servicios públicos".
"Representa una extrema contradicción que deriva en la confrontación entre manifestantes y los cuerpos de seguridad", ha criticado la actuación del Govern la organización presidida por Josep Sánchez Llibre. Todo esto, opinan a través de un comunicado, constituye un "riesgo de romper el clima de convivencia y tolerancia". Para evitarlo, continúa Foment, "es urgente y necesario corregir esta anomalía y que sus máximos responsables rectifiquen desde el más escrupuloso respecto a la legalidad". En cambio, Foment ha destacado el trabajo de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil para "preservar la orden".
En la misma línea, el Consell de Gremis de los sectores comercial, turístico y de servicios, pide "responsabilidad" no sólo a los representantes públicos, sino también a la ciudadanía. "La imagen de Catalunya al exterior ha de transmitir la sociedad madura y abierta que somos", añaden en un comunicado.
La imagen de Barcelona
Los hoteleros han destacado el impacto que pueden tener las imágenes de violencia en la actividad turística. "Las imágenes de los incidentes son especialmente perjudiciales para la reputación que proyecta la ciudad al mundo", según el Gremi d'Hotels de Barcelona. Alertan de que pueden derivar en una "afectación grave" directa sobre la actividad turística y hotelera.
La asociación de apartamentos turísticos de Barcelona Apartur también condena "frontalmente" el vandalismo. En un comunicado, ha calificado de "caos" la situación vivida en las calles de la ciudad estas últimas noches y considera que tiene un impacto "muy negativo" en la imagen internacional de la ciudad.
La asociación de comerciantes Barcelona Oberta también cree que "la difusión de la revuelta, quema de contenedores y objetos de mobiliario urbano malogra profundamente la imagen" de la ciudad hacia el mundo. Creen que los resultados del último trimestre del año de los sectores turístico y comercial estarán afectados, "como ya pasó hace dos años", después del 1 de octubre. De hecho, consideran que las "consecuencias de las movilizaciones, paradas de tráfico y acciones vandálicas" han causado "un descenso importante de la actividad comercial y turística".
Otra asociación de comerciantes, Retailcat -que incluye a Barcelona Oberta, Cecot Comerç, Comertia y la Fundació Comerç- ha afirmado que "el comercio forma parte de la vida de las calles y barrios de las ciudades catalanas. Vemos con preocupación, igual que los vecinos y vecinas, el desenlace violento e incívico de las manifestaciones de estos últimos días en muchas ciudades catalanas".
Derecho de manifestación
Otra asociación de comerciantes, Barcelona Comerç, ha expresado su "absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, venga de donde venga". Aún así, ha defendido la "libertad de manifestación y de opinión" y ha reiterado su "desacuerdo" con la sentencia del Tribunal Supremo. Considera que "aleja de la respuesta política" y que hace falta "normalidad social e institucional para garantizar el desarrollo económico" de la ciudad.
La patronal de Terrassa Cecot ha querido destacar "que las manifestaciones de protesta y de libertad de expresión, que son totalmente legítimas, no pueden justificar nunca actuaciones violentas con graves consecuencias para la convivencia. La Cecot pide que las mobilizaciones sean siempre pacíficas". La entidad se ha dirigido a los dirigentes políticos y les ha pedido "profesionalidad y responsabilidad hacia la ciudadanía y las empresas".
PIMEC también ha rechazado los actos vandálicos que se han producido el martes y miércoles en la capital catalana. A través de su filial de comercio, ha defendido el "libre derecho a manifestación, en el marco de una respuesta cívica y pacífica, pero rechaza toda actuación de carácter violento que atente contra la integridad de los establecimientos comerciales o impidan su normal funcionamiento". Además, ha recalcado que no se posiciona en contra de las movilizaciones pacíficas contra la sentencia, sino de las "acciones lideradas por grupos reducidos".
Movilizaciones sociales
Los sindicatos mayoritarios también han rechazado y condenado "todo tipo de violencia". Tanto CCOO como UGT creen que la violencia "alimenta la confrontación" y "genera más violencia". El sindicato encabezado por Javier Pacheco ha anunciado que organizará conjuntamente con entidades sociales "de base transversal" todas las movilizaciones que tengan como objetivo defender "los derechos, la libertad, el diálogo y la justicia social".
Por su parte, UGT ha defendido que la respuesta al "legítimo derecho" de las protestas "no puede ser de ninguna forma policial ni atentar contra el derecho de manifestación". Además, han hecho un llamamiento a la ciudadanía "a mantener el tono pacífico y cívico de las movilizaciones que ha caracterizado desde el inicio la respuesta del conjunto de la sociedad catalana al proceso".